¡El libro que Juan Manuel Abal Medina (secretario de la Gestión Pública) nunca pudo conseguir!
CLARIN - ZONA – DOMINGO 14/05/2000 LIBROS
En busca del Estado amigable
Por MABEL THWAITES REY
Las miradas que usualmente se dirigen a la administración pública son, por un lado, las de los sufridos ciudadanos usuarios de los servicios que prestan las oficinas públicas, que anhelan la eliminación de los laberintos burocráticos. Por el otro lado, desde las alturas de las conducciones gubernamentales, la administración suele ser concebida como una variable a ajustar en el proceso de reforma del Estado. Ambas están condicionadas por cierto estereotipo de la burocracia, que hace de los empleados públicos un conjunto de ineficientes y aprovechadores que viven a costa del dinero de todos. La perspectiva de los propios agentes públicos, en cambio, se hace presente casi exclusivamente en los reclamos gremiales, pero no es común encontrar análisis que profundicen sobre sus condiciones laborales.
En este contexto, “Violencias en la administración pública. Casos y miradas para pensar la Administración Pública Nacional como ámbito laboral”, de la socióloga y especialista en planificación y gestión de políticas sociales Diana Scialpi, pone en primer plano, de manera original y apasionada, las desventuras cotidianas y silenciadas de los que padecen la burocracia desde adentro: los propios trabajadores de la administración pública, víctimas de innumerables formas de violencia y maltrato de parte de los funcionarios que se suceden en la conducción estatal y por las incoherencias del propio sistema.
El libro está basado en las experiencias reales de administrativos, técnicos, profesionales o especialistas, de planta permanente o contratados, y da cuenta de violencias tales como la violación abierta de las normas vigentes; los criterios irracionales de selección de personal; los concursos espurios; los sumarios injustificados; la discriminación política o ideológica; los sistemas de capacitación con “clientela cautiva”, que además de no proveer conocimientos apropiados para desempeño de las tareas concretas desalientan la formación jerarquizada en ámbitos externos a la propia administración; las evaluaciones de personal no en función de los méritos reales sino de la disponibilidad de “cupos” en las distintas categorías, distribuidos arbitrariamente por los jefes de turno; la multiplicidad de escalafones y normativas; los “premios” salariales decididos discrecionalmente; la infrautilización de las capacidades intelectuales y laborales individuales; el hacinamiento; el acoso sexual; la falta de respuesta ante los reclamos.
La obra se divide en tres partes. En la primera se aclara la metodología específica utilizada en el tratamiento y análisis de la temática en cuestión, que amalgama creativamente el aporte de distintas disciplinas. En la segunda se detallan ejemplos en una secuencia que involucra 30 casos particulares y se destacan como variable los efectos nocivos que la violencia institucional tiene sobre la salud de los trabajadores. En la tercera parte se realizan propuestas que invitan a “pensar para modificar” los cursos de acción en el Estado.
Contra todos los prejuicios , el valioso estudio de campo realizado por Scialpi pone de manifiesto una situación que durante años permaneció bajo la sombra del poder: la íntima relación que existe entre violencia administrativa, sufrimiento personal y calidad de servicio público. Como señala la autora, no es posible sanear una institución si constantemente se mutilan los sentimientos de sus miembros. Ni es atinado decidir por decreto que los funcionarios deben ser corteses y amables en su relación con el público si ellos mismos son sometidos a humillación y maltrato. Ni es posible lograr un compromiso activo con la tarea encomendada si no se valoriza el trabajo de quien lo realiza. Ni tampoco es factible que se logre una fuerte motivación del personal hacia los cambios, si quienes tienen la misión “política” de impulsarlos desconocen el ámbito que deben conducir, desconfían de sus subordinados y confrontan injustificadamente con ellos.
La obra de Scialpi constituye un aporte invalorable, no sólo para los expertos y los propios afectados por la violencia de la administración sino para el común de los ciudadanos, que encontrará aquí no una justificación o un panegírico de los empleados públicos sino un retrato descarnado de sus condiciones de vida y trabajo. Y también su lectura le será de gran provecho a los funcionarios públicos que se sientan comprometidos con la ímproba tarea de construir un “Estado amigable”.
CLARIN - ZONA – DOMINGO 14/05/2000 LIBROS
En busca del Estado amigable
Por MABEL THWAITES REY
Las miradas que usualmente se dirigen a la administración pública son, por un lado, las de los sufridos ciudadanos usuarios de los servicios que prestan las oficinas públicas, que anhelan la eliminación de los laberintos burocráticos. Por el otro lado, desde las alturas de las conducciones gubernamentales, la administración suele ser concebida como una variable a ajustar en el proceso de reforma del Estado. Ambas están condicionadas por cierto estereotipo de la burocracia, que hace de los empleados públicos un conjunto de ineficientes y aprovechadores que viven a costa del dinero de todos. La perspectiva de los propios agentes públicos, en cambio, se hace presente casi exclusivamente en los reclamos gremiales, pero no es común encontrar análisis que profundicen sobre sus condiciones laborales.
En este contexto, “Violencias en la administración pública. Casos y miradas para pensar la Administración Pública Nacional como ámbito laboral”, de la socióloga y especialista en planificación y gestión de políticas sociales Diana Scialpi, pone en primer plano, de manera original y apasionada, las desventuras cotidianas y silenciadas de los que padecen la burocracia desde adentro: los propios trabajadores de la administración pública, víctimas de innumerables formas de violencia y maltrato de parte de los funcionarios que se suceden en la conducción estatal y por las incoherencias del propio sistema.
El libro está basado en las experiencias reales de administrativos, técnicos, profesionales o especialistas, de planta permanente o contratados, y da cuenta de violencias tales como la violación abierta de las normas vigentes; los criterios irracionales de selección de personal; los concursos espurios; los sumarios injustificados; la discriminación política o ideológica; los sistemas de capacitación con “clientela cautiva”, que además de no proveer conocimientos apropiados para desempeño de las tareas concretas desalientan la formación jerarquizada en ámbitos externos a la propia administración; las evaluaciones de personal no en función de los méritos reales sino de la disponibilidad de “cupos” en las distintas categorías, distribuidos arbitrariamente por los jefes de turno; la multiplicidad de escalafones y normativas; los “premios” salariales decididos discrecionalmente; la infrautilización de las capacidades intelectuales y laborales individuales; el hacinamiento; el acoso sexual; la falta de respuesta ante los reclamos.
La obra se divide en tres partes. En la primera se aclara la metodología específica utilizada en el tratamiento y análisis de la temática en cuestión, que amalgama creativamente el aporte de distintas disciplinas. En la segunda se detallan ejemplos en una secuencia que involucra 30 casos particulares y se destacan como variable los efectos nocivos que la violencia institucional tiene sobre la salud de los trabajadores. En la tercera parte se realizan propuestas que invitan a “pensar para modificar” los cursos de acción en el Estado.
Contra todos los prejuicios , el valioso estudio de campo realizado por Scialpi pone de manifiesto una situación que durante años permaneció bajo la sombra del poder: la íntima relación que existe entre violencia administrativa, sufrimiento personal y calidad de servicio público. Como señala la autora, no es posible sanear una institución si constantemente se mutilan los sentimientos de sus miembros. Ni es atinado decidir por decreto que los funcionarios deben ser corteses y amables en su relación con el público si ellos mismos son sometidos a humillación y maltrato. Ni es posible lograr un compromiso activo con la tarea encomendada si no se valoriza el trabajo de quien lo realiza. Ni tampoco es factible que se logre una fuerte motivación del personal hacia los cambios, si quienes tienen la misión “política” de impulsarlos desconocen el ámbito que deben conducir, desconfían de sus subordinados y confrontan injustificadamente con ellos.
La obra de Scialpi constituye un aporte invalorable, no sólo para los expertos y los propios afectados por la violencia de la administración sino para el común de los ciudadanos, que encontrará aquí no una justificación o un panegírico de los empleados públicos sino un retrato descarnado de sus condiciones de vida y trabajo. Y también su lectura le será de gran provecho a los funcionarios públicos que se sientan comprometidos con la ímproba tarea de construir un “Estado amigable”.
Atrás! Atrás! Atrás!
Por Maximiliano Montenegro
(...) La socióloga Diana Scialpi, funcionaria de carrera, subordinada de Rodolfo Terragno en la Jefatura de Gabinete, acaba de publicar un libro titulado “Violencias en la administración pública”. En él, aborda historias reales de trabajadores de la administración pública, que “sufren el maltrato y la violencia que ejercen los funcionarios públicos y vigorizan otros actores sociales de este sector público”.
Así, pasa revista a las siguientes formas de “violencia” e “injusticia”, guiadas por lealtades políticas o de amistad:
* Criterios irracionales de selección de personal.
* Concursos “espurios”.
* Sumarios injustificados.
* Sistema de capacitación con clientela cautiva y desaliento a la excelencia profesional mediante criterios perversos de equivalencia para la capacitación externa.
* Evaluaciones de personal con “cupos”: cada uno tiene para distribuir un número determinado de calificaciones (excelente, bueno, regular, malo).
* Sobresueldos a los “acomodados” distribuidos “a criterio del jefe político”, en lo que en la jerga técnica se denominan “unidades retributivas”.
* Infrautilización de capacidades individuales y hacinamiento laboral, que llevan a los empleados a implementar diversas “estrategias para abandonar el lugar de trabajo”: desde tomar cursos de capacitación innecesarios y vender ropa en el propio ámbito oficial, hasta “marcar entrada para salir” después a atender alguna otra ocupación privada, desempeñarla desde la propia oficina pública, o directamente pasar partes de enfermedad.
Scialpi también denuncia las “escandalosas desigualdades salariales, aún para agentes que deben ser graduados universitarios y desarrollan funciones similares, pero pertenecen a escalafones distintos”. En este sentido, describe lo siguiente:
* En base a la Dirección Nacional de Estudios e Investigaciones, existen 64 regímenes escalafonarios diferentes, es decir, “64 reglas de juego distintas para los empleados públicos”. Pero sólo 4 de esos regímenes reúne al 56 por ciento de los puestos. Los 60 escalafones restantes son “incontrolables modalidades remunerativas”, con las que se beneficia una elite de funcionarios.
* Existe un pequeño número de posiciones clave, constituidas por los 465 “cargos en función ejecutiva” o “cargos críticos”. Muchos de estos cargos –dice Scialpi– fueron cubiertos por “concursos espurios”. A este grupo se suma un “Cuerpo de Administradores Gubernamentales” (son 200 en total), creado por la anterior gestión radical, con funciones de asesoría, que “se autoevalúan y promueven”. En ambos casos, la escala salarial parte de los 3.500 pesos, pudiendo superar cómodamente los 6.000 pesos. Además, cuentan con un régimen excepcional de licencias y beneficios. Los 3.500 pesos que para este grupo es piso salarial es techo para los oficiales del SINAPA (Sistema Nacional de la Profesión Administrativa), creado por Menem.
* Una red paralela de consultores y personal contratado, cofinanciados con el BID y Banco Mundial: son alrededor de 5000. “Su creciente importancia crea problemas de equidad, discriminación, dobles lealtades entre funcionarios políticos y de planta y trastornos en las actividades rutinarias”, aseguran los expertos.
* Las dificultades para remover a quienes ocupan los “cargos críticos”, han creado “otras nuevas capas de burocracia de elite”, porque la manera más fácil de “congelarlos” es creando una nueva estructura para el funcionario que se desea nombrar. Con lo cual existen “cargos duplicados, triplicados y direcciones colegiadas de gestión sin objetivos específicos reales” (...)
(...) La socióloga Diana Scialpi, funcionaria de carrera, subordinada de Rodolfo Terragno en la Jefatura de Gabinete, acaba de publicar un libro titulado “Violencias en la administración pública”. En él, aborda historias reales de trabajadores de la administración pública, que “sufren el maltrato y la violencia que ejercen los funcionarios públicos y vigorizan otros actores sociales de este sector público”.
Así, pasa revista a las siguientes formas de “violencia” e “injusticia”, guiadas por lealtades políticas o de amistad:
* Criterios irracionales de selección de personal.
* Concursos “espurios”.
* Sumarios injustificados.
* Sistema de capacitación con clientela cautiva y desaliento a la excelencia profesional mediante criterios perversos de equivalencia para la capacitación externa.
* Evaluaciones de personal con “cupos”: cada uno tiene para distribuir un número determinado de calificaciones (excelente, bueno, regular, malo).
* Sobresueldos a los “acomodados” distribuidos “a criterio del jefe político”, en lo que en la jerga técnica se denominan “unidades retributivas”.
* Infrautilización de capacidades individuales y hacinamiento laboral, que llevan a los empleados a implementar diversas “estrategias para abandonar el lugar de trabajo”: desde tomar cursos de capacitación innecesarios y vender ropa en el propio ámbito oficial, hasta “marcar entrada para salir” después a atender alguna otra ocupación privada, desempeñarla desde la propia oficina pública, o directamente pasar partes de enfermedad.
Scialpi también denuncia las “escandalosas desigualdades salariales, aún para agentes que deben ser graduados universitarios y desarrollan funciones similares, pero pertenecen a escalafones distintos”. En este sentido, describe lo siguiente:
* En base a la Dirección Nacional de Estudios e Investigaciones, existen 64 regímenes escalafonarios diferentes, es decir, “64 reglas de juego distintas para los empleados públicos”. Pero sólo 4 de esos regímenes reúne al 56 por ciento de los puestos. Los 60 escalafones restantes son “incontrolables modalidades remunerativas”, con las que se beneficia una elite de funcionarios.
* Existe un pequeño número de posiciones clave, constituidas por los 465 “cargos en función ejecutiva” o “cargos críticos”. Muchos de estos cargos –dice Scialpi– fueron cubiertos por “concursos espurios”. A este grupo se suma un “Cuerpo de Administradores Gubernamentales” (son 200 en total), creado por la anterior gestión radical, con funciones de asesoría, que “se autoevalúan y promueven”. En ambos casos, la escala salarial parte de los 3.500 pesos, pudiendo superar cómodamente los 6.000 pesos. Además, cuentan con un régimen excepcional de licencias y beneficios. Los 3.500 pesos que para este grupo es piso salarial es techo para los oficiales del SINAPA (Sistema Nacional de la Profesión Administrativa), creado por Menem.
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* Las dificultades para remover a quienes ocupan los “cargos críticos”, han creado “otras nuevas capas de burocracia de elite”, porque la manera más fácil de “congelarlos” es creando una nueva estructura para el funcionario que se desea nombrar. Con lo cual existen “cargos duplicados, triplicados y direcciones colegiadas de gestión sin objetivos específicos reales” (...)
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En los últimos años el Estado volvió a intervenir en la economía, pero con un plantel de empleados públicos deshilachado, que perdió a sus mejores profesionales y sin incentivos. Es como ir a la guerra con un ejército desarmado. Según la Cepal, Argentina es el país de América latina que menos gasta en sus agentes. En Estados Unidos, el 17 por ciento de los ciudadanos son empleados públicos; en Inglaterra, el 12; en Brasil, el 8, y aquí sólo el 5. Por Roberto Navarro.
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