Juez Oyarbide & Cia: verguenza nacional

La malicia y la hijaputez del juez Norberto Oyarbide ya resultan indiscutibles. Su personaje es una verguenza para el país. Un mediocre que se cree superior a los demás y vive de los ciudadanos. Cuanta hipocresía alrededor, también: muchos cínicos o indolentes suelen repetirnos que cualquiera tiene derecho a preservar su vida privada, olvidando que la de los magistrados debe ser coherente con la alta responsabilidad que la sociedad les confiere. Este tipo está totalmente desequilibrado y aún así tiene en sus manos la justicia de miles de seres humanos. A quienes ponen burdas excusas para protegerlo -por hijaputez o por ignorancia- me gustaría preguntarles si desearían que sus derechos o los de sus hijos sean juzgados por este inescrupuloso, que ha transitado prostíbulos vestido de soldado romano y protege delincuentes que le pagan mensualidades.

No le preguntaría, claro, a la presidente Cristina Kirchner, a los funcionarios de su gobierno y a los políticos funcionales a esta decadencia republicana porqué aún lo sostienen: lo entiendo perfectamente, están construyendo la impunidad que proteja su propio futuro, después de haberles robado el futuro a los pobres de la Argentina. Pero sí le preguntaría a los militantes de La Cámpora y a los kirchneristas de buena fe, que cuestión ética enarbolan sostienen para proteger a Oyarbide de un nuevo juicio político o mantenerlo en el poder. No tienen verguenza. Horanosaurus.

PD: Gils Carbó, Freiler, Justicia Legítima y siguen las firmas. Con estos inescrupulosos nuestro país no tiene futuro. Como unos perfectos idiotas, los argentinos le seguimos pagando su jubilación. Y la clase política inepta y acomodaticia que  nos representa no hace nada para terminar con esta corrupción en la justicia.

Oyarbide: como en “Sodoma y Gomorra”

Por Elisa Carrió. Buenos Aires, 17 de marzo de 2014. Oyarbide es un juez menemista a ultranza, designado, protegido e instrumento de lo peor de la policía federal: manejo de prostíbulos, coimas, aprietes en la city etc.

"En el año 1997, es decir hace casi 16 años, le pedí juicio político por cohecho agravado en un expediente donde estaba comprobado que Garbellano, pedía coimas a nombre del juez. Fue tal el escándalo que logramos que la cámara de diputados lo acusara por unanimidad y me designaran acusadora ante el Senado, pero la influencia decisiva del entonces senador Corach, ministro del interior y después jefe de gabinete, en los medios hizo que ningún periodista o canal, siguiera el proceso ante el Senado. Hay que entender que los funcionarios a cargo de la seguridad, en ese tiempo, Ministerio del Interior o Jefatura de Gabinete, recibían una porción de dinero de una parte de la Policía Federal, en ese tiempo era un señor comisario de apellido Rosa, al que el senador Pichetto defendía con uñas y dientes. Cuando me enfrenté con Oyarbide en el senado, sin que ningún senador asistiera (oficialista u opositor), Oyarbide con un rosario en la mano me aseguraba que confiaba en Dios y que iba a ser absuelto. En realidad no se trataba de Dios, sino del senador Corach, que logró que todo el PJ lo protegiera para que éste no delatara que el dinero que conseguían a través de las extorciones, también era repartido con la Policía federal y el poder de turno.

Ahora el camporismo paró la avanzada porque si Oyarbide habla, caen todos. A tal punto esto es así que el señor juez, con el que tengo una enemistad manifiesta, se motorizaba hace un tiempo en un auto concedido por el ministro Aníbal Fernandez. Ojala que San Miguel Arcangel, lo haga hablar.

La señora Kirchner es cómplice absoluta porque en el año 97 despotricaba contra Oyarbide, eso era su época de transparencia y republicanismo, pero cuando Oyarbiede empezó a darles impunidad por el enriquecimiento ilícito, obvio, lo protegió, tanto como su marido.

Hoy no tengo interés en sumarme a la lista de acusadores y lo que me maravilla es que haya tantos! Gracias a Dios dejo de ser denunciante y miro riéndome, como en “Sodoma y Gomorra”, todos terminan embarrándose. Esto me da tiempo para pensar en la reconstrucción de la Argentina, cuando los delincuentes uno a uno caigan al precipicio de sus propias inconductas.

Es cierto que el Senado usó la caída de las torres gemelas para absolverlo de culpa y cargo, pero también en cierto que en ese tiempo ni políticos ni periodistas querían ocuparse ni entrometerse con la famosa Policía Federal y Corach, salvo una honorable excepción: Daniel Santoro (periodista).

Triste papel el de los chicos de la Cámpora, teniendo que defender a un ostentoso delincuente impune; que sus conciencias se lo demanden. Seguramente Greppi tiene mucho que esconder y que lavar. Y está bien que llore Zannini, porque se abrió un agujero grande profundo en sus propios negocios oscuros.  Es gracioso, en el kirchnerismo, lloran en público y roban en privado.

 

Oyarbide, una vergüenza y un peligro

Las graves irregularidades denunciadas por la Sala I de la Cámara Federal provocan sospechas sobre los verdaderos propósitos del juez federal. Editorial, La Nación 08/11/13.

Su Señoría, apto para todo servicio

Por Jorge Lanata. Clarín 15/03/14. La escena transcurre en Bice, un restaurant fundado en Milán en 1926, que ya lleva veinte años en Puerto Madero. El grupo de periodistas no superaba las diez personas, con algunas caras conocidas: gente de la radio y la televisión. El restaurant hizo un breve silencio cuando entraron buscando su mesa. Cuando, a los pocos minutos, entró el juez con su pareja, pasó inadvertido (....)

Si estas no son coimas, ¿las coimas dónde están?

Clarín 15/03/14. Por Ricardo Roa. ¿Es tanto y tan grande lo que le deben o tienen que ocultar que no pueden dejar que el nuevo escándalo de Oyarbide sea investigado como Dios manda? La que salió a la luz esta semana es otra historia de coimas con tres personajes. El propio juez y dos desconocidos: Liuzzi, mano derecha de la mano derecha de Cristina Kirchner (Zannini), y Greppi, quien se presentacomo dueño de una mutual, aunque las mutuales no tienen dueño, con nombre de remedio o de ONG: Propyme, que manejaba y maneja una montaña de plata (....)

Una biografía judicial

El nuevo libro del periodista Daniel Santoro ("Sr. Juez") se centra en la discutida figura del juez Norberto Oyarbide. Por Hugo Alconada Mon. ADN La Nación 06/05/11.

"Es inevitable que haya escándalos; pero ¡ay de quien los provoca!" La máxima, del 21 de abril de 1997, no podría cuadrar mejor con su autor, Norberto Oyarbide, acaso el juez más conocido del país y, sin duda, el que arrastra más escándalos, videos explosivos y denuncias en su contra durante los últimos 15 años. Sobreviviente de mil batallas -siempre gracias al poder político de turno a cambio de posteriores favores judiciales incofesables-, Oyarbide ejemplifica cuán surrealista puede ser el Poder Judicial argentino, donde tantas veces valen más los contactos y el dinero que cualquier ideario de justicia.

Daniel Santoro así lo expone en “Sr. Juez. Una biografía judicial de Norberto Oyarbide”. Con un ritmo ágil y preciso, el laureado editor y periodista de investigación del diario Clarín relata los orígenes humildes del "señor juez", su paulatino ascenso en los tribunales y sus oscuras alianzas con proxenetas, policías, políticos y espías para amasar dinero, contactos y poder. En suma, impunidad. Santoro lo logra tras sortear un escollo considerable a la hora de redactar la biografía de Oyarbide, como es su homosexualidad, lo que podría haberle reportado acusaciones de homofobia. Pero no es el caso del autor, que disipa ese riesgo al repudiar toda visión "cavernícola" al respecto, como calificó el comentario denigrante vertido por un ex funcionario de los años 90. Para eso, Santoro también se apoya en las palabras y las acciones de Oyarbide, quien varias veces expuso a la luz lo más íntimo de su vida privada y, a diferencia de la mayoría de sus colegas, se ubicó a sí mismo en situaciones de extrema debilidad y dependencia de terceros que luego cobraron sus favores en su juzgado de Comodoro Py.

El libro permite conocer detalles desconocidos u olvidados de su trayectoria. Entre ellos, cómo dio protección a cambio de dinero, según testimonios judiciales, a varios proxenetas desde que era secretario de un juzgado correccional en el que tramitaban las investigaciones que los afectaban. O cómo amenazó en público al recepcionista de un restaurante. O de cómo lo salvaron los senadores justicialistas del juicio político la noche del 11 de septiembre de 2001, mientras el resto del mundo contemplaba azorado los restos humeantes de las Torres Gemelas.

Apadrinado por la Policía Federal, impulsado por Jorge y Hugo Anzorreguy -este último, jefe de la SIDE durante el menemismo-, y protegido una y otra vez por el menemismo y el kirchnerismo en los 43 juicios políticos iniciados en su contra, el libro muestra cómo la trayectoria de Oyarbide se opone de manera dramática a la dignidad del entonces fiscal general Norberto Quantín, que combatió desde la institución contra la corrupción judicial.

Santoro aprovecha ese contraste entre Oyarbide y Quantín y sus colaboradores -conocidos como "los centauros"- para potenciar su relato. Y lo logra, con creces. Como cuando desnuda las dos velocidades que, una y otra vez, el juez le imprime a sus pesquisas, según le convenga a ciertos intereses u operadores, como el auditor general de la AGN, Javier Fernández.

Acaso la "biografía judicial" de Oyarbide pudo ahondar más sobre una de sus facetas más censurables: su notoria evolución patrimonial. Santoro avanza por esa senda, pero no termina de profundizar, más allá de rescatar testimonios valiosos, como el del dueño de Spartacus, que acusó al juez de cobrar no menos de 40.000 dólares por mes de distintos proxenetas, además de otros 250.000 dólares del dueño del Hard Rock Café de Recoleta. Testimonio que concluyó, vale aclarar, en otra vía muerta judicial.

Respetado por su enorme capacidad de trabajo y querido por su equipo, Santoro también cita a un camarista que destaca la "excelente" labor de Oyarbide cuando se trata de expedientes "comunes" o de drogas. "El problema para él es el diez por ciento de las causas que involucran a gobiernos. Ahí está su talón de Aquiles", planteó su superior. En rigor, ése es el flanco débil de la mayoría de los jueces y fiscales que trabaja en Comodoro Py. Es una debilidad sistémica de la Justicia argentina. La única diferencia es que esa mayoría es menos llamativa, más silenciosa -más hipócrita- que Oyarbide, pero también menos vulnerable.

"Oyarbide -evaluó Quantín ante la consulta para el libro- es parte de un sistema perverso que funciona entre jueces y políticos que se van debiendo favores recíprocos y eso evita, a la larga que se haga justicia." Eso, en suma, es lo que Santoro deja en evidencia. Oyarbide es apenas el ejemplo más manifiesto de ese sistema.

PD: el chiste "Oyar-bidet" es de un blog de Perfil.com cuyo link no pude ya encontrar para citar.

BONUS TRACK 1

Un juez que se aferró al sillón

Clarín 27/02/16. Por Nicolás Pizzi.

En diciembre, anunció con bombos y platillos que se iba para esquivar la catarata de denuncias en el Consejo de la Magistratura. Hábil como pocos, Oyarbide se anticipó al nuevo gobierno, que pretendía sacarlo como una señal positiva para “depurar” el fuero federal. Mauricio Macri nunca le va a perdonar el procesamiento por las escuchas. Luego de escuchar a los emisarios del juez, el Gobierno le aprobó la jubilación de manera exprés. Pero la feria judicial de enero lo hizo reflexionar. Ahora Oyarbide se aferró al sillón. Y trata de mandar señales para ganar tiempo. La primera fue el procesamiento de Amado Boudou por el caso de dádivas. El fallo sorprendió mucho al ex vicepresidente, que sigue mascullando bronca. “Gordo, quedate tranquilo que en esta (causa) te saco bien”, le dijo Oyarbide el día que le tomó la indagatoria. En el Gobierno todavía esperan una señal positiva del excéntrico magistrado. La sensación en Comodoro Py es bien distinta: “Se dio cuenta que no renuncia nadie y ahora está tratando de sumar puntos para quedarse”, razonó uno de sus colegas que no lo quiere. ¿Aguantará?

Oyarbide no debería escapar del juicio político

El miedo del magistrado a su destitución lo obligó a presentar la renuncia, que el Gobierno no tendría que aceptarle para que continúe su enjuiciamiento. Editorial La Nación 09/04/16.

El tristemente famoso juez federal Norberto Oyarbide ha presentado su renuncia para acogerse a la jubilación. Obviamente, lo hizo por miedo a que prosperara el fundado juicio político que se le sustanciaba en el Consejo de la Magistratura por haber interrumpido un allanamiento a pedido del anterior gobierno.

Como hemos afirmado en esta columna en más de una oportunidad, es de lamentar que el presidente de la Nación, según se informó ayer, le aceptaría la renuncia, con lo cual cesa el juicio político y el juez se irá tranquilamente a su casa en vez de ser destituido por mal desempeño.

Si bien hay varios jueces federales cuestionables, ninguno alcanzó, hasta ahora, los niveles de abyección a los que llegó Oyarbide, hasta convertirse en la patética caricatura de lo que debe ser un juez. Algo similar expresó ayer el ministro de Justicia al sostener que este magistrado fue "funcional" a todos los gobiernos.

Esa funcionalidad le permitió escapar de más de 40 pedidos de juicio político, algunos en estado avanzado y en los cuales las pruebas en su contra por mal desempeño eran apabullantes. Así, los senadores menemistas aprovecharon la caída de las Torres Gemelas de Nueva York para arrojarle el salvavidas.

Tras virar al kirchnerismo, éste retribuyó los favores del juez maniobrando en su beneficio en el Consejo de la Magistratura. Protección a cambio de impunidad , tanto para el juez como para los Kirchner.

Si el Poder Ejecutivo acepta la renuncia de Oyarbide, es cierto que al fin se logrará lo que varios defensores de la Justicia han tratado hasta ahora en vano: que cese como juez federal. Desgraciadamente, como dijimos, el costo será que Oyarbide habrá evitado su potencial remoción y conservará una jubilación magnífica, que poquísimos argentinos reciben. Se habrá burlado una vez más de la ley y de la ética judicial. Se reirá de todos los ciudadanos y será un pésimo ejemplo para todos los corruptos, empezando por muchos de sus pares.

Si, en cambio, el Poder Ejecutivo rechaza la renuncia de este pésimo magistrado, seguirá de-sempeñando el cargo, con todo lo malo que eso implica, y sólo la sana y creciente ola de presión ciudadana podría asegurar que el Consejo de la Magistratura pueda reunir los nueve votos que se necesitan para someterlo a juicio político y que el tribunal de enjuiciamiento en definitiva lo condene a ser removido.

Es un dilema extremadamente difícil, entre dos opciones que tienen aspectos malos, buenos y riesgos inevitables, pero en éste y otros casos similares siempre hemos sostenido que no debe aceptarse la renuncia. Entre otras razones, por el nefasto antecedente que se establece.

No hay que olvidar que el propio presidente Mauricio Macri fue una de las víctimas de Oyarbide, que instruyó la muy cuestionada causa en la que fue procesado por interceptaciones telefónicas, aunque recientemente fue sobreseído.

En ninguna circunstancia debiera aceptarse la renuncia de este escandaloso magistrado. Es muy difícil que ese gesto no sea entendido como otro impulso para consagrar la impunidad. De aceptarla, el Poder Ejecutivo debería ordenar una profunda investigación para definir si Oyarbide ha cometido delitos y, de ser así, lo denuncie judicialmente para que su conducta sea sometida a un profundo escrutinio, porque la renuncia no protege al juez de sus eventuales responsabilidades penales y, si existieron, es obligación del gobierno y del Ministerio Público demostrar a la Argentina que los delincuentes, sean quienes fueren, están bajo el imperio de la ley y no sobre ella.

Lamentablemente, quienes tendrían que juzgarlo son sus mismos pares, que hasta ahora lo han protegido. Varios jueces de primera instancia de la justicia federal penal de la Capital han sabido protegerse entre sí, elaborando y ejecutando varias estratagemas legales. Entre éstas estuvo la de denunciarse para luego absolverse entre ellos mismos, intentando borrar con el principio de la cosa juzgada sus oscuros procederes del pasado.

El ocaso de Oyarbide debería marcar el comienzo de una etapa de profundo cambio en la justicia federal.

Los idiotas festejan al dañino después de su renuncia.

BONUS TRACK 2: Freiler, otro aprendiz de rata-humana...

Freiler, una mancha para toda la Justicia

El juicio político a un magistrado que se ha caracterizado por su escandalosa arbitrariedad y su inexplicado enriquecimiento debe concluir con su remoción. Editorial La Nación 20/09/19.

Aunque debería causar gracia, lo cierto es que indigna la reacción del camarista federal Eduardo Freiler luego de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, para su sometimiento a un juicio político que tendría que haber comenzado hace mucho y concluido con su remoción debido a su enriquecimiento injustificado.

El magistrado consideró que esas medidas, adoptadas por el Consejo cuando el bloque opositor se vio impedido de contar con el voto del consejero Ruperto Godoy en virtud de un pronunciamiento judicial que lo excluyó de ese cuerpo por no contar con el título de abogado, las impulsó el Presidente y que constituyen "un disciplinamiento para los jueces" y algo "muy preocupante para la democracia".

Resulta inconcebible que justamente uno de los más connotados representantes de un sector del Poder Judicial adicto al kirchnerismo se queje de un supuesto "disciplinamiento" de los jueces, cuando fue ese régimen el que llevó esa práctica a un extremo nunca visto, como cuando intentó imponer una reforma en el Consejo de la Magistratura para poder manejar ese organismo a su antojo o mediante la ley de subrogancias dirigida a poner a dedo jueces afines en juzgados sensibles, iniciativas ambas que afortunadamente fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. Si hay alguien en la justicia federal que sabe en qué consiste el disciplinamiento judicial es precisamente Freiler.

Que el oficialismo en el Consejo de la Magistratura aprovechara en un plenario su mayoría circunstancial derivada de la demora en la jura de un nuevo consejero para reemplazar al removido por la Justicia no es susceptible de reproche legal alguno, y pudo haber sido anticipado por la oposición en el Consejo de haber actuado con diligencia, de manera tal que no puede calificarse como una irregularidad, y mucho menos como un delito, como también pretendió Freiler al sostener que intentará que se declare nula la sesión y se inicie una causa penal a los consejeros que votaron en su contra.

De hecho, en la primera sesión del Consejo posterior a la que decidió su enjuiciamiento y suspensión, se aprobó el acta del plenario anterior con nueve votos, incluyendo el de un consejero opositor y la abstención del senador Juan Mario Pais, que reemplazó al excluido Godoy, y que además no formuló objeción alguna por no haber podido participar de dicha sesión.

La que, en cambio, merece un severo reproche fue la actitud obstruccionista que le permitió durante demasiado tiempo al kirchnerismo valerse de sus consejeros afines en el Consejo para salvar al insalvable Freiler, pese a las demoledoras evidencias de su enriquecimiento ilícito y su mal desempeño. Se buscó así por todos los medios tratar de salvarlo no por lo que valía como juez, sino como fiel soldado del kirchnerismo, en un claro mensaje dirigido a intentar por este medio ejercer el disciplinamiento de otros jueces.

Como integrante de la Cámara Federal, ese magistrado prestó su firma para sacar de ese fuero el caso Skanska, que tanto comprometía al anterior gobierno. Más que un juez, Freiler ha sido un operador caracterizado por sus escandalosas y arbitrarias resoluciones, y sobre él pesa, además, una fuerte acusación de enriquecimiento ilícito en una causa en la que fue descaradamente beneficiado por sus pares. El juez no pudo justificar su patrimonio, que incluye caballos de carrera, campos, una mansión en Olivos, un departamento en Pinamar, automóviles de colección, un yate y una financiera en sociedad con Carla Lago, ex esposa de Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo. En fuentes judiciales, Alfredo Lijo es considerado el principal gestor judicial del ex ministro Julio De Vido en los tribunales federales.

En la causa por enriquecimiento ilícito actuó el fiscal Ramiro González, integrante de la cátedra de Freiler. Sin disponer peritajes, el juez Marcelo Martínez de Giorgi lo sobreseyó. La esposa de Martínez de Giorgi, Ana María Juan, es secretaria en la sala de la Cámara Federal de Freiler. Su marido y el fiscal González tendrían que haberse excusado.

Y ahora, aunque cueste creerlo, el abogado Ricardo Monner Sans, que fue el denunciante en aquella causa que tan disciplinadamente manejaron Martínez de Giorgi y González, puso al descubierto que ese dúo actuó de nuevo en otra causa contra Freiler que promovió el propio Monner Sans, cuando también deberían haberse excusado. Todo sea por Freiler.

Pero lo cierto es que el juicio político ya comenzó y Freiler ha presentado su descargo y ofrecido sus pruebas y sus testigos ante el jurado de enjuiciamiento para intentar refutar las apabullantes pruebas en su contra, que giran en torno de las graves inconsistencias en sus declaraciones juradas, que no permiten justificar con sus ingresos como juez su ostentoso nivel de vida y la adquisición de los bienes muebles e inmuebles mencionados.

Como una muestra de su desparpajo, en su primer descargo ante el Consejo no vaciló en tratar de justificar la compra del lujoso inmueble en Olivos a un precio que no guarda relación alguna con su valor de mercado, aduciendo que había hecho "un buen negocio" al sacar provecho de la difícil situación de la parte vendedora.

También intentó explicar el incumplimiento de sus obligaciones tributarias por elevados montos con el insólito argumento de que tenía el derecho a "priorizar el destino de sus ingresos, relegando eventualmente al fisco y favoreciendo a otros acreedores u otras erogaciones, suntuarias o no", en un inconcebible ejemplo de desvío de conducta de parte de un magistrado hacia los contribuyentes que con esfuerzo cumplen puntualmente con sus obligaciones frente al fisco. Es por todas estas razones que se le reprochan inhabilidad moral y conducta impropia de un juez como causales del mal desempeño que habilita su remoción.

Por si todo lo anterior fuera poco, cabe traer a colación que, en forma paralela al tribunal de enjuiciamiento ya en funciones, se está instruyendo en el Consejo la investigación de tres denuncias más contra Freiler, de las cuales vale destacar una por haber participado de varias carreras de autos de colección, participación con elevados gastos que habrían sido costeados por una empresa que afronta diversos reclamos de la AFIP por incumplimientos tributarios y emisión de facturas apócrifas, y una segunda por haber adquirido un auto con doce cheques de un empresario beneficiado en una causa de narcolavado en la que intervino el propio juez Freiler.

Como dijo un integrante del Consejo, "si Freiler no tiene nada que ocultar, ¿por qué tanto temor y tantas protestas por el juicio político?".

Los jueces tienen un poder inmenso. Deciden sobre la libertad, el patrimonio y el buen nombre y honor de los ciudadanos. Cuando ese enorme poder no se emplea para hacer justicia, sino para encubrir a los padrinos políticos del juez, éste se vuelve sumamente peligroso debido a su incalculable capacidad de daño.

El descreimiento que sufre la Justicia obedece, en buena medida, a jueces como Freiler. Es de esperar que el tribunal de enjuiciamiento haga su tarea y que la sociedad que asiste expectante al desarrollo de este escandaloso caso pueda comprobar que cuando un juez deshonra el cargo que le ha sido conferido existe un sistema con aptitud para removerlo, que es además una forma de defender la actuación de los buenos jueces, que son los más y que a diario prestigian la judicatura con su correcto desempeño.

BONUS TRACK 3:  Macri habló mucho pero tampoco se animó a normalizar la justicia y quebrar a su corporación corrupta. No cambiamos más.

Fallos que siguen dando que hablar

Por Ricardo Roa. Clarín 28/09/19. Si la Justicia hizo ruido con las investigaciones y las no investigaciones de la corrupción, es difícil no pensar que seguirá haciendo el mismo ruido o parecido según investigue o deje de hacerlo. Nada muy distinto de otras historias de siempre.

Un caso muy ruidoso en su momento y que lo fue más después: la denuncia de enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. En tiempo récord, el juez Oyarbide tumbó la causa. Nueve años después, en 2018, Oyarbide reapareció en la red de coimas que desnudan los cuadernos del chofer escribiente Centeno. ¿Y qué dijo al volver? Que “se van a enterar de quiénes me apretaron el cogote para sacar las causas de los Kirchner”.

Sacar causas fue arreglar con Manzanares, el contador de toda la vida de los Kirchner, un peritaje trucho de la declaración jurada de bienes que habían crecido a tasas astronómicas. Los Kirchner atravesaron la crisis financiera haciendo negocios a lo grande. Arrepentido, Manzanares reveló el nombre de dos cómplices y auditores de la Corte: Penedo, vicedecana del cuerpo de peritos y apartada del cargo por el escándalo y su jefe Peralta, que fue jubilado. Clásico aquí no pasó nada. También, el del entonces jefe de la AFIP, Echegaray, que mandó al funcionario Toninelli para ayudarlo. Oyarbide indicó cómo debían hacer la pericia en la que después él basaría el sobreseimiento. Clink, caja.

Oyarbide no ha cumplido la promesa de contar cómo le apretaron el cogote. Sólo reveló reuniones con el ex jefe de los espías Stiuso y con el auditor Javier Fernández, los mayores influencers K en la Justicia. Sabe mejor que nadie que meter en problemas a los que ayudó del modo en que los ayudó significa meterse él mismo en problemas. Es un personaje extravagante que se produce cada día como un modelo y que toda su vida como juez fue un modelo del servicio al poder. Dice que está solo desde que su ex novio Claudio Blanco le robó. Blanco es entrerriano como Oyarbide y árbitro de básquet infantil. Fue denunciado por la Unidad de Información Financiera por un tan meteórico como injustificable enriquecimiento.

Antes de sobreseer a los Kirchner, Oyarbide procesó por el mismo delito al ex funcionario menemista Gostanian. La Justicia tiene razones que la razón no entiende. El fiscal Eduardo Taiano no apeló. Vencía el plazo para hacerlo y uno de sus hijos, Federico, sufrió un raro secuestro en Santa Fe y Pueyrredón, a la vista de todo el mundo. Tampoco el fiscal Noailles, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, resolvió apelar que es lo acostumbrado cuando el fiscal de la causa no apela. Y eso pese a que los peritos de la Fiscalía habían cuestionado duramente a sus pares de la Corte.

La Oficina Anticorrupción y la UIF pidieron reabrir el caso. Decide la jueza Capuchetti, ex fiscal porteña que llegó al despacho de Oyarbide de la mano de Angelici y que acaba de sobreseer a Cristóbal López. Raro o no tan raro. La pregunta que corre después de las PASO, tratando de disimularse, es obvia: si los sobreseimientos K llegaron una vez para quedarse para siempre.

BONUS TRACK 4:  el problema más grande que encuentra nuestro país para avanzar cultural y económicamente es la falta de justicia. Y la ineficiencia del Poder Judicial se explica en la falta de ética y de escrúpulos de la mayoría de los profesionales que la componen, en todos sus escaños. En vez de tomar su carrera administrativa como un reto personal y un servicio a su sociedad, utilizan de manera artera las leyes que juraron respetar para sus intereses individuales. Quien escarbe un poquito no más en la abundante bibliografía que existe al respecto, podrá comprobar que desde el retorno democrático de 1983 hasta el presente todos los gobiernos han tenido operadores que intentaron influenciar a los jueces para torcer sus decisiones con fines políticos, ocultando los delitos que cometieron sus partidarios. Lo hizo Alfonsín con el Coti Nosiglia, lo hizo Menem con Corach, lo hicieron los Kirchner con Augusto Fernández, lo hizo Macri con Daniel Angelici y así. Por más que hayan cacareado buenas intenciones todos lo hicieron. Porque todos tenían basura que ocultar. Y no se trató solamente de tráfico de influencias: cometieron un delito peor valijeando fondos reservados de la SIDE a los despachos de los "señores jueces" a los que todos tememos. Otra basura acaba de retirarse con premio, burlándose de todos los argentinos. Lilita Carrió lo llamaba desde hace años "canicoima" Corral.

El final de Canicoba Corral: se va el peor de todos

Por: Joaquín Morales Solá. La Nación 15/07/20.

Tenía la capacidad de dividir a las dos coaliciones más importantes de la política. Lo defendieron y lo rechazaron expresiones de la gobernante alianza peronista, pero también de la opositora Juntos por el Cambio. Supo esconder una enorme fortuna personal entre familiares y amigos. Fue juez durante muchísimos años y nadie pudo llevarlo a un juicio político o a un juicio penal por enriquecimiento ilícito. Los expedientes que entraban en su despacho no morían nunca, aunque tampoco se resolvían. Esa era su principal armadura política y financiera. Al final, gozará de la placidez del retiro controlando la fortuna que tiene y cobrando una generosa y enorme jubilación. Rodolfo Canicoba Corral ha perdido la continuidad como juez, pero no debió resignar nada más. "La Justicia es mejor sin él", dijo ayer un empinado magistrado. Es cierto, pero sabe a poco.

Podría ser juzgado penalmente por enriquecimiento ilícito con los datos sobre su riqueza posteriores a 2017. En ese año, el entonces juez Claudio Bonadio cerró una causa por el mismo delito contra Canicoba Corral. Un error del fallecido juez, sin duda. Hay quienes en los tribunales de Comodoro Py sostienen que el enriquecimiento ilícito es, a partir de aquella decisión de Bonadio, cosa juzgada y que, por lo tanto, no puede volver a juzgarse. Otros sostienen que se podría abrir una causa nueva solo si existieran hechos nuevos y posteriores a la decisión de Bonadio. Demasiada controversia como para suponer que el destino del juez será sentarse frente a los jueces.

En rigor, Canicoba Corral descubrió la finitud de su destino cuando la dirigencia política, que siempre lo protegió de una u otra manera, decidió no ir contra una corriente social que reclama insistentemente una mejor justicia. La continuidad de Canicoba Corral hubiera echado más combustible sobre la protesta de una franja importante de la sociedad, que reclama más respeto por las instituciones. En un país empobrecido, y al que seguramente lo aguardan más sufrimientos, los márgenes de arbitrariedad de los que gobiernan se encogieron dramáticamente.

Durante la gestión de Cristina Kirchner nunca se puso en duda la continuidad de Canicoba Corral. De hecho, él se pavoneaba diciendo que no tenía ni un solo pedido de juicio político por sospechas de corrupción en el Consejo de la Magistratura. Era cierto. Le había hecho muchos favores al cristinismo. Uno de los que menos se habla fue una declaración radial posterior a la denuncia del fiscal asesinado Alberto Nisman contra la expresidenta por encubrimiento a los autores del criminal atentado contra la AMIA. Inmediatamente después de que Nisman hizo la denuncia contra Cristina, y antes de su muerte, Canicoba Corral afirmó por radio que él jamás había autorizado las escuchas telefónicas que sostenían gran parte de la denuncia del fiscal. Canicoba Corral es el juez de la causa por el atentado contra la AMIA y las escuchas habían sido autorizadas por él. El juez no sabía, cuando firmó esa autorización, que Nisman se encontraría con una conspiración para proteger a los que hicieron el atentado contra la mutual judía. Tampoco Nisman sabía de antemano con qué se encontraría. Lo cierto es que Canicoba Corral dejó solo a Nisman en los peores días de su vida, en las vísperas de su muerte injusta.

Sería conveniente que esa causa sea sorteada de nuevo para que caiga en manos de un juez que pueda llevarla sin la amenaza de la caducidad. Los jueces subrogantes, que son los que ocupan el lugar de los jubilados o los renunciados, solo pueden estar un año a cargo de esos juzgados con la posibilidad de una prórroga por otro año más. El atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos, es demasiado importante como para que su investigación ande de mano en mano. Ya pasó demasiado tiempo de impunidad con Canicoba Corral a cargo del expediente. No merece nuevas dilaciones por el hecho inverosímil de que no tendría un juez firme.

Poco tiempo después de que asumiera Mauricio Macri, el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, le pidió la renuncia a Canicoba Corral. Argumentó que había versiones sobre el cobro de sobornos por parte del juez. Canicoba Corral le respondió que esas versiones no eran ciertas y se negó a renunciar. Sucedió poco después de que Garavano consiguiera la renuncia del entonces juez Norberto Oyarbide. Pudo con Oyarbide, pero no tuvo la misma suerte con Canicoba Corral. Otras expresiones del entonces Cambiemos (entre las que figura el expresidente de Boca Daniel Angelici) prefirieron luego proteger al polémico juez. Eso explicaría que Juan Pablo Más Vélez, miembro del Consejo de la Magistratura y cercano a Cambiemos, haya propuesto en noviembre del año pasado, cuando ya el gobierno de Macri tenía los días contados, que se cerraran cinco investigaciones por supuesta corrupción contra Canicoba Corral. Garavano le pidió la renuncia cuando Macri asumió. Angelici hizo las gestiones para perdonarle todo cuando Macri se estaba yendo. Esas contradicciones explican la capacidad de Canicoba Corral para armar y desarmar alianzas políticas mientras crecía su patrimonio.

Más Vélez desistió luego de su pedido a favor del juez, pero un exponente cristinista en el Consejo de la Magistratura lo hizo suyo hace poco más de un mes. Pedía otra vez que se cerraran todas las investigaciones sobre la fortuna de Canicoba Corral. Le faltó solo un voto para lograr su propósito. Justo en ese momento LA NACION publicó que el juez y su esposa alquilaban una lujosa casa en un country por 3200 dólares mensuales. Los diputados Paula Oliveto y Juan Manuel López presentaron entonces con esa información un nuevo pedido de juicio político. El consejero Ricardo Recondo, representante de los magistrados, reclamó la postergación del tratamiento de la situación de Canicoba Corral. Final para Canicoba Corral. El tiempo jugaba en su contra. La postergación significaba que ninguna causa se cerraría y al juez le quedaban pocas semanas para cumplir los 75 años, la edad máxima para ejercer como magistrado, según la reforma constitucional de 1994. La Corte Suprema de Justicia estableció una jurisprudencia según la cual esa disposición de la Constitución es de cumplimiento obligatorio. Canicoba Corral no tenía siquiera un trámite comenzado para seguir como juez. El fin de su aventura era inexorable.

Dicen que el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, hermano del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, se mostró siempre desinteresado por el destino de Canicoba Corral. Según versiones coincidentes, fueron Ustarroz y Recondo, que vienen de espacios políticos muy distintos, los que acordaron postergar sin fecha el tratamiento del caso Canicoba Corral. Ese acuerdo implícito acorralaba al juez porque lo sometía al paso del tiempo y al cumplimiento de la edad límite. Ustarroz expresaba también contradicciones dentro de la coalición peronista gobernante. Mientras el cristinismo trataba de salvarlo, los seguidores de Alberto Fernández buscaban abandonarlo a su suerte. El Presidente tuvo una mala experiencia con Canicoba Corral. Corrían los tiempos en que Alberto Fernández caminaba en el desierto de su oposición a Cristina. Aunque nunca lo había visto antes, le pidió una reunión a Canicoba Corral en nombre de un empresario hotelero que tenía un expediente en el juzgado de Canicoba Corral. El juez lo recibió y le prometió que resolvería el problema, aunque a cambio de un resarcimiento. Alberto Fernández dio por terminada la reunión de mala manera. Luego, el actual presidente le dijo al autor de un libro sobre la Justicia que Canicoba Corral era el ejemplo de la corrupción judicial. El libro se publicó con la frase de Alberto Fernández.

El favor que el cristinismo le pedía a Alberto era doble. Debía poner la cara para salvar al juez de investigaciones por corrupción y luego debía, también, pedirle al Senado que le concediera al magistrado un nuevo acuerdo por cinco años más. Tras cumplir los 75 años, Canicoba Corral podía seguir siendo juez solo con un nuevo acuerdo senatorial por un lustro adicional. Es lo que estipula la Constitución. Alberto no podía hacer eso sin quemar los papeles de su propia historia.

sí como dividió a Juntos por el Cambio, Canicoba Corral también fracturó al Frente de Todos. Su poder era tan grande como su fortuna. "Se va el peor de todos", dijo ayer otro juez conocido. ¿Acaso todos los otros jueces son buenos? Hay que poner las cosas en su lugar. No significa que Canicoba Corral es el único juez objetable en los tribunales federales, sino solo el peor.