Antes de recorrer este artículo le pediría al lector (con mucho pudor)
un ejercicio introspectivo: que se defina a si mismo -con honestidad brutal- a
favor o en contra de los trabajadores. No dije sindicalistas, dije trabajadores.
¿Te simpatizan? ¿Los detestás? ¿Te dan cosa? Luego, que recuerdes ese voto para analizar tus propias reacciones de aquí
en más. Es útil reconocer como nos autopercibimos porque sinceramos nuestras posturas políticas.
Recordar de donde parte nuestra visión ayuda a superar
los prejuicios que todos solemos tener. Si bien no todas las viejas elucubraciones
de Arturo Jauretche se mantuvieron vigentes en el tiempo, conserva su validez
la distorsión que produce en las personas transfuguismos sociales de “tilingos”
y “mediopelos”. Eso de aspirar a lo que uno no es por naturaleza adoptando la
visión de quienes no somos en la realidad. Un defecto muy usual en nuestra
sociedad.
Si sos trabajador con conciencia de clase la elección
propuesta no debería causarte controversias. En cambio, no se si la pregunta le
causará dudas a la caterva de empleados alcahuetes que tanto abundan. Esos que se esconden cuando hay que
reclamar por lo que les corresponde y gustan de congratularse con los jefes. No
se les puede exigir ubicuidad. No son sanos de alma.
Quienes por ejercer una profesión liberal responden a
empresarios en forma más directa, obligándose a defender sus intereses aunque
eso vaya contra sus valores, también pueden albergar contradicciones. Normalmente
disimulan las injusticias encomendadas para mantener el statu quo, olvidan su
condición de empleados y adoptan lógicas cercanas al empresario. Cuestión de
examinarse.
¿Qué pensarán, que visión tienen las varias generaciones de
argentinos que no conocieron el trabajo formal? Como suele decirse, también entre
los excluídos del sistema los hay santos y pecadores. Lo que no existe es el
pueblo humilde e ingenuo que presumimos en los años setenta cuando se creía en
la revolución socialista. Por eso ahí, cuando la solidaridad y la moral
escasean, ahí suelen ir de pesca los narcos para reclutar.
La otra pata, los empresarios, emprendedores o
empleadores argentinos, normalmente suelen denostar a los trabajadores. Consideran
que nunca hacen el esfuerzo suficiente para aumentar su ingreso y bienestar
(los de los dueños). Muchos piensan que los trabajadores son inferiores en la
escala social y que la culpa de todo la tienen “los negros”, tanto o más que la DGI. Su voto es cantado.
Reconozcamos que abundan los trabajadores deshonestos,
vivillos que no conocen la lealtad y la dignidad de ganarse el salario con
honradez y eficacia, los vagos. Muchas veces estas conductas inclinan las
opiniones de la gente a favor de los patrones, como si estos fueran las
verdaderas víctimas del sistema.
¿A que viene esta introducción
impertinente? A eso de Jauretche de arriba con la autopercepción errónea como
fenómeno, porque la percibo con gran frecuencia en la gente que me rodea. Los que siendo del llano entienden que
la reforma laboral es urgentemente necesaria para que el país progrese, cuando hay
otras prioridades para que la sociedad sea más equilibrada y se soslayan
injusticias más perniciosas.
Pude encontrar una respuesta convincente al apoyo que han
dado gran parte de los sectores populares -que resultó en contra de sus propios
intereses- al paleolítico gobierno anti-industrialista de Milei. La expuse en
una de las últimas entradas del blog y es redundante repetirla. La contradicción
vuelve a repetirse con esta reforma laboral, un conflicto de espectro
diferente.
Eso si, las consecuencias
de este proyecto retrógrado en la vida de nuestros hijos, no hará distinción de
pareceres. Ya mostré mis cartas. Ahora vienen mis razones.
1. Lo que reservaron para el futuro de tus hijos. La
autoproclamada “modernización laboral” del gobierno de Milei tuvo como bandera promover
el trabajo registrado en blanco en el país. El informal, que alcanzó niveles
alarmantes en la Argentina rozando el 45%, es producto de la desidia e
inoperancia de todos los gobiernos que nos precedieron. Este proyecto laboral
supone remediarlo: el problema es que ese principio es mentiroso por varias
razones.
En primer lugar, los antecedentes cercanos de reformas laborales
similares dispuestas en economías vecinas de signo liberal no lograron ese cometido.
En Perú y en Paraguay no pudieron bajar la negrura bajo el 40% y en Chile se atornilló
en el 27%. Después, que la razón fundamental del trabajo en negro en la Argentina
reside en la psicología de los empleadores vernáculos, especialistas en el arte
de navegar en los turbulentos mares de la economía argentina, lucrando en su
propio beneficio. Ellos no cambiarán arrepentidos su tradición descuidista y
evasora y se dedicarán a captar la renta generada por el proyecto oficial. No
blanquearán nada. El (inmoral) perdón fiscal dispuesto no les alcanzará para
redimirse. Por último, las mismas medidas incorporadas en la reforma objetivamente
contradicen esa cacareada promoción del trabajo registrado. Piensen un poquito:
propone jornadas laborales extensibles con un banco de horas compensatorio y un
fondo de cese laboral para facilitar los despidos. Y el trabajo de un
monotributista en relación de dependencia no es más considerado vínculo
laboral, es decir inventaron una nueva forma legal de negrear. ¿Eso puede
constituir al fomento del empleo en blanco o, por el contrario, reducirá el
empleo registrado?
Otro pretexto para la aprobación de esta reforma es la
adecuación a las nuevas modalidades en el mercado de trabajo. La excusa cae por
si sola porque el proyecto no contempla a los rapis y laburantes de sistemas e
IA, energías alternativas, educación a distancia, etc. No los consideran trabajadores!
A los repartidores los denominan “prestadores independientes”: que pongan su
motos y bicis, que se cuiden solos de no lastimarse en las calles, no obliga al
empleador siquiera a brindarles elementos de seguridad. A los trabajadores de
teletrabajo le derogaron su ley de 2020 dictada durante la pandemia para
protegerlos, reemplazándola por modalidades más “flexibles”; el home office
puede ser castigado como menor al presencial, por ejemplo. Como si no bastara con eso, los
monotributistas son reconocidos para aportar pero siguen sin tener derechos. A
los monotributistas contratados se les presumía el vínculo laboral y se les
reconocía la relación de dependencia: ya no. Eso es precarización.
Deberían haber prohibido que el salario sea pagado en
especies pero lo habilitaron. Solo faltaría que legalicen de nuevo la libreta
del almacén de la estancia del patrón para que nos paguen con yerba, azúcar y
aguardiente, como en el siglo XIX.
El FAL-Fondo de Asistencia Laboral propuesto para que los
empresarios paguen futuras indemnizaciones por despidos no justificados será
financiado en parte por los jubilados. Así como lo estás leyendo. Se conforma
parcialmente con un 3% que los empresarios aportan actualmente al sistema
previsional de la ANSES, ahorrándole egresos. Afectará tu propio futuro. ¿Te
parece justo esquilmar aún más al jubilado?
El reconocido problema de la denominada “industria del
juicio” se soluciona con un bisturí, no con amputaciones. Quienes más se
aprovechan de ese negociado que pone en aprietos a empresas medianas y pequeñas
hasta llevarlas a veces a la quiebra, son los abogados caranchos y los jueces
adictos a recaudar dinero en vez de impartir justicia para las partes. Los
trabajadores afectados son el relleno del sandwich: en medio del entuerto, el
proyecto permite el pago en cuotas de las indemnizaciones, que se ven reducidas
respecto al régimen anterior porque contemplan solo ingresos salariales
corrientes sin mejora alguna, sin rubros extras.
Información reciente afirma que los juicios laborales
rondan los 130.000 anuales sobre un total de 10 millones de trabajadores
asalariados registrados. Los sectores empresarios lloran diciendo que
constituyen un record mundial. ¿Es mucho 1,3% o sobredimensionan a propósito el
problema? Se suponen que son originados por irregularidades laborales que
justifican su consecusión. En un ejercicio fantasioso, los más de cuatro
millones de trabajadores en negro de la Argentina -contratados por empresarios truchos-
estarían en condiciones de entablarles mañana mismo un juicio laboral. Si
existen deficiencias y abusos con los despidos, debería solucionarlo una legislación
puntillosa, aplicando las sanciones que correspondan. Podrían empezar por aplicarles
un baño de decencia a los vergonzosos profesionales intervinientes en esa
industria del juicio, incluída la desprestigiada justicia argentina.
Resulta unilateral y autoritario reservar a los gobiernos
la designación de cuales son y cuales no son
“servicios esenciales” y “servicios trascendentales” para restringir el derecho
de huelga de los trabajadores, obligando a coberturas mínimas del 75% o del
50%. Un ejecutivo autoritario podría
declarar cualquier oficio a su antojo dentro de esas categorías.
Irónicamente, lo que encendió las discusiones del
proyecto -para que a muchos le caiga la ficha de lo injusto del proyecto- fue
la inclusión traicionera del artículo 44 que determinaba que ciertas licencias médico-laborales
podrían ser castigadas por el empleador con descuentos del 25 al 50% de los
ingresos laborales. Solo el dinosaurio ruin de Federico Sturzenegger defendió
el engendro pero ningún otro funcionario ni congresista mileísta quiso hacerse
cargo de semejante involución. Como si la patronal pudiera inmiscuirse en la
vida privada de las personas, debiendo estar supeditada a los intereses del
empleador aún en sus ratos de ocio. Propio de épocas esclavas. La hijaputez
sirvió para remover el avispero tanto que muchos opinólogos retrógrados se dieron
cuenta que era demasiado. Si es que el porcentaje de ausentismo en el espectro
laboral argentino superara el de los estándares internacionales, lo inteligente
sería aumentar la supervisión sobre quienes generan certificados médicos
irregulares y castigarlos. Es de neandertales cercenar los derechos del
trabajador honesto para corregir la situación. Pero no les importa. Por eso
desmantelaron al equipo de inspectores laborales de la Secretaría de Trabajo de
Julio Cordero, metiendo al resto detrás de escritorios.
El espíritu desaprensivo del proyecto laboral para con
los trabajadores se deja ver en numerosos rincones, dejando varias dilucidaciones
legales libradas a la discusión entre partes cuando es sabido que la balanza
del poder decisorio pertenece a las patronales. Es un retroceso cobarde a favor
del más poderoso. Tomemos un ejemplo tan simple como patético: ¿cómo evitar que
el patrón termine decidiendo la oportunidad y el fraccionamiento de las
vacaciones de los empleados? La negociación por empresa aumentará las
desigualdades en perjuicio de los trabajadores. Todos lo sabemos.
El mencionado troceo imperativo de las vacaciones. Si te
llevás mal con tu jefe podrás tener vacaciones en verano una vez cada tres años
porque pueden ser otorgadas fuera del lapso comprendido entre el 1º de octubre
y el 30 de abril. Graciosa o maliciosamente, esta ley Nº 27.802 habla de ponerse de acuerdo
con el empleador.
Tenemos otro hallazgo retrógrado denominado “salario
dinámico” o recompensas por productividad como herramienta que -en realidad-
coadyuvará a la reducción de los ingresos del trabajador. Porque pueden fijarse
por tiempo o por rendimiento de trabajo, según productividad que calculará el
mismísimo empresario. Un chiste de mal gusto. Entonces tu salario podrá fluctuar
para arriba o abajo cada mes, según decida la empresa.
La extensión de las jornadas laborales hasta 12 horas
diarias se contradice con lo corriente en los países más avanzados, que las
reducen. Eso de negociar con el empresario un “banco de horas” para compensar
sus caprichos horarios eliminará en los hechos la posibilidad de realizar horas
extras. Esas que durante añares salvaron a nuestros padres para llegar a fin de
mes y ponernos un plato de comida cuando los sueldos magros no le alcanzaban.
En particular para mujeres, les quitan las horas de
descanso que eran obligatorias cuando tienen su trabajo dividido entre mañana y
tarde y se termina con la prohibición de que ejecuten trabajos a domicilio en
otro local o dependencia de la empresa.
Derogan los estatutos de viajantes de comercio,
peluqueros, choferes particulares y telegrafistas y como dijimos, teletrabajo.
El de periodistas lo caducarán a fin de año (les permitirán hacer el duelo).
Les perdona multas y sanciones a los que emplearon en negro para que se vuelvan
buenos de golpe: otra vez ganan los malos.
El DNU 70/23 de Milei ya había afectado al Estatuto del
Peón Rural y la ley de trabajo agrario, igual que había intentado la última
dictadura militar. Ahora se vuelve a atacar la estabilidad e ingresos de los
trabajadores de campo y su protección para reducir costos empresariales a costa
de la seguridad laboral. Otro regalo para los empresarios agropecuarios es que
la nueva ley aprobó y metió como una cuña el RIMI-Régimen de Incentivo para
Medianas Inversiones: un remedo del programa RIGI para la minería y energía
para librar de impuestos a las inversiones que hagan los ricos del campo.
Se elimina la Justicia Federal del Trabajo. Se traspasan
sus competencias y funciones a la justicia porteña y a la
contencioso-administrativa, que -si no cambió nada últimamente- es
históricamente antiobrera. Esa pretención contradice la esencia de la Ley
Cafiero 24588/95 en cuanto a la jurisdicción aunque los fallos últimos de la
Corte Suprema le darían la razón a la nueva ley. No obstante, el objetivo real
del proyecto laboral es debilitar la defensa constitucional de los derechos del
trabajador, hacerle perder peso relativo como institución estratégica y quitarle
referencias a las cortes provinciales.
La nueva ley ejerce a esos efectos una acción de pinzas
sobre el objetivo. Normalmente los convenios por rama de actividad eran el piso
para los acuerdos por empresa e incluso los personales por sobre convenios
acordados con sindicatos. Ahora se invierte la lógica y prevalecen los
convenios por empresa, valida acuerdos inferiores, iguala para abajo. Como si
fuera poco, le confiere al Estado la potestad de suspender convenios
colectivos. ¿A eso le llaman principios libertarios? Escogieron una biblioteca
incompleta.
Decretaron el fin de la denominada ‘ultraactividad’ o sea
que un convenio caducado siga vigente hasta que se firme uno nuevo. No
mantendrán más sus efectos, solo quedan sus normas referidas a condiciones de
trabajo. Solo elimina cláusulas obligacionales (las que regulan aportes o c
ompromisos entre sindicato y empleador) y no las normativas que fijan salarios
y condiciones de trabajo. El problema para estas regresiones es que el
recontracitado Pacto de San José de Costa Rica establece el principio de
progresividad de los derechos sociales y cualquier modificación debe ser para
mejorar o ampliar los derechos, no para eliminarlos.
Por último, esta ley Nº 27.802 regirá para todas las relaciones
laborales vigentes. Cuando cambien las condiciones, el empleador puede pedirle
al trabajador que firme un nuevo contrato que contemple la situación novedosa. Pero
los trabajadores ya no podrán recurrir a la justicia para retornar a
condiciones anteriores modificadas por la empresa. Es el caso de cambiarle a un
cajero o empleado bancario de sucursal a una muy lejana sin su aprobación. Solo
podrán considerarse despedidos.
De lo poco equilibrado que pude rescatar en la propuesta,
contabilizo:
--la extensión del período de prueba del trabajador a un año, reduciendo las cargas patronales a un 8%. Es lógico reconocer que hay trabajadores malbicho y desleales y justo el derecho patronal a equivocarse y reparar el error de admisión. Convengamos que el nivel de educación general argentino ha decaído lastimosamente y la formación laboral en la Argentina está retrasada. No es lo primero culpa del empresariado argentino ni creo que sea poca su inversión en capacitación laboral. El tema pasa por los pocos alicientes patronales al individuo que emplea, empezando por sueldos decadentes que no provocan ilusiones para su despegue personal. En general, es partidario del úselo y tírelo, no reconoce la lealtad del empleado. El empresario argentino exige eficiencia, fidelidad y entrega como requisito laboral pero históricamente subestimó al individuo-trabajador, solo lo considera un instrumento necesario, alguien de nivel inferior al suyo que nunca será un par ni podrá pretender beneficios siquiera parecidos. Aunque lo quieran negar, los empresarios son supremacistas.
--Parece ser razonable limitar al 25% del monto de la sentencia indemnizatoria como remuneración de abogados y costas procesales. Por lógica produjo el rechazo del Colegio de Abogados. No les alcanzó a los de corbata para extender su solidaridad a los trabajadores por el atropello de la reforma. Ellos son de otra clase, claro.
-El criterio de uso obligatorio para actualizar las
sentencias indemnizatorias por despido es una calculadora online del Banco
Central que se basa en un promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que las
entidades financieras pagan para los depósitos a plazo fijo a 30 días.
--La percepción de la indemnización impone la extinción
de cualquier reclamo judicial o extrajudicial, incluidos los de naturaleza
civil, contractual o extracontractual, por ejemplo daño moral.
--Los peritos cobrarán con un nuevo esquema de honorarios con mínimos no porcentuales y no los porcentajes que solicitaban.
--Obliga a los jueces laborales a acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema.
--La incorporación de parámetros técnicos objetivos vinculados a los cuerpos médicos forenses y pericias judiciales reducirían discrecionalidades.
--No será simpático para los delegados sindicales pero solo se les reconoce 10 horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones: a algunos les servirá para poner los pies sobre la tierra porque hay muchos que ya no recuerdan como trabajaban y necesitarían reeducación.
--Parece bienintencionado eliminar la responsabilidad solidaria de la empresa principal cuando terceriza prestaciones de servicios a otra empresa.
--Depende del cristal con que se mire, el reconocimiento al trabajo de los presos en las cárceles ya no debe ser remunerado ni respetarse legislación laboral ni seguridad social alguna.
A sacarse la careta: al liberalismo inhumano de Milei y
sus acólitos no les interesa el ciudadano trabajador.
Si el gobierno pudiera impulsaría la derogación de cualquier tipo de
convenio de trabajo, para que las divergencias las enfrenten directamente el
empleador y el trabajador, sin marco regulatorio alguno.
Aunque los mismos empresarios argentinos han confesado que
en su estructura de costos el salarial no es importante, el verdadero objetivo
del gobierno es derrumbar el salario como ofrenda a sus númenes y, quizás, un medio
para competir con países que coquetean con el trabajo esclavo a la manera del
sudeste asiático. Producirán la mayor transferencia posible de ingresos del
sector trabajador y el pasivo al patronal. Parece una revancha ideológica
inmoral. Tan inmoral que en un artículo escondido como cuña en el proyecto aprobado
por los congresistas traidores a su voto, derogaron impuestos internos a las
embarcaciones, aviones, automóviles, celulares y productos santuarios para que
los capangas beneficiados las puedan comprar más barato. Que hijos de
puta!
La lista de barbaridades del proyecto laboral no se agota
aquí. Por más que sea aprobado por las dos cámaras legislativas se sabe que no
podrán atravesar cuestionamientos interpuestos en la justicia porque incumplen
mandatos constitucionales y tratados internacionales. Se indican
contradicciones con el Art. 14 bis y el 75 de la Constitución, el cual está
incorporado al convenio interamericano de Derechos Humanos. Eso significa que
deberá atravesar cuestionamientos en la justicia argentina. Si los llegaran a
atravesar, quedan instancias en la Organización Internacional del Trabajo y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2. La burocracia sindical como excusa. No sean
ingenuos de tragarse el relato oficial y consentir este proyecto de ley laboral
retrógrado porque los “gordos” de la CGT puedan ser indeseables. A los
burócratas de la central obrera no los afecta esta pseudo-modernización, no se
les redujo su poder porque mantuvieron los ingresos sindicales, porque continúa la representación única por
rama y no se pone límite a los mandatos.
Fue otro recurso burdo usado para engañar a la gente que
repitieron los que piensan poco o los malintencionados. ¿Encima que los
trabajadores nos vemos traicionados a menudo por los sindicalistas, debemos
comernos este retroceso que afectará nuestras vidas a diario? La nueva ley solo
afecta a los trabajadores.
Piensen Uds. que el gobierno y la casta política no
quisieron consensuar los futuros derechos laborales con los trabajadores
mismos. Los aspectos directos sobre la actividad laboral quedaron fuera de
discusión para su objeto.
La anquilosada burocracia en los gremios no es motivo
suficiente para justificar el proyecto retrógrado. De hecho, las negociaciones
tras bambalinas de los legisladores del oficialismo con Edgardo Martínez y
otros dirigentes, se ocuparon de preservar primeramente los ingresos a las
organizaciones gremiales. Eso no es necesariamente malo. Reconozcamos la
necesidad de solventar los servicios que ofrecen los sindicatos, entre ellos
los de medicina social.
Siempre sostuve que la corrupción de un sindicalista
sobre sus pares es doblemente despreciable. Si hay gremialistas que chorean y
tienen privilegios tienen que ser severamente castigados, en primer lugar mediante
el repudio del afiliado, luego por la justicia. Pero piensen ¿son muy distintas
las sospechas en los clubes de fútbol, cooperativas y otras asociaciones sin
fines de lucro de nuestra sociedad? ¡Hay que terminar con esas traiciones de
una buena vez en la Argentina con las armas que nos ofrece la democracia si
queremos un país respirable!
Lejos de ponernos a discutir si las conquistas laborales
fueron institucionalizadas por el primer gobierno de Perón, si se originaron
antes o después o llegaron gracias a los socialistas de bigote (eso ya tiene
sus respuestas, es cuestión de estudiar un poco), debe aceptarse que esa
Argentina fue vanguardia en Latinoamérica en la conquista de los derechos de
los trabajadores. Los países vecinos tardaron muchas décadas en igualar esos
avances. Exactamente lo mismo ocurrió con el surgimiento de la clase media en
el país, más allá de las simpatías u odios que te produzca la figura del
“tirano prófugo” que dijo retornar como león hervíboro. Sin justificar a los
populismos, los gobiernos liberales que nos tocaron despreciaron al trabajador
y fueron exterminadores de clase media. Inventaron la “clase media baja” donde
nos encontramos la mayoría de los argentinos que la peleamos cerquita del límite
de la pobreza.
Trabajé casi 50 años en relación de dependencia y fui
afiliado a dos gremios de distinta índole. Muchas veces comprobé que los
sindicalistas se dedican a defender más a los malos trabajadores que a los que
son víctimas de atropellos laborales reales y que abusan del ‘cafecito’ con las
gerencias, al borde de la transa. Al momento del reparto de los beneficios
asociativos, se me ocurre la imagen de una tribu y un fogón en la que los favores
los reciben quienes están cerca del fogón y cumplen los requisitos de los
capitanejos. El que está bien informado sabe que algunos gremios llegaron a la
decadencia de designar como autoridades a familiares, como si fueran sucesiones
monárquicas, aún sin haber conocido el oficio. No hace falta aquí hacer un
listado.
Claramente ha sido poco defendible la intervención de la
conducción actual de la CGT en las discusiones por la reforma laboral. Poca
sangre para salir fuerte al debate público. ¿Dónde estaban los peronistas? Vaya
y pase la mencionada negociación tras bambalinas de la central obrera para
resguardar los ingresos sindicales en el proyecto de ley. Vergonzoso como
permitieron que diez revoltosos de origen dudoso munidos de molotov les coparan
la movilización del miércoles 11 de febrero/26 frente al Congreso. Los
cegetistas retrajeron a las columnas movilizadas quitándole protagonismo al
reclamo, se auto-ninguneraron voluntariamente, y cedieron la calle como nunca
jamás vi en mi politizada vida. Todo tuvo el tufo de agachada. ¿A favor de
quién? ¿A cambio de qué? Quizás no
importe saber el motivo de una traición a la gente con la excusa de recurrir a
la justicia para frenar la ley, cuando aún no había sido sancionada. Aunque
esté medio loco, comparto la crítica de Rodolfo Aguiar, dirigente de ATE hacia
la CGT: “Primero está la lucha, después vendrán los abogados (…) ¿Se canjeó
plata por precarización? ¿Cómo explicamos que se quitaron los artículos que
perjudicaban a los sindicatos y quedaron los que perjudican a los laburantes?
(…)”. Los burócratas ni siquiera sacaron una solicitada para reprobar la
sanción de la ley, agregaría.
Pero aunque exista una burocracia sindical generalizada ¿qué
derecho tienen los opinólogos desclasados de la TV, los panelistas licenciados
en economía que no agarraron una pala en su puta vida o los políticos vividores
para meterse en la vida sindical? ¿Porqué no opinan también de la composición
de los directorios de las multinacionales? ¿Pretenderían que Sturzenegger ocupe
el puesto de secretario general de la CGT? ¿Preferirían al pelado Trebucq o a
Novaresio presidiendo el sindicato de Camioneros? ¿Pondrían al arrastrado de
Luis Majul a dirigir Despachantes de Aduana? ¿A Cachanosky para destripar estatales?
¿La nazi-fascista Deborah Plager para portuarios? Con igual postura podrían
designar también autoridades en el Colegio Público de Abogados o de Escribanos.
¿Qué los mueve a ensañarse con el mundo laboral? ¿Es cuestión de piel?
A los trabajadores nos tocó en el mundo el destino de
vender nuestra capacidad de trabajo para mantener a nuestras familias con la
recompensa extra de dignificarnos como personas. Porque es verdad que el
trabajo dignifica al hombre. Los trabajadores no necesariamente somos
licenciados en administración de empresas, contadores o abogados, solemos
comernos las eses, no somos rubios ni de ojos celestes y no respondemos a los
cánones de las clases más acomodadas. Para dirigir corporaciones como las
sindicales se requiere una preparación cuasi profesional pero fundamentalmente
ejercer con sapiencia el arte de la conducción política para trajinar ante el
poderío de los empresarios, sin dejarse tentar por esas serpientes para
claudicar. Es innegable que hay burócratas sindicales chorros y traidores a sus
mandatos. Pero su remoción no puede pasar por el dedo acusador de gente desclasada
sin pasado trabajador y con intereses enfrentados. La decisión pertenece
únicamente a la voluntad de los afiliados. Eso se llama democracia y no hay
método más ético ni moral que exista. Claro que no es fácil penetrar las
estructuras anquilosadas de los sindicatos en base a buena fe, transparencia y
coherencia ideológica. En todos los ámbitos humanos parecen hoy en día ganar
los audaces e inescrupulosos. Por la
misma razón ha fracasado desde 1983 toda la clase política argentina, la casta,
donde los buenos pierden por goleada contra los corruptos.
3. Imposible confiar en el criterio de nuestra clase
política. Ella parece juntar lo peor de nuestra cultura. ¿Cómo confiar el
futuro laboral de nuestros hijos a los diputados y senadores de la casta vendida?
La misma casta que aprobó privatizaciones y reestatizaciones unos añitos
después y que cambia sus banderas como de camiseta. Los herederos de los que
aplaudieron de pie el default de Rodríguez Saá y después acuerdos con el FMI y
blindajes vegonzosos. Los que tienen en el plantel cabareteras que se tiran de
los pelos en público. Son la descendencia de la BANELCO de los radicales del
siglo pasado. Ese gobierno que recordemos tuvo como ministra de trabajo a la mismísima
Patricia Bullrich, antigua ‘revolucionaria’
metebombas de los Montoneros-Columna Norte siendo secretaria de su
cuñado Rodolfo Galimberti y ahora reprime obreros sin asco. Algunos dicen
maliciosamente que aquel famoso dispenser de dinero empezó a funcionar de nuevo para que diputados y
senadores levanten la mano para esta reforma antiobrera. Entretanto, la gran
preocupación del cínico diputado Cristian Ritondo fue extender el negocio del
manejo de los sueldos del trabajador a las billeteras virtuales, seguramente por
su necesidad de aumentar el número de sus propiedades en el exterior. O el ex diputado
y ex radical y panelista Martín Tetaz, que llora por su abuela jubilada de ingreso
mínimo insuficiente pero defiende el proyecto retrógrado mileísta, repitiendo
el mismo formato de la facultad de Ciencias Económicas y otros centros de
difusión antiobreros de renombre, con el que le encarcelaron el raciocinio y
estandarizaron a los economistas.
Los cínicos falsos progresistas peronistas olvidaron dar
pelea por la que se supone es una de sus principales banderas, con una defensa
pública intensa y coherente de los derechos laborales. Ni hablar de la
complicidad de gobernadores pretendidamente justicialistas, vendidos
oportunistas que mandaron a sus
diputados y senadores a entregar los derechos de los trabajadores a cambio de
prerrogativas para sus provincias. A todos ellos les dedico desde estas páginas
un gran vómito virtual, con la esperanza que sus pueblos tomen conciencia,
recuerden bien su traición y le retiren sus votos (el único poder que
conservamos los ciudadanos contra la inmunda casta política): Osvaldo Jaldo
(Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa
Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones) y Maximiliano
Pullaro (Santa Fe). Los de Córdoba de Martín Llaryora aún más cobardes que ni
concurrieron a levantar la mano. Todas ratas traicioneras de traje y corbata.
4. Los opinólogos pseudoperiodistas en manada contra la clase obrera. Que
generación de desclasados de mierda que son los periodistas de los
medios de difusión principales. En realidad no son periodistas: no investigan
ni contrastan la información y parece no interesarles sintetizar con
equilibrio, más bien quieren imponer ideas previas, como los fascistas. Y son
tan persistentes en eso que uno sospecha que están auspiciados monetariamente por
algunos. Porque son partícipes necesarios de operaciones políticas que prohijan
oficialismos y grupos de poder, incluídos los patrones para los cuales
trabajan. Seguramente convencidos por los altos salarios y el nivel de vida que
les proveen, no se sienten parte de la clase trabajadora y no pierden
oportunidad de votar por los intereses de los poderosos en toda cuestión que implique
controversias entre trabajadores y empleadores. Son empleados pero se creen
distintos y el tufo de los laburantes les produce urticaria. Son los Majul, los
Feinmann, la nazi-fascista Debora Plager, Cristina Pérez y la mayoría. Listarlos
me llevaría un día entero y alargaría la lectura inútilmente, teniendo en
cuenta que hay muy poquitos que se salvan de la verguenza. Estos tránsfugas
sociales, que adulan a los que tienen arriba y cuando ven un trabajador con
overoll se cruzan de vereda, no se dan cuenta que pende sobre sus cabezas la
extinción del estatuto del periodista, que los va a afectar directamente. Hay
que ser tarado! Los divulgadores del relato clepto-kirchnerista de C5N, Víctor
Santamaría, Cristóbal López y otros vanguardistas de la corrupción van por
cuerda separada: ya me metí en otras columnas de este blog contra ellos; en
esta actualidad empobrecedora defienden la causa popular pero la tuvieron
olvidada durante el desastroso gobierno de Alberto Fernández y la condenada de
la tobillera: mientras se afanaban el país no se les escuchaba ninguna crítica.
Estos opinólogos-dinosaurios que se autoperciben
importantes critican y rechazan también de forma tajante las huelgas, una de
las pocas herramientas constitucionales que tiene el sector trabajador para
equilibrar la balanza contra el empresariado. No hay manera ni situación que
lleve a los “comunicadores” a aceptarlas. Los chicos de las nuevas generaciones
lo llamarán de otro modo pero los añejos los llamaríamos “carneros”: son los
que en el ámbito del laburo se borran en las difíciles, no ponen el pecho a los
atropellos y rosquean a escondidas pero solo para obtener beneficios
personales. Esos caros opinólogos de café asignan el éxito popular de las
huelgas solamente a la falta de transporte porque no llegan a aceptar la adhesión conciente y voluntaria de los
trabajadores ante situaciones asfixiantes como la presente. Las huelgas pueden
ser originadas de arriba para abajo o por presión de las bases y nadie ignora
que pueden motivarlas cuestiones políticas poco transparentes. Hay numerosos
casos en la historia reciente que pueden ejemplificarlo, como los paros
docentes interpuestos en la provincia de Buenos Aires exclusivamente contra
gobiernos antiperonistas y ausentes contra los inservibles gobiernos peronios
de Scioli y Kicillof.
5. Guerra de modelos. Es una verdad irrefutable
que el modelo económico reinante en la Argentina desde los años cuarenta con el
advenimiento del peronismo, es el industrialismo lobbista y cerrado, protector
del trabajo local. Ni siquiera fue cuestionado por gobiernos liberales: el Martínez
de Hoz de la dictadura, el peronista de Menem o Mauricio Macri. Los desbordes
de los industriales eran atenuados en mesas de negociaciones para obtener
prebendas de las autoridades, otras veces peleándose con Guillermo Moreno. Durante el espantoso
gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con el improvisado Massa
como ministro de economía poniendo colorada a la máquina de imprimir pesos para
tapar agujeros de los subsidios, empezaron a reconocerse las primeras grietas.
Como resultado tenemos a Milei presidente, con un capitalismo salvaje afecto a
lo financiero. Los cuestionamientos al modelo industrialista empezaron y tanto
Milei como sus acólitos proclaman que las industrias deben reconvertirse para
abaratar sus productos o cerrar, apáticos a las necesidades de trabajo de la
gente.
Milei se jacta de adherir a las políticas de Donald Trump
pero no lo copia en sus directrices inteligentes: Trump protege su industria.
El cierre de FATE y el enojo de Paolo Rocca por perder licitaciones con Techint
son un reflejo del cambio de paradigma, del choque de modelos. Empresas que
cazaban en el zoológico y ganaban dinerales ahora se quejan ante las primeras
pérdidas que le produce la importación indiscriminada. La próxima víctima será
la industria automotriz y autopartista.
Milei y el circulo rojo proponen un país con pocos
sectores florecientes: en primer lugar el financiero, después el campo, la
minería y la energía, servicios poco regulados y quizás la economía del
conocimiento. En solo dos años produjo la implosión de 22.000 empresas y la
destrucción de 300 mil puestos de trabajo. Un gobierno racional y humano
debería haber previsto el salto mortal que implica la desindustrialización y el
abandono de tanto capital de trabajo invertido durante décadas, pero no le
interesan los galpones y fábricas vacías y herrumbadas ni el sufrimiento de las
familias desocupadas. Cree en una reconversión mágica de los emprendimientos o
el unicato del sector de servicios y
vivir de productos básicos importados. ¿Alcanzará para toda la
población?
Pero es mentira que el modelo industrialista sea
inviable: no es viable por la corrupción, el gasto irracional demagógico y la
falta de planificación inteligente. Los kirchneristas se distrajeron demasiado
con el tráfico de bolsos de dinero negro en vez de copiar el ejemplo económico
pujante del compañero Lula en Brasil, que diversifica y fomenta las exportaciones,
sin recurrir a un proteccionismo desmesurado. Así ha podido bajar la pobreza en
términos reales, no en las planillas Excel como Milei. Brasil es una de las
principales economías del mundo en base al apoyo sin tapujos del gobierno a sus
industrias, que se expandieron al comercio internacional dominando en varios
rubros, como el alimenticio.
5. Corolario. Fui desgranando los motivos que me
llevaron a definir como retrógrado y antiobrero a este proyecto convertido en
ley. Si
tuviera que elegir una palabra para definir esta reforma elegiría “bravuconada”.
Fue una respuesta despechada de la recalcitrante derecha vernácula ante tantos
años seguidos de gobiernos populistas que menospreciaron su formato mental
individualista. Una ley que les permite una sonrisa burlona pero que
posiblemente no sirva para nada más que joderle la vida un poco más a los
laburantes. A sus mentores -pobre gente- les permitirá solo acumular un poco más de guita, que considerarán insignificante.
Remarcaría finalmente que los trabajadores -principales afectados-
fueron convidados de piedra en el tratamiento de la ley. Que cínicamente, los
burócratas de la CGT rehuyeron a la batalla dialéctica, cuidando solo de
resguardar sus propios intereses. Que los políticos de la casta discursearon
boludeces y levantaron sus manos en el Congreso, exacerbando corrientes
derechosas de moda o traicionando otros su mandato electoral. Que algunos resolvieron
dudas ojeando sus cuentas bancarias tras una nueva BANELCO. Que los empresarios
más poderosos de la Argentina reunidos en el Grupo de los Seis (banqueros,
bolsa de comercio, Sociedad Rural, Unión Industrial), entre otros próceres,
festejaron la sanción de la ley. Que la calificadora Moody’s dijo que será
beneficiosa para “el mercado”.
El lector que llegó hasta estas últimas líneas ya debe
haber concluido lo suyo. ¿De que lado estás? Nadie le cambia a otros el parecer
pero mantener la cabeza abierta ayuda a evolucionar interiormente. Si no hay
malas intenciones en las personas, todas las opiniones valen.
La reforma fue aprobada, las cartas están echadas y
nuestros hijos vivirán las consecuencias. La realidad dictará su veredicto. En
un país tan contradictorio como la Argentina, apenas intuimos el presente, poco
podemos avisorar el futuro. Quizás haya esperanzas. Horanosaurus.
