El volante adjunto demuestra que mucho antes del 2004 ATE-CTA ya venía reclamando por los trabajadores precarizados, en este caso en el Estado. Estamos hablamos de cientos de miles de trabajadores, no de cincuenta. Ya he expuesto este tema en los artículos anteriores sobre la Administración Pública Nacional-APN en este blog, solo que ahora muchos descubrieron que existen términos como "tercerización" o "precarización" porque mataron cobardemente al jóven militante ferroviario Mariano Ferreyra en Barracas por luchar por sus derechos y se alarman de tanta brutalidad. Son nuevos recursos que les ofrecen los gobiernos corruptos a los empresarios inescrupulosos para aumentar sus ganancias a costas de bajos salarios y condiciones de trabajo indignas en pleno siglo XXI. Increíblemente, el sistema es encubierto por el sindicalismo cómplice de la CGT traidora de Moyano & Cía. (1)
A diferencia de los contratados de ferrocarriles, curiosamente los de la APN ganan más que los de planta permanente (haciendo trizas del mismo modo el precepto constitucional "igual trabajo-igual remuneración"), aunque deben pagarse el monotributo y la obra social por su cuenta y no pueden reclamar nada laboralmente a las autoridades políticas del momento para que al semestre siguiente le renueven el contrato que les permite trabajar. Para muchos organismos del Estado uno de los recursos para realizar esta práctica ilegal es la Fundación Argeninta. Ya saltó a la luz hace unos años con las contrataciones escandalosas que hizo Romina Picolotti en la Secretaría de Medio Ambiente. Se sabe que hay contratos fantasma cuyos importes sirven directamente para financiar a la militancia oficialista o directamente los vicios de los políticos que los manejan. Otra variante es que un porcentaje del ingreso del contratado deba ser devuelto a quien le ofreció el favor.
Hoy en la APN son más los trabajadores contratados que los de planta permanente, gracias al "chiste" de Domingo Cavallo de 1995 de prohibir el ingreso efectivo. Claro que luego entraron cientos de miles por acomodo de políticos, sin examen de ingreso alguno. La primera empresa del país (el Estado) que rehúsa por voluntad propia tomar examen de admisión. Como referí en una entrada anterior, un analfabeto puede entrar acomodado al Estado ganando ocho o diez mil pesos y, con un poquito de suerte, le ponen un chofer. Hoy son los de "La Cámpora", mañana serán otros.
Tanto el gobierno del difunto Néstor Kirchner como el de Cristina Kirchner los tuvieron "en negro". Fue una elección porque tuvieron tiempo para cambiarlo. El mismo Secretario de la Gestión Pública de siempre (Juan Manuel Abal Medina Jr.), sigue haciendo la plancha pero se lo ve preocupado por salir en "6-7-8" con su mejor perfil para defender "el modelo". Ni a él, sus socios de UPCN ni al gobierno le interesan los trabajadores precarizados. Todo sigue igual. Hasta la próxima patota que se desbande y el próximo muerto.
A diferencia de los contratados de ferrocarriles, curiosamente los de la APN ganan más que los de planta permanente (haciendo trizas del mismo modo el precepto constitucional "igual trabajo-igual remuneración"), aunque deben pagarse el monotributo y la obra social por su cuenta y no pueden reclamar nada laboralmente a las autoridades políticas del momento para que al semestre siguiente le renueven el contrato que les permite trabajar. Para muchos organismos del Estado uno de los recursos para realizar esta práctica ilegal es la Fundación Argeninta. Ya saltó a la luz hace unos años con las contrataciones escandalosas que hizo Romina Picolotti en la Secretaría de Medio Ambiente. Se sabe que hay contratos fantasma cuyos importes sirven directamente para financiar a la militancia oficialista o directamente los vicios de los políticos que los manejan. Otra variante es que un porcentaje del ingreso del contratado deba ser devuelto a quien le ofreció el favor.
Hoy en la APN son más los trabajadores contratados que los de planta permanente, gracias al "chiste" de Domingo Cavallo de 1995 de prohibir el ingreso efectivo. Claro que luego entraron cientos de miles por acomodo de políticos, sin examen de ingreso alguno. La primera empresa del país (el Estado) que rehúsa por voluntad propia tomar examen de admisión. Como referí en una entrada anterior, un analfabeto puede entrar acomodado al Estado ganando ocho o diez mil pesos y, con un poquito de suerte, le ponen un chofer. Hoy son los de "La Cámpora", mañana serán otros.
Tanto el gobierno del difunto Néstor Kirchner como el de Cristina Kirchner los tuvieron "en negro". Fue una elección porque tuvieron tiempo para cambiarlo. El mismo Secretario de la Gestión Pública de siempre (Juan Manuel Abal Medina Jr.), sigue haciendo la plancha pero se lo ve preocupado por salir en "6-7-8" con su mejor perfil para defender "el modelo". Ni a él, sus socios de UPCN ni al gobierno le interesan los trabajadores precarizados. Todo sigue igual. Hasta la próxima patota que se desbande y el próximo muerto.
En la Argentina sobre 16.900.000 trabajadores que conforman la población económicamente activa, solamente aportan o están en blanco 8.200.000. El problema se agrava aún más cuando se trata de jóvenes: el 75 por ciento de nuestros jóvenes entre 18 y 29 años está “en negro”, tercerizado o desocupado. Horanosaurus.
(1) así como los tiempos cambian, los traidores cambian de bando. Ver abajo entradas relacionadas.
“Cristina tiene el mismo discurso que Cavallo”
Clarín 26/11/10. “La Presidenta Cristina Kirchner tiene el mismo discurso de Domingo Cavallo de los 90, con relación a los accidentes de trabajo. En lugar de hacer cumplir los fallos de la Justicia y de la Corte Suprema, que declararon inconstitucionales los artículos más esenciales de la ley menemista, apoyada en aquel momento por Néstor Kirchner, Hugo Moyano y Carlos Tomada, la Presidenta denuncia “la industria del juicio” para impedir que los trabajadores que sufren accidentes de trabajo reclamen por sus derechos”. Así le dijo a Clarín Margarita Stolbizer, titular del GEN, quien agregó que “desde 1997 intentamos discutir en el Congreso una reforma que devuelva constitucionalidad a la ley y obligue a los empresarios a prevenir y evitar accidentes y enfermedades”. “Este año -continuó Stolbizer- hemos vuelto a presentar un proyecto de reforma integral al sistema de prevención, salud, seguridad e higiene en el trabajo. Pero el titular de la comisión Héctor Recalde, lo “planchó” , para seguir haciendo el juego al capitalismo de amigos que reclama lo que ahora Cristina Fernández dice estar dispuesta a conceder”. Stolbizer señaló que “sería mejor” que reconozcan las resoluciones judiciales, para que “podamos construir la norma sobre accidentes de trabajo que pase los test de inconstitucionalidad de la Corte”. Para eso se requiere, agrega Stolbizer:
* “Reconocer que la instancia de la justicia natural no es otro que el fuero del Trabajo”.
* “Que se establezca el pago de indemnizaciones integrales y en un solo pago, y no por montos tarifados miserables, que además se los abona en mensualmente en una renta que depende de variables financieras”.
* “Que no se pretenda ocultar formas de exclusión de derechos de los trabajadores”.
* “Que la prevención debe ser reforzada, pero eso no habilita que si un accidente laboral ocurre sea la excusa para que no se le abone la reparación integral por ser trabajador, como sí se efectiviza al resto de los ciudadanos en el caso de un infortunio”.
* “Que se establezca el pago de indemnizaciones integrales y en un solo pago, y no por montos tarifados miserables, que además se los abona en mensualmente en una renta que depende de variables financieras”.
* “Que no se pretenda ocultar formas de exclusión de derechos de los trabajadores”.
* “Que la prevención debe ser reforzada, pero eso no habilita que si un accidente laboral ocurre sea la excusa para que no se le abone la reparación integral por ser trabajador, como sí se efectiviza al resto de los ciudadanos en el caso de un infortunio”.
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