sábado, 22 de noviembre de 2014

Política energética K: la entrega final

  

Ante el error más grande de la democracia

Por Federico Sturzenegger (diputado nacional Unión-Pro. Fundación Pensar) 19/10/14.

Konrad Adenauer, artífice de la reconstrucción alemana de posguerra, decía que nunca se había ocupado de lo urgente sino siempre de los problemas de pasado mañana. Vale recordarlo cuando el gobierno, por sus urgencias macroeconómicas, está a punto de cometer el error más grande en estos 30 años de vida democrática.

El proyecto de hidrocarburos, que acaba de pasar el Senado, hace, básicamente, una cosa: extiende a perpetuidad los contratos que hoy tienen las empresas para extraer el petróleo de los argentinos. Para que se entienda, es como si el dueño de un departamento le regalara a su inquilino, si quisiera, el derecho a renovar a perpetuidad su alquiler en las condiciones que ya tiene.

El problema es que sabemos con certeza que el alquiler es demasiado barato. En la cuenca neuquina, las empresas estaban dispuestas, además de pagar las regalías determinadas por ley, a ofrecer un “extra” que se materializaba en una participación del gobierno (provincial) en las ganancias. Es que abajo está Vaca Muerta con las segundas reservas de gas no convencional del mundo. Esta ley le permitiría a los actuales ocupantes no tener que pagar ese “extra” al finalizar sus contratos ya que podrán extenderlos prácticamente en las mismas condiciones (algo así como permitir a los operadores telefónicos actuales a operar el 4G sin pagar un peso). Nuestras estimaciones indican que esta extensión, otorgada gratuitamente, les ahorrará unos 450.000 millones de dólares (en plata de hoy un número más cercano a los 200.000 millones), dinero del pueblo argentino, en particular de las provincias productoras, que con esta ley que propone el Ejecutivo, ya no podrá recibir.

Mucho se ha hablado sobre si Vaca Muerta nos transformaría en Noruega. Esta ley da por tierra con dicha posibilidad. 450.000 millones de dólares equivalen a la mitad de los activos que hoy tiene el fondo de ese país, y que aquí estamos a punto de regalar. 450.000 millones de dólares es algo más de dos veces la deuda externa argentina. Tanto lío con la deuda y vamos a regalar, de un plumazo, activos por dos veces su valor.

Es cierto que una parte de esos 450.000 millones se recuperan a través del impuesto a las ganancias y por la participación estatal de YPF. Pero YPF solo recibirá 116.000 millones de los 450.000. Y como argentinos recuperaremos solo la mitad de esa parte, que es la participación estatal en la compañía. La mitad de lo que se lleva YPF es para sus socios privados. Paradójicamente George Soros recibirá 4.000 millones de dólares y el fondo buitre Blackstone 1000 millones. Tanto pelear con los buitres para finalmente regalarles nuestro petróleo a cambio de nada.

¿Por qué un país democrático podría elegir este camino? Es difícil entenderlo. Con tamaña transferencia de renta, algunos socios con dólares YPF conseguirá. Dólares por los que el gobierno desespera y por los que está dispuesto a mal vender la riqueza natural más importante de la historia argentina. Pero esos dólares, para colmo, serán pocos, porque la ley no reduce la incertidumbre legal en la actividad, requisito necesario para que el sector privado -actor imprescindible para nuestro desarrollo energético-, pueda desplegar su potencial de inversión: la discrecionalidad gubernamental y las restricciones a comerciar se mantienen. Al bloquear la entrada de nuevos participantes el sector perderá dinamismo. Y la perpetuidad le saca urgencia a la necesidad de producir, lo cual potenciará el enervamiento del sector. Cabe preguntarse también: ¿por qué las ONG, las universidades, los académicos, han estado tan silenciosos ante este despojo inédito que el gobierno K le propone a la sociedad argentina? ¿Si los grandes perjudicados son las provincias productoras, por qué hay gobernadores y senadores de estas provincias que han avalado el proyecto? Son interrogantes preocupantes. Porque un país que pierde la capacidad de discutir en profundidad sus políticas es un país llamado a cometer errores. Es un país cuyo camino será marcado por el imperio de las urgencias. El futuro es hoy y somos responsables por él ante nuestros hijos.

Argentina: el círculo K de la entrega

Info Sur-Proyecto Sur. 28/10/2014. La diputada nacional de Proyecto Sur-UNEN analiza el círculo de la aberrante entrega de nuestros recursos en petróleo y gas por el kirchnerismo. Escribe: Alcira Argumedo, diputada nacional de Proyecto Sur-UNEN.

El círculo de la aberrante entrega de nuestros recursos en petróleo y gas, que ahora se cierra con la Ley de Hidrocarburos, comenzó a dibujarse el 30 de agosto de 1991. Ese día el presidente Carlos Menem y sus ministros Domingo Cavallo y José Luís Manzano suscriben un acuerdo con el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, por el cual se comprometen a reconocer a esa provincia una deuda de 480 millones de dólares por supuestas regalías mal liquidadas; pero dependía de la ley de privatización de YPF: de no aprobarse esta ley “quedará sin valor y efecto alguno y no podrá ser invocado como antecedente de ninguna especie”.

En función de este acuerdo, Néstor Kirchner será el protagonista principal en la solución del problema de Menem: no tenía en el Congreso los votos necesarios para aprobar la privatización, ante la negativa de la UCR y las resistencias dentro del PJ. La clave era lograr el apoyo de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos -OFEPHI- integrada por las provincias de Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz, que Kirchner presidía desde pocos días antes. Luego de meses de un arduo trabajo de convencimiento -levantando las banderas del federalismo y ofreciendo prebendas de diverso tipo- hacia comienzos de septiembre de 1992, todo estaba maduro.

El 17 de ese mes, en la Legislatura Provincial de Santa Cruz, la diputada Cristina Fernández de Kirchner expresa: “Señor presidente: Venimos a requerirle que, a través de una declaración, nuestra Honorable Legislatura se expida exigiendo a los diputados nacionales del Distrito que posibiliten el tratamiento del proyecto de la (…) Ley de Federalización de Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (para que) tenga siquiera su tratamiento en esa Cámara (…) Del dictado de esa ley depende hoy el envío de los 480.000.000 de dólares y el pago de nuestra parte en la licitación de las áreas ya concretada.”

Luego de reunirse con José Luís Manzano, el 22 de septiembre Néstor Kirchner dio una conferencia de prensa instando a los diputados disidentes a que, al menos, dieran quórum. Además, el avión de su gobernación permitió al diputado Rafael Flores viajar a Buenos Aires con una pierna enyesada: era el voto necesario para el quórum. El 23 de septiembre de 1992, la Cámara de Diputados aprueba la Ley 24.145 de privatización de YPF. El miembro informante Oscar Parrilli tuvo palabras elocuentes: “No venimos a esta sesión arrepentidos de lo que fuimos, no sentimos vergüenza de lo que somos y tampoco venimos a pedir disculpas por lo que estamos haciendo…” El diputado Álvaro Alsogaray tomó como referencia ese discurso, con calurosos elogios.

En febrero del 2007, durante un encuentro en el Salón Sur de la Casa Rosada, el presidente Néstor Kirchner manifestó: “Sabemos el genocidio que pasó nuestra industria petrolera, la increíble privatización (…) Si YPF hubiera quedado en manos nuestras estaríamos recaudando (…) entre 20 y 25 y hasta 30.000 millones de dólares por año”. No obstante, antes del fin de su mandato avaló la prórroga por 40 años del yacimiento de Cerro Dragón en Chubut y Río Negro, a favor de la British Petroleum y el Grupo Bulgheroni. En 2008, mediante un nuevo acuerdo avalado por los Kirchner, la empresa Repsol-YPF aceptó vender el 25% de su patrimonio al Grupo Petersen de Enrique Ezkenazi -banquero amigo del poder- en condiciones altamente favorables: sin poner ni un peso, la compra se pagaría con las utilidades correspondientes, gracias a un crédito avalado por la propia corporación. A cambio, se permite a Repsol vaciar la empresa: podrá disponer del 97% de sus beneficios, sin realizar inversiones ni exploración.

A causa de la privatización de YPF, en el 2011 Argentina debió importar una cantidad creciente de gas y petróleo y la balanza comercial de hidrocarburos comenzó a mostrar rojos. En mayo de 2012, en un recinto de Diputados desbordante de funcionarios -entre ellos Oscar Parrilli- y público con banderas y carteles, se aprueba la Ley de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina impulsada por la presidenta Cristina Kirchner. La drástica caída de las reservas durante la gestión de Repsol en YPF dada la insuficiente inversión, fue el principal motivo aducido y se declara de utilidad pública, sujeto a expropiación, al 51% de la empresa. El fundamento señala que “de proseguir con esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos en un país inviable, por políticas empresariales y no por recursos”; pero esas fueron las condiciones de la compra en el 2008. Por esta razón, en el 2014 se paga a Repsol el total de lo reclamado, aceptando una tasación trucha del patrimonio y sin incluir los pasivos que debían descontarse: los de Repsol tenían en la manga el acuerdo respaldado por los Kirchner.

Las acciones K tuvieron resultados catastróficos; entre 1992 y 2014, nuestro país perdió más de 250.000 millones de dólares en concepto de renta petrolera y gasífera. Pero algunos obtuvieron frondosos beneficios: en abril del 2014 la British Petroleum se auto-incrimina ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, reconociendo el pago de coimas por esa prórroga de la concesión de Cerro Dragón.

El círculo cierra con la nueva Ley de Hidrocarburos promovida por Cristina Kirchner: se entrega a perpetuidad el total de los recursos de gas y petróleo -convencional y no convencional- a las corporaciones petroleras, con la prohibición de otorgar nuevas áreas a empresas públicas o con participación estatal; por ejemplo, YPF. Se habilita la explotación depredadora del fracking, después de eliminar del Código Civil el derecho al agua potable, para que nadie moleste. Se fija un tope del 12% a las regalías, mientras Evo Morales cobra 50%: una diferencia de 38%. Según cálculos del diputado Federico Sturzenegger del PRO, por cada 1% de regalías que no cobre, el país perderá 45.000 millones de dólares en el período de 30 años; por el 10% se pierden 450.000 millones; por el 20% se llega a 900.000 millones de dólares. Montos que sucesivas generaciones del pueblo argentino ofrendarán a las corporaciones: esto para los K es ser patriotas, como Belgrano.

Ley de Hidrocarburos: una traición al país

Info Sur-Proyecto Sur 29/10/2014. Dura crítica a la reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por el kirchnerismo y que buscará aprobarse en Diputados. Escribe: Fernando "Pino" Solanas, senador nacional de Proyecto Sur-UNEN.

El modelo neoliberal y su tela de araña neocolonial no termina de morir: la contradicción principal de la Argentina se plantea entre la pobreza y enajenación de sus recursos o la defensa de sus bienes y capacidades soberanas. El conflicto se da hoy entre la recuperación de la renta petrolera o profundizar su entrega a las transnacionales, como propone el proyecto de modificación de la Ley de Hidrocarburos Nº 17.319 impulsado por el gobierno. Pretenden prorrogar sin licitación y sin pago de canon alguno, concesiones a perpetuidad, hasta la extinción total de los yacimientos. Ni Menem se animó a tanto. Su objetivo es explotar Vaca Muerta con fraking, aunque destruya el subsuelo y contamine el agua.

Estamos ante otra impostura: mientras la Presidenta denuncia a los fondos buitres, se promueve una ley que traspasa el 84% de la renta a las petroleras, quedándole a la YPF argentina solo el 16% del mercado, y de ella, se ceden partes a nuevos socios como Chevron. Con un millón de jóvenes que no trabajan ni estudian; con 5 millones de jubilados que cobran la mitad de la canasta básica; con un tercio de la población en la pobreza y miles de trabajadores amenazados con perder su empelo, la nueva ley será una provocación.

A un año de la finalización de su mandato, el oficialismo entrega millonarios recursos que pertenecen a dos o tres generaciones. Se trata de una transferencia a las transnacionales -a lo largo de las concesiones y a precio de hoy- de más de u$s 270.000 millones. No es el primer regalo: en estos años el gobierno liberó el precio del barril cuyo costo es de 13 a 15 dólares: subió de 45 a 80 dólares. Con una producción de 200 millones de barriles anuales, los consumidores están financiando a las petroleras por más de 7.000 millones de dólares por año, mientras Chevron invierte en la quimera de Vaca Muerta solo u$s 1.200 millones y se dice que no hay capital nacional.

¿No fue la privatización de YPF y Gas del Estado uno de los mayores fracasos del país ? ¿Por qué insistir en los errores? Lejos de multiplicar los yacimientos, las empresas los vaciaron sin reponer las reservas. El proyecto del gobierno está a contramano de la tendencia mundial: de las 20 mayores petroleras del mundo, 17 son estatales o públicas. El modelo de las concesiones queda para países neocoloniales con funcionarios al servicio de las corporaciones. La ley que se pretende votar es una condena para el país. Si nos miramos en el espejo de nuestros vecinos, Brasil no sería hoy la 8ª potencia mundial sin el aporte de Petrobras, ni Bolivia hubiera acabado con el analfabetismo, ni tendría en su banco central el doble de las reservas de nuestro país. Ninguna petrolera se fue de Bolivia, aun pagando el 50% de regalías.

Necesitamos un debate mayor: ampliar la mirada hacia nuestro potencial en energías renovables, eólica y solar. Además, el 80% de las cuencas sedimentarias estan sin explorar. El proyecto de ley que impulsamos desde el interbloque de senadores FAUNEN, retoma los aportes que realizamos con G. Callejas, F. Herrero y J. Rigane desde el Movimiento MORENO, continuando la política de Estado que, desde 1908, desarrollaran los gobiernos de Figueroa Alcorta, Yrigoyen, Alvear, Perón, IIlia y Alfonsín. Aseguraba soberanía energética y una renta petrolera que se invertía en ciudades, represas, rutas y hospitales.

Asimismo, el proyecto se plantea una YPF 100% estatal, recuperar el autoabastecimiento y diversificar la matriz energética con fuentes renovables; prohíbe la exportación petrolera y estipula reservas estratégicas de crudo; crea un Consejo Nacional de Hidrocarburos con representantes del gobierno, las provincias y los trabajadores; elimina el sistema de concesiones y las transforma en contratos de servicios; garantiza a las provincias petroleras una participación del 20% del producido y a las restantes un 10%; crea un impuesto al crudo del 12% para el desarrollo de las energías renovables, la reparación ambiental y la reconstrucción del sistema ferroviario. Establece normas de protección ambiental, el principio precautorio y la licencia social de las poblaciones; prohíbe la explotación de recursos fósiles no convencionales mediante la fractura hidráulica; indemniza a los trabajadores de YPF a quienes estafaron con las acciones que les pertenecían; fija una auditoria periódica de los yacimientos y el control de la AGN.

Es hora de tener grandeza. El proyecto que impulsa la Presidenta es una traición al pueblo argentino y un gravoso legado para la juventud.

* Autor del proyecto alternativo -dictamen de minoría- de Ley de Hidrocarburos, acompañado por los senadores Ruben Giustiniani (PS); Jaime Linares (Gen); Luis Juez, Norma Morandini (Frente Cívico de Córdoba); y Magdalena Odarda (C.C. ARI)




Esta semana se tratará en el Senado. Los expertos dicen que los plazos de las concesiones son largos y las regalías, acotadas. Clarín Domingo 05/10/14.

La nueva ley de Hidrocarburos podría tener esta semana media sanción en el Senado. Ya hubo algunas modificaciones de último momento que provocaron conflictos. Cinco expertos cuestionan el espíritu del texto por distintos motivos. Aquí, una lista de las 10 principales objeciones:

1 Da derechos “a perpetuidad”. “Las nuevas concesiones son de 35 años, con una prórroga por otros 10. Son 45 años. Los que tienen los yacimientos se pueden quedar hasta 2065. Se está definiendo la política energética para las próximas dos generaciones”, dice Daniel Montamat, ex secretario de Energía. En EE.UU., las concesiones son de 5 a 10 años de plazo, aunque existen cláusulas de extensión. Si es un “sweet spot” (yacimientos de alto rendimiento), el contrato es de 1 a 3 años. Por ello, parecen excesivaslas concesiones a 35 años”, detalla Fernando Rodríguez, analista del Departamento de Energía de EE.UU.

2 Anula la discusión sobre regalías “Se determina un nivel de regalías uniforme (de 12%, 15% y 18% según el plazo), cuando se está legislando sobre distintas cuencas y recursos. Quizás haya cuencas que tienen que pagar una regalía del 5% por la calidad de sus recursos y otras que tengan que pagar 50%. Es una discusión que debe darse caso por caso”, explica Jorge Lapeña, también ex secretario de Energía. “Son bienes públicos sobre los que no vamos a tener certeza”, critica. En EE.UU., el gobierno nacional cobra 12,5% de regalías. Pero Texas –mayor productor del país– exije entre 20 y 25%. El porcentaje promedio nacional que se paga en EE.UU. en regalías es del 18,75%”, agrega Rodríguez.

3 No atrae nuevos jugadores “Faltan mejoras específicas, referidas a mayores precios para el petróleo, menores costos internos, importaciones libres, acceso al mercado de cambios y un régimen de amortización que estimule las inversiones”, opina el consultor Daniel Gerold. “La extensión de concesiones es mejor tenerla que no tenerla, pero los inversores internacionales miran más los aspectos macroeconómicos”, expresa.

4 Invade la jurisdicción provincial “Otorga a una comisión creada por el Poder Ejecutivo (por el decreto 1277) facultades que son de las autoridades concedentes (las provincias)”, marca Montamat. “Lo misma pasa con el ‘bonus’ (un adicional cuando se renuevan contratos). Se parametrizó un 2% de bonus cuando se tendría que haber establecido una fórmula polinómica, para que cada provincia pudiera manejar ese “bonus”, reprende Montamat

5 Genera más “Chevron” “Un área como la otorgada a Chevron tiene 400 km2. Es grandísima. Se están invirtiendo US$ 2.000 millones en 20 km2. Si esta prueba es factible, se van a necesitar US$ 16.000 millones.  Nuestra empresa de bandera (YPF) vale US$ 10.000 millones”, ironizó Lapeña en el Senado sobre la dependencia que YPF estableció con socios extranjeros para estos desembolsos. “Se vienen Chevron 2, Chevron 3. Ni la Nación ni las provincias podrán participar en contratos secretos”, se distancia Montamat.

6 Restringe la competencia Pone a YPF como principal actor del mercado, restringiendo la competencia. “La ley consolida al actor más grande hacia el futuro. Esto puede dificultar el ingreso de nuevas compañías”, examina Gerold. “Le dará más control a YPF convirtiéndola potencialmente en una Pemex, Petrobras o PDVSA: tres empresas que atentan contra la competencia dado su monopolio del upstream (producción) y downstream (refinación), son mal gerenciadas y están endeudadas”, puntualiza Rodríguez, en un texto que realizó con José Brillo, ex diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino que asesora al senador Guillermo Pereyra.

7 Descuida el crudo convencional Por la producción convencional pasa el déficit energético. “La producción de petróleo está en su peor nivel desde 1998 y la de gas, desde 2004. “El 97% de los yacimientos convencionales están subexplotados”, dice Montamat.

8 Faltó debate Los cambios en la legislación hidrocarburífera en Brasil y México fueron resultados del acuerdo entre el oficialismo y la oposición. “Aquí es entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores. Un cambio de esta naturaleza requiere de mayor debate, no que se trate en dos jornadas”, analizó Lapeña.

9 Más política que negocios Salvo Petronas, que está próxima a firmar por YPF, ninguno de los especialistas conoce acuerdos “inminentes” para el ingreso a Vaca Muerta por la sanción de esta ley. Se habla de un supuesto interés por parte de capitales rusos, pero eso tendría más que ver con un acercamiento entre los presidentes (Cristina Kirchner y Vladimir Putin, de Rusia) que por cuestiones de negocios.

10 Falta el voto de las legislaturas La ley tiene que ser refrendada por los Poderes Legislativos de las distintas provincias involucradas. Se presagia que los debates serán muy arduos. “Se convertirá en un tema de campaña que los opositores tratarán de usar contra los gobernadores”, retrata Gerold. “Los anexos –con los detalles– los deben debatir los legisladores provinciales”, admitió Marcelo Guinle, senador nacional de Chubut por el Frente para la Victoria.

La ley Chevron: a pedir de boca de las transnacionales

Artículo publicado en el Periódico de la CTA Nº 107, corrspondiente a los meses de noviembre-diciembre 2014. Exactamente el día en que el Congreso Nacional Argentino daba por aprobada la nueva Ley de Hidrocarburos, en Pensilvania, Estados Unidos, eran detenidos una cantidad importante de activistas que vienen oponiéndose, hace tiempo ya a la extensión de la extracción de hidrocarburos no convencionales por el llamado método fracking.

La ley que en Argentina posibilita la ampliación de la extracción de los hidrocarburos no convencionales, con el método llamado fracking o fractura hidráulica, es resistido hace tiempo ya, en el corazón mismo de EE.UU. y en gran parte de los países de Europa, como así también, con gran persistencia y una intervención bastante importante, de las comunidades afectadas en la misma Rusia.

La competencia por el dominio energético a nivel mundial, lleva a los Estados Unidos y a sus corporaciones más importantes, a afectar, inclusive, parte de su territorio, incluidas poblaciones enteras que sufren la contaminación de estas compañías.

La comunidad de víctimas del gas (Gas vetscomunities) del Estado de Pensilvania, a través de uno de sus activistas, Craigs Stevens, en un documental de RT Televisión de diciembre de 2011, denunciaba el incremento de los sismos y la contaminación de las aguas, por la práctica del fracking, además del gran negocio de las corporaciones en torno de esta intensiva forma de extracción de hidrocarburos, a costa de las comunidades colindantes con los pozos de extracción de gas. Recordemos que este método usa aproximadamente 800 sustancias químicas, de las cuales 650 son cancerígenas y la tercera parte afectan el sistema nervioso, además de no conocerse los efectos sinérgicos de los productos químicos usados en este método.

Ley de Hidrocarburos for export

La brutal manipulación a la que nos tiene acostumbrado el régimen actual, nos habla de las ventajas de la nueva Ley, que en realidad es una readaptación de las normas jurídicas argentinas, sin cuestionar la linealidad que la reforma de la Constitución del ‘94 significó en ese sentido, de la cual se mantiene su sentido más estratégico, a las nuevas relaciones que tienen los estados dependientes, a nivel mundial, con los giros en términos geoestratégicos del actual modelo de acumulación capitalista y de cómo estas readaptaciones son funcionales enteramente a los designios de este nuevo orden mundial. Es en este sentido que la nueva Ley de Hidrocarburos, al unísono con la promovida oficialmente Ley de Semillas, o ley Monsanto, marcan el sentido verdadero de la legislación contemporánea argentina. Se podría decir, en este sentido que en realidad es la Ley Chevron, porque son legislaciones orientadas para ser usadas no sólo en Argentina.

La necesidad de los centros de poder mundial, de acopio y apropiación de comoditties baratos relacionados con la energía y alimentación a la vez (la soja es usada también para la producción de biocombustibles), además de materias primas especificas usadas en la construcción de parques energéticos adaptados al mega-consumo de sus compañías,son dos puntos centrales en las disputas globales por el dominio sobre la energía y los bienes naturales.

La nueva ley de hidrocarburos, es explicable también desde la perspectiva energética pura, pero no desde un vértice soberano, sino desde la dependencia, porque precisamente, quienes necesitan ampliar su matriz energética a escala global, no es Argentina,sino más bien las economías de enclave que son súper-usuarios de ésta a partir de sus mega-emprendimientos, pero así también, porque las corporaciones y los centros de poder mundial vienen prospectando una política de acumulación y exportación masiva de hidrocarburos desde los países dependientes.

El importante grado de disponibilidad que la reforma de la Constitución del ‘94 le da a las provincias, y el rompimiento con el inalienable dominio sobre los bienes naturales de la nación, formula una estrategia en el sentido de negociaciones “por separado” con las corporaciones mundiales del rubro, pero fundamentalmente porque esta estrategia, encuentra mejor argumento logístico en la zonificación del mundo y sus territorios y el establecimiento de sus factorías depredadoras itinerantes, acoplan el aceitado orden económico de las llamadas economías de enclave y “diversifican” su poderío de manera múltiple, en un mismo país a la vez.

Según Aranguren, de Shell, “Tener de socio a la provincia no es malo, porque ante problemas con el gobierno nacional por la importación de equipos o el incremento de las retenciones a la exportación, o con las comunidades locales y los sindicatos, es más fácil encontrar una solución si la empresa provincial participa” (Perfil, 24/8/2014). De la misma manera que la Ley de Inversiones Mineras homologa una legislación a pedir de las necesidades de las corporaciones del rubro, que en la gran mayoría de los casos son los mismos que el de las petroleras, la nueva ley lo es para el rubro petrolero y gasífero.

La llamada nueva ley, es en realidad consecuencia y parte de los acuerdos del gobierno argentino con los organismos multilaterales de crédito, relacionados a la deuda externa y el reciclado de esta; como el acuerdo con el Club de Paris, donde uno de los puntos centrales son la inversiones en el sector energético y las zonas sensibles para las corporaciones mundiales, como así también la promoción de Shale de la mano de Chevron, como punto inicial de la mentada soberanía hidrocarburífera que es más bien una burla.

Chevron es una de las tantas empresas movilizadas por la política de los Estados Unidos, como uno de sus modos, para que estas sean operadoras de áreas y/o prestadoras de servicios, no solamente para hegemonizar el rubro, sino también para reducir su dependencia externa; igualmente, su interés de diversificar sus fuentes de abastecimiento,se relacionan a la necesidad de contrapesar a otros productores de gran importancia como Rusia y generar una opción a otros proveedores “complejos”, como Venezuela, Oriente Medio y Noráfrica.

La nueva ley posibilita la integralidad de exploración y explotación de los no convencionales en su conjunto a través de la expansión de otras áreas con alto contenido de éstos, como la Cuenca de San Jorge, o la Cuenca Cuyana, que cuenta además, con las llamadas arenas bituminosas.

En el manual de operaciones adjunto a la agenda de dominación capitalista, en la cual las corporaciones extractivistas son las mimadas del actual régimen, Argentina tiene un lugar central; la Agencia de Información Energética Estadounidense (EIA) tiene su propia zonificación de los espacios con alta importancia estratégica, en el “Estudio Económico sobre Recursos Convencionales, Shale Oil & Shale Gas en Argentina”. Tienen computadas y constatadas certeramente, las estimaciones sobre reservas de no convencionales en distintas cuencas del país.

La llamada nueva Ley de Hidrocarburos no modifica el actual esquema hidroenergético actual, por el contrario refuerza la dependencia cada vez mayor de nuestro sistema energético al poder transnacional y pone de rodillas a la Argentina frente a las corporaciones más poderosas del rubro del saqueo como Chevron, pero también pone de cara a la sociedad la verdadera funcionalidad de un modelo que cada vez tiene mayores resistencias a nivel mundial.

BONUS TRACK: UNA SOSPECHA CONFIRMADA

  
La Nación 117/09/16. Por Carlos Pagni.

La UIF (Unidad de Investigación Financiera) denunció que Cristina Kirchner y su esposo cobraron por sus ahorros tasas de hasta el 47%. Se las pagaba la familia Eskenazi, dueña del Banco de Santa Cruz. El matrimonio agradeció con creces. En 2007 Néstor Kirchner forzó a Repsol a ceder a Enrique Eskenazi 25% de YPF. A cambio Repsol recibiría los dividendos que Eskenazi cobraría en YPF. Esta deliciosa maniobra, desconocida en la historia del capitalismo, le valió a Eskenazi el título de "experto en mercados regulados".


Murió Kirchner y cambió todo. La viuda creyó que el 25% de YPF le pertenecía. Por eso rompió con los Eskenazi y estatizó las acciones de Repsol. Las de Eskenazi quedaron para los acreedores. Quizá Cristina Kirchner, enojada y todo, les haya hecho otro regalo incalculable: como estatizó de mala manera, los Eskenazi iniciaron un reclamo judicial en los Estados Unidos a través del fondo Burford Capital, que pretende cobrar más de U$S 3000 millones. Exponentes de un tipo de empresario que sólo hace negocios sin plata, los Eskenazi reintrodujeron en el país una especie que se creía extinguida: los buitres.


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