Como sugería en el artículo sobre la ONCCA, más abajo, la Administración Pública Nacional (APN) -como empleadora y gerenciadora- es un desmadre donde no se cumple la ley, existiendo numerosos estamentos que deberían velar por ello y se hacen los distraídos.
Para muchos del sector privado, tener un Estado discapacitado es sinónimo de mayores ganancias: mejor cuanto menos técnico, profesional y organizado sea su personal y más corruptos los funcionarios que lo administran. Para los políticos, un Estado bobo es sinónimo de impunidad porque pueden robar sin dejar rastros.
Para los ciudadanos argentinos en general, la falta de autoridad y calidad institucional convalidan nuestro habitual desapego a las normas, resienten nuestra convivencia e involucionan nuestra cultura.
Tener un Estado inútil fue el objetivo del gobierno de Menem y sus amigos, quienes destruyeron organismos estatales de jerarquía o regalaron sus bienes, por ejemplo las Juntas de Carnes y Granos, el Instituto Forestal Nacional, ELMA, YPF, etc. O Aerolíneas Argentinas cuando daba ganancias. Eso no significa magnificar ni idealizar esas empresas estatales a la distancia: también algunas daban pérdidas inauditas, había derroche y corrupción. Era un clásico la llamada "patria contratista": empresas de servicios beneficiadas por los funcionarios de turno con trabajos de tercerización.
Los argentinos no fuimos lo suficientente inteligentes para que las empresas públicas funcionaran con eficiencia y cuando sonó la ola privatizadora en los '90s pocos pudieron defenderlas y como los decentes no pesan, el "benemérito" Dr. Dromi hizo lo que quiso junto a la familia Alsogaray y el establishment sonrientes (ver "Cipayos..."). Como somos un país de injusticias, todavía caminan por la calle libremente. El peronismo acomodaticio se olvidó pronto de sus paradigmas y levantó la mano complaciente en el Congreso, por unas monedas.
La mayoría de los organismos y empleados del Estado Nacional se hallan en el conglomerado llamado "Administración Pública Nacional" (APN). Si Uds. ingresan a la página oficial de la Secretarìa de la Gestión Pública pueden indagar su composición. Básicamente son todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional (Ministerios de Economía, del Interior, Trabajo, etc.), el sector militar y organismos descentralizados (ver organigrama). Está compuesto por agentes "de planta permanente" que se rigen mayoritariamente por un sistema organizativo que se llama SINEP (Sistema Nacional del Empleo Público) y empleados contratados bajo diversas modalidades.
En nuestro Estado desde hace años puede ingresar "sin concurso" (sin exámenes de ingreso públicos reglamentarios) cualquier persona que tenga una recomendación de un político que tenga llegada a quienes manejan un organismo público. Es un mecanismo que les resulta muy útil para pagar favores políticos a "punteros" o amigos, independientemente que tengan capacidad o cuenten con una especialización laboral afín al puesto. A mayor influencia, contratos más jugosos y puestos más altos. Con el paso del tiempo y cambios de gobiernos, si nadie protesta y no hacen grandes locuras, los beneficiados suelen formar "capas geológicas" que se van depositando y cubren a los de mayor antiguedad, que son los que les enseñaron a trabajar. Es decir, conservan trabajo e ingreso sin que necesariamente su puesto sea de utilidad para el servicio público.
Los empleados "de planta" (los que antiguamente ingresaron por concurso) se hallan en extinción porque debido a un decreto de nuestro "prócer" Domingo Felipe Cavallo, se prohibió en los noventa -también durante el menemato- toda cobertura de vacantes producidas por renuncia, despido, retiro o jubilación y todo ingreso efectivo en los planteles de la A.P.N., supuestamente para adelgazarla: peor el remedio que la enfermedad.
Más adelante, con otro decreto de necesidad y urgencia, el gobierno de Duhalde reafirmó el congelamiento de vacantes y cerró el ingreso mediante concursos, siendo dicha norma incorporada sucesivamente en las distintas leyes del Presupuesto de la Nación (normalmente artículo 6 o 7).
Con esta modalidad, el Estado Argentino se convirtió en el principal empleador "en negro" del país, aunque parezca bizarro, porque las numerosas incorporaciones son por contratos "de obra" , tratándose de relaciones de trabajo precarias: no hay estabilidad, aportes, cobertura legal ni social, etc. y los derechos laborales están restringidos.
Ese es un fenómeno generalizado en la A.P.N. que los políticos, los sindicatos (UPCN por cómplice, ATE por impotente) y el desinterés mismo de los argentinos tira -como basura de living- debajo de la alfombra. Los sucesivos gobiernos heredan el problema pero no lo solucionan, por incapacidad o por conveniencia.
Ese es un fenómeno generalizado en la A.P.N. que los políticos, los sindicatos (UPCN por cómplice, ATE por impotente) y el desinterés mismo de los argentinos tira -como basura de living- debajo de la alfombra. Los sucesivos gobiernos heredan el problema pero no lo solucionan, por incapacidad o por conveniencia.
Por el lado de los sindicatos que se dividen la afiliación de los trabajadores estatales, UPCN (Uniòn Personal Civil de la Nación al mando de Andrés Rodríguez) es el "bendecido" por el gobierno, con quien comparte prebendas: la mayoría de los ingresos de contratados es con la venia de esta agrupación, quien se asegura la afiliación de los ingresantes y detenta el jugoso manejo de la obra social. A modo de agradecimiento, sus jerarcas burócratas arreglan -por ejemplo- con el gobierno un aumento del 20% para el año, muy inferior a la inflación real. De gauchos, nomás. O apoyan sin chistar la ìrracional y patotera intervención en el INDEC y el atropello a sus empleados. Mientras tanto, no se reconoce al más democrático y racional ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) ni aunque se lo pida la Organización Mundial del Trabajo.
El otro lado siniestro que presenta el tema de las contrataciones es que, increíblemente el Estado Argentino ha renunciado al derecho de admisión: los concursos públicos exigidos en la legislación para ingresar están prácticamente congelados, salvo convenientes excepciones. En cualquier empresa los dueños eligen las capacidades y condiciones de los candidatos a un puesto pero en nuestro Estado, no. Así los contratos significan un festín para que los políticos de turno repartan favores. Un analfabeto podría ingresar hoy como director o supervisor con un lindo despacho y con amplias facultades, cobrando un "contrato de servicios" mentiroso, facturando como monotributista, por ocho mil pesos o más. Puede firmar en nombre del Estado aunque no sea legalmente funcionario. Un poco más difícil será que consiga chofer pero no tanto conseguir un auto oficial gratis, si está dispuesto a manejarlo.
Esa metodología viola la ley en varios aspectos, sin guardar mayor decoro. Por ejemplo, los empleados contratados no pueden superar en número un determinado porcentaje de los de "planta permanente" y hoy son una amplia mayoría, aunque los números oficiales digan otra cosa. Cae de maduro para cualquiera que recorra un organismo público y vea su realidad y por el simple hecho que han pasado más de quince años del decreto congelante de Cavallo.
¿Algunas precisiones? La ley marco de regulación de empleo público nacional Nro. 25164 de 1999, en su capítulo III-artìculo 9, dice: "El régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales, no incluídos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. El personal contratado en esta modalidad no podrá superar en ningún caso el porcentaje que se establezca en el convenio colectivo de trabajo, el que tendrá directa vinculación con el número de trabajadores que integren la planta permanente del organismo. Dicho personal será equiparado en los niveles y grados de la planta permanente y percibirá la remuneración de conformidad con la correspondiente al nivel y grado respectivo". Un colador, por donde se mire. En http://www.infoleg.gov.ar/ están todas las normas relacionadas al tema, no tiene muchas vueltas.
Otra de las irregularidades refiere a que los agentes de planta permanente que deben enseñar sus tareas a los contratados ganan mucho menos que éstos. Es decir, una "pequeña" violación a la Constitución Nacional (artìculo 14 bis) que establece que a igual tarea corresponde igual remuneración. Imagínense la desmotivación que provoca semejante dislate.
Pariente de esta situación en el Estado Argentino es la inexistencia de una real "carrera administrativa" por la cual el personal pueda tener movilidad ascendente según un sistema de capacitación y méritos laborales. Está escrito en los reglamentos pero olvídense: no hay recompensa para el que se esfuerza, se capacita y es honesto.
Este particular empleador tiene previsto diversos suplementos salariales compensatorios en el convenio colectivo de trabajo correspondiente al SINEP (Acta de Acuerdo del 11/12/09 y Decreto 423/10) pero, seguramente por estar manejado por funcionarios criados en el menemato y la U.C.D., son celosamente prohibidos aunque se tenga legítimo derecho a ellos, con la excusa de "no sentar precedentes".
Así, por ejemplo, se menciona en el artìculo 87 la denominada "función específica", tareas cuyo reclutamiento resulta dificultoso en el mercado laboral. Les aseguro que existen muchas que deberían entrar en el rubro pero no son reconocidas. Eso si: cuando hay llegada a un ministro pueden recibir el beneficio traductores de idiomas o gente de ceremonial de Presidencia, aunque no sean profesiones extrañas. De hecho esta gente lo tiene, sin respetarse el espíritu de la regla. Y en el artículo 95 se prevee otro suplemento para funciones que pusieren en peligro la integridad psicofísica del trabajador o se desarrollen en ámbitos riesgosos: acá también estos fascistas se sientan sobre la tapa de la caja porque, si no hubo novedades en los últimos tiempos, no habría catalogado ningún "trabajo riesgoso" en la administración pública argentina. ¡Que funcionarios tan celosos! Pareciera que los beneficios laborales solo pueden ser para la clase política.
De esta pesada herencia el actual responsable es el Doctor Juan Manuel Abal Medina (h), titular de la Secretaría de la Gestión Pública desde hace muchos años y asesor de Néstor Kirchner en el Congreso, entre otras ocupaciones. Dependiente a su vez del Jefe de Gabinete, el abogado y contador Aníbal Fernández, príncipe nacional del sofismo caradura.
Es apabullante la cantidad de acciones, reglamentaciones, convenios y simposios que el Doctor y su equipo de expertos en administración pública ha producido o se asigna bajo su mandato. Los servicios que recibe la sociedad de su administración no son eficientes ni transparentes ni baratos sus costos y la situación laboral de sus trabajadores es injusta.
Entre otros problemas, lo que no solucionó en tanto tiempo el Doctor (y quienes le dan permiso) es como blanquear miles y miles de trabajadores sin levantar polvareda ni aumentar el gasto público, como adaptar los importes de los contratos a los magros sueldos oficiales de la A.P.N., como convencer a un gremio de pesados de echar contratados inútiles o empleados corruptos, como respaldar la democracia sindical, como evitar una enorme cantidad de juicios contra el Estado si niega las relaciones de trabajo preexistentes, como eliminar la corrupción en licitaciones y compras directas, como planificar y profesionalizar estructuras... en suma, como hacer las cosas patrióticamente. Horanosaurus.
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Buena nota saurus...... pienso igual en el parrafo donde decis que al no haber podido manejar bien las empresas del estado...las perdimos en la ola privatista. Lo demas es aprendizaje para los que nunca tuvimos mucho que ver con el estado.....aunque siempre sospechamos.
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