La cuarentena récord que el gobierno kirchnerista dispuso para contrarrestar la pandemia de coronavirus, tuvo como puntapié inicial la parálisis del sector público con pocas excepciones. La sociedad no notó demasiado la ausencia prolongada de la burocracia estatal aunque resultó notoria y loable la acción de los trabajadores de la salud: los verdaderos héroes del momento. Las fuerzas de seguridad -que también pusieron lo suyo a pesar del destrato de arriba- tuvieron que recordarle a las autoridades que no pueden correr a los delincuentes en bicicleta y desnudos. Por eso es fácil advertir como muchos agentes miran hacia otro lado cuando las papas queman. "Que te atiendan Berni y la Frederic", parecen decirnos. Si le apunto a los chorros, me joden a mi, razonan.Mientras el sector privado tiene un futuro incierto por efectos del coronavirus y del desmanejo económico, miles de trabajadores quedan sin laburo, cierran 19000 PyMES y 40000 negocios, otros no pueden pagar alquileres y sueldos y se van algunas multinacionales del país por falta de garantías, el gobierno no muestra empatía alguna. Demostrando nada de solidaridad con el resto de la sociedad, la casta gobernante decidió no reducir sus ingresos en ninguno de los tres poderes. Un descuento moderado de los sueldos públicos hubiera servido de ejemplo y aliviado algunas cuentas, como haría en época de guerra cualquier país. En la Argentina los privilegios nunca se acaban. Ni siquiera se interrumpen.
El presidente Fernández manifestó que un gesto de esos sería demagogia y que el monto del ahorro resultaría nimio. Miente. Es su manera de vivir. Alguien hizo las cuentas y con el 20% de los sueldos públicos hubieran recaudado lo mismo que la suma que pretende el nuevo impuesto a la riqueza. Como si fuera poco Alberto F. permitió al elenco que lo acompaña en su aventura -que dice ser de "científicos"- promover el pago retroactivo a los legisladores del Mercosur por no trabajar nunca, y también pensiones caídas al ex presidente Amado Boudou, pese a haber sido condenado por corrupto. Para otro tipo de barbaridades políticas del kirchnerismo reinante sugiero leer "Volvieron peores", reciente entrada de este blog.
El crítico economista Roberto Cachanosky, abanderado de la lucha antiestatal, puede resultar extremista en muchas de sus posturas. Pero lo que debe alarmarnos son las causas de sus denuncias certeras, no sus exageraciones. Cachanosky contabiliza 3,7 millones de empleados públicos en el orden nacional, provincial y municipal, habiendo sido 2,6 millones en 2005. Agrega que "El verdadero costo de la política se estima en 6% del PBI". (InfoBAE 14/09/20) aunque en todo concepto llega al 12%. Con datos tragicómicos, como los 1420 empleados en la Biblioteca del Congreso.
Entre otras cosas, tampoco se respeta otra exigencia prioritaria: los candidatos a esos puestos -que ganan sueldos más que interesantes- no pueden tener relación previa en el ámbito privado con la actividad que se supone supervisarán o controlarán. Al menos, debe demostrarse un período de carencia. ¿Recuerdan al ex ministro de Energía macrista, Juan José Aranguren? Fue designado en ese puesto a pesar de haber sido presidente de la petrolera Shell Argentina hasta 2015. Saltó de un puesto al otro, burlándose de la ley y de todos los argentinos. Hay un montón de ejemplos más.
Nadie le reclamó al hoy defenestrado Juan Manuel Abal Medina después de unos ocho años en la poltrona de la Secretaría de la Gestión Pública y otro puchito como Jefe de Gabinete que no resolviera nada importante. Zafó en la imputación en su contra por los fondos de Fútbol para Todos. Lo ayudarán otros cómplices para zafar en la causa de los cuadernos. Para eso estudiaste tanto, Juan Manuel? Sería bueno también subir a un estrado al otrora superpoderoso ministro de Modernización del gobierno de Macri, Andrés Ibarra -antes que se aleje mucho- y preguntarle que resultados obtuvo en su tan mediática y cacareada gestión. Además del desconocimiento y la soberbia de los CEOs que aportó ese gobierno al manejo de la cosa pública, el despido de unos miles de empleados y el acoso a los restantes, su único logro fue la actualización de la gestión mediante digitalización. No pudieron hacer mucho porque nunca entendieron al Estado, lo seguían viendo como sabueso de sus fechorías, como el ex ministro de Agricultura, Luis Etchevehere, hombre de la Sociedad Rural. Quisieron sacarle el respirador artificial para que muera de una vez. Ver "Lo que menos hizo el Ministerio de Modernización, fue modernizar el Estado". Diagonales.com 19/11/19. Por Juan von Zeschau.
Al asumir, anularon gran parte de los concursos públicos de 2015 realizados por el kirchnerismo. Aunque no fueron cuantitativamente de importancia y estuvieron sospechados de parcialidad para formalizar a partidarios ingresados a mansalva, constituyeron los primeros que se realizaron en dos décadas (leyó bien) y merecían una revisión a fondo, porque formalmente cumplían con los requisitos legales.
En vez de recortar los enormes gastos superfluos e improductivos del Estado, se siguen alimentando la demagogia y el dispendio que hipotecan nuestro futuro. Editorial La Nación 05/12/20.
Léese en el Boletín Oficial.: "Dase por designada a (...) en el cargo de Coordinadora de Vinculación entre el Presupuesto y la Planificación Estratégica de la Dirección de Estudios y Evaluación del Presupuesto Nacional de la Dirección Nacional de Coordinación del Presupuesto Nacional de la Subsecretaría de Coordinación Presupuestaria de la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público-Privada de la Jefatura de Gabinete de Ministros.". No es un caso exótico ni una perla negra. Basta ingresar en el sitio web del Mapa del Estado para encontrar los organigramas más complejos e insólitos que una imaginación pudiese pergeñar. Todos los sinónimos de las palabras coordinación, articulación, planificación, seguimiento y evaluación han sido utilizados. La Jefatura de Gabinete, que hasta 1994 no existía, contiene hoy tantas reparticiones en su órbita que replica el número de ministerios que coordina.
De igual manera proliferan cargos redundantes y
superfluos en las estructuras de provincias y municipios, empresas estatales y
organismos descentralizados. Todos amparados bajo la enseña patria y el escudo
nacional. Y protegidos por sindicatos, padrinos políticos y gobernadores.
Los mercados todavía se ilusionan ante la perspectiva de
un giro ortodoxo por parte de Alberto Fernández y su ministro Martín
Guzmán. Pero, como siempre, el hilo se cortará por lo más fino. El sentido
común indicaría que hay que eliminar los innumerables cargos y funciones que no
crean valor para beneficio colectivo. Por lo menos, no un valor que el país
pueda solventar. Se podría realizar una visita virtual por las burocracias
públicas, como por un museo, para mostrar a cada argentino, en vivo y en
directo, las tareas de cada dependencia habilitando un espacio para preguntas y
respuestas. Para finalizar, a través de un simple formulario, el ciudadano
expresará si contribuiría al sostenimiento de cada eslabón del Estado con parte
de su sueldo. Una buena vara de medición.
En ciencia fiscal se sabe que esto no es posible, porque
nadie devela sus verdaderas preferencias y todos quieren que el gasto público
lo paguen los demás. De todas formas, es una buena metáfora para describir la
asimetría entre las astronómicas cifras que malgasta el Estado y los
dramáticos niveles de exclusión y pobreza en la sociedad.
Como un río cuyo caudal decrece con la derivación de
aguas a canales de riego, así es el desvío de fondos públicos para fines tan
inútiles como rimbombantes, a medida que son detraídos por múltiples oficinas
en el curso de los organigramas. Con solo descontar los abultados sueldos
de muchos funcionarios, al final del camino, quedan apenas monedas para cumplir
con lo declamado.
Pese a las críticas estatistas al mercado y a la sociedad
civil, es aquí donde verdaderamente funciona a la perfección el sentido
común. Cuando la plata no cae "de arriba", los gerentes y
administradores deben respetar perfectamente los límites de su caja. Y
cuando llega el momento de recortar gastos, saben bien qué funciones crean
valor y cuáles lo destruyen. Y quiénes son los buenos empleados y quiénes no lo
son.
En los extensos organigramas de la Jefatura de Gabinete,
de ministerios, de empresas estatales y organismos descentralizados, de las 23
provincias, la ciudad de Buenos Aires y más de 1500 municipios, nadie puede
actuar como los gerentes y administradores de la sociedad civil, pues todos
actúan con otra lógica: la lógica política de una caja ajena.
El último día de la gestión presidencial de Cristina
Fernández, el Boletín Oficial publicó 188 páginas con una cantidad inaudita de
contrataciones, incorporaciones, prórrogas de contratos y pases a planta
permanente que aún repercuten en los gastos que ahondan el déficit fiscal.
Durante la gestión de Macri la administración nacional redujo su
dotación en alrededor de 40.000 empleados, pero las provincias y municipios la
aumentaron en 110.000. El inicio y el final de cualquier gestión es un
excelente momento para pagar favores y dejar convenientemente apostados a los
propios.
La mayor parte de los cargos jerárquicos son cooptados
por militantes o son retribución de apoyos políticos, ya sea en las
legislaturas como en las calles. Ningún superior dirá jamás que alguna
repartición a su cargo es superflua. Y solamente apuntará nombres con lápiz
rojo por razones políticas, jamás por incapacidad o falta de méritos. Los
cargos públicos son esferas de poder cuando la consigna es "ir por
todo". La eficiencia es un prurito neoliberal para desarticular
proyectos de liberación.
Las provincias tienen asegurado el mantenimiento de sus
estructuras mientras cumplan con la advertencia del venezolano Diosdado
Cabello : "El que no vota no come". Es decir, quien no
acompaña al kirchnerismo en el Congreso nacional no recibe fondos para sus
jurisdicciones. A su vez, esta perversa componenda permite que el oficialismo
logre votos para subir la presión fiscal con nuevos impuestos en lugar de
apuntar a reducir gastos. Pudiendo disminuir también los fondos para la
ciudad de Buenos Aires, perjudicando al opositor que hasta hace poco era
considerado amigo.
Es cierto que el mayor egreso del Gobierno corresponde a
la seguridad social, donde el kirchnerismo desbalanceó la proporción de
aportantes y beneficiarios al abrir las compuertas de las jubilaciones sin
aportes que le granjearon muchos votos, en lugar de utilizar la figura del
subsidio social. Pero, como en todo ajuste perverso, se comienza con quienes
carecen de sindicatos para reclamar, perjudicando más a quienes aportaron y
deben ahora sufrir el costo de aquella desmesura que colocó en pie de igualdad
a quien trabajó y aportó con el que no. Lo correcto sería restablecer la
sustentabilidad del sistema (cuatro aportantes por cada jubilado) con una
reforma profunda, que no se realizará, pues es más fácil reducir
beneficios con fórmulas opacas y complejas que evocan a Robin Hood.
La eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y
de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) también implicaría afectar a
grupos numerosos de la sociedad, carentes de organización sindical para
reclamar. En particular, la abrupta interrupción de este ingreso para pequeños
comercios y pymes que aún no funcionan a pleno y están obligados a mantener su
personal puede causar otro desastre en el ya castigado tejido social. En
contraste, nada tendrán que temer quienes anidan en organigramas
nacionales, provinciales y municipales, con títulos presuntuosos, sueldos
garantizados y acomodados en confortables sillas, cuando no son ñoquis, por más
inútiles que sean.
La reducción de subsidios económicos a la energía y el
transporte para equilibrar las cuentas fiscales requiere en simultáneo una
expansión de la economía para que la población pueda pagar los aumentos de
tarifas. Difícilmente ello ocurra en un contexto de caída de la inversión con
diáspora empresaria, por falta de confianza. Así que tampoco la autorizarán
desde el Instituto Patria. Nadie quiere pagar los costos de tan
impopulares medidas.
Mientras los organigramas no se toquen, cualquier ajuste será asimétrico, desigual, cobarde y tramposo. La connivencia entre el gobierno nacional y los gobernadores aliados por el manejo de la coparticipación no augura ningún futuro feliz en materia de cuentas fiscales, emisión monetaria, presión fiscal y endeudamiento interno. Aunque el ministro de Economía desee lo contrario. Los organigramas se alimentan del bolsillo ciudadano.
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