En vez de recortar los enormes gastos superfluos e
improductivos del Estado, se siguen alimentando la demagogia y el dispendio que
hipotecan nuestro futuro. Editorial La Nación 05/12/20.
Léese en el Boletín Oficial.: "Dase por designada a
(...) en el cargo de Coordinadora de Vinculación entre el Presupuesto y la
Planificación Estratégica de la Dirección de Estudios y Evaluación del
Presupuesto Nacional de la Dirección Nacional de Coordinación del Presupuesto
Nacional de la Subsecretaría de Coordinación Presupuestaria de la Secretaría de
Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público-Privada de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.". No es un caso exótico ni una perla
negra. Basta ingresar en el sitio web del Mapa del Estado para
encontrar los organigramas más complejos e insólitos que una imaginación
pudiese pergeñar. Todos los sinónimos de las palabras coordinación,
articulación, planificación, seguimiento y evaluación han sido utilizados.
La Jefatura de Gabinete, que hasta 1994 no existía, contiene hoy tantas
reparticiones en su órbita que replica el número de ministerios que coordina.
De igual manera proliferan cargos redundantes y
superfluos en las estructuras de provincias y municipios, empresas estatales y
organismos descentralizados. Todos amparados bajo la enseña patria y el escudo
nacional. Y protegidos por sindicatos, padrinos políticos y gobernadores.
Los mercados todavía se ilusionan ante la perspectiva de
un giro ortodoxo por parte de Alberto Fernández y su ministro Martín
Guzmán. Pero, como siempre, el hilo se cortará por lo más fino. El sentido
común indicaría que hay que eliminar los innumerables cargos y funciones que no
crean valor para beneficio colectivo. Por lo menos, no un valor que el país
pueda solventar. Se podría realizar una visita virtual por las burocracias
públicas, como por un museo, para mostrar a cada argentino, en vivo y en
directo, las tareas de cada dependencia habilitando un espacio para preguntas y
respuestas. Para finalizar, a través de un simple formulario, el ciudadano
expresará si contribuiría al sostenimiento de cada eslabón del Estado con parte
de su sueldo. Una buena vara de medición.
En ciencia fiscal se sabe que esto no es posible, porque
nadie devela sus verdaderas preferencias y todos quieren que el gasto público
lo paguen los demás. De todas formas, es una buena metáfora para describir la
asimetría entre las astronómicas cifras que malgasta el Estado y los
dramáticos niveles de exclusión y pobreza en la sociedad.
Como un río cuyo caudal decrece con la derivación de
aguas a canales de riego, así es el desvío de fondos públicos para fines tan
inútiles como rimbombantes, a medida que son detraídos por múltiples oficinas
en el curso de los organigramas. Con solo descontar los abultados sueldos
de muchos funcionarios, al final del camino, quedan apenas monedas para cumplir
con lo declamado.
Pese a las críticas estatistas al mercado y a la sociedad
civil, es aquí donde verdaderamente funciona a la perfección el sentido
común. Cuando la plata no cae "de arriba", los gerentes y
administradores deben respetar perfectamente los límites de su caja. Y
cuando llega el momento de recortar gastos, saben bien qué funciones crean
valor y cuáles lo destruyen. Y quiénes son los buenos empleados y quiénes no lo
son.
En los extensos organigramas de la Jefatura de Gabinete,
de ministerios, de empresas estatales y organismos descentralizados, de las 23
provincias, la ciudad de Buenos Aires y más de 1500 municipios, nadie puede
actuar como los gerentes y administradores de la sociedad civil, pues todos
actúan con otra lógica: la lógica política de una caja ajena.
El último día de la gestión presidencial de Cristina
Fernández, el Boletín Oficial publicó 188 páginas con una cantidad inaudita de
contrataciones, incorporaciones, prórrogas de contratos y pases a planta
permanente que aún repercuten en los gastos que ahondan el déficit fiscal.
Durante la gestión de Macri la administración nacional redujo su
dotación en alrededor de 40.000 empleados, pero las provincias y municipios la
aumentaron en 110.000. El inicio y el final de cualquier gestión es un
excelente momento para pagar favores y dejar convenientemente apostados a los
propios.
La mayor parte de los cargos jerárquicos son cooptados
por militantes o son retribución de apoyos políticos, ya sea en las
legislaturas como en las calles. Ningún superior dirá jamás que alguna
repartición a su cargo es superflua. Y solamente apuntará nombres con lápiz
rojo por razones políticas, jamás por incapacidad o falta de méritos. Los
cargos públicos son esferas de poder cuando la consigna es "ir por
todo". La eficiencia es un prurito neoliberal para desarticular
proyectos de liberación.
Las provincias tienen asegurado el mantenimiento de sus
estructuras mientras cumplan con la advertencia del venezolano Diosdado
Cabello : "El que no vota no come". Es decir, quien no
acompaña al kirchnerismo en el Congreso nacional no recibe fondos para sus
jurisdicciones. A su vez, esta perversa componenda permite que el oficialismo
logre votos para subir la presión fiscal con nuevos impuestos en lugar de
apuntar a reducir gastos. Pudiendo disminuir también los fondos para la
ciudad de Buenos Aires, perjudicando al opositor que hasta hace poco era
considerado amigo.
Es cierto que el mayor egreso del Gobierno corresponde a
la seguridad social, donde el kirchnerismo desbalanceó la proporción de
aportantes y beneficiarios al abrir las compuertas de las jubilaciones sin
aportes que le granjearon muchos votos, en lugar de utilizar la figura del
subsidio social. Pero, como en todo ajuste perverso, se comienza con quienes
carecen de sindicatos para reclamar, perjudicando más a quienes aportaron y
deben ahora sufrir el costo de aquella desmesura que colocó en pie de igualdad
a quien trabajó y aportó con el que no. Lo correcto sería restablecer la
sustentabilidad del sistema (cuatro aportantes por cada jubilado) con una
reforma profunda, que no se realizará, pues es más fácil reducir
beneficios con fórmulas opacas y complejas que evocan a Robin Hood.
La eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y
de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) también implicaría afectar a
grupos numerosos de la sociedad, carentes de organización sindical para
reclamar. En particular, la abrupta interrupción de este ingreso para pequeños
comercios y pymes que aún no funcionan a pleno y están obligados a mantener su
personal puede causar otro desastre en el ya castigado tejido social. En
contraste, nada tendrán que temer quienes anidan en organigramas
nacionales, provinciales y municipales, con títulos presuntuosos, sueldos
garantizados y acomodados en confortables sillas, cuando no son ñoquis, por más
inútiles que sean.
La reducción de subsidios económicos a la energía y el
transporte para equilibrar las cuentas fiscales requiere en simultáneo una
expansión de la economía para que la población pueda pagar los aumentos de
tarifas. Difícilmente ello ocurra en un contexto de caída de la inversión con
diáspora empresaria, por falta de confianza. Así que tampoco la autorizarán
desde el Instituto Patria. Nadie quiere pagar los costos de tan
impopulares medidas.
Mientras los organigramas no se toquen, cualquier ajuste
será asimétrico, desigual, cobarde y tramposo. La connivencia entre el gobierno
nacional y los gobernadores aliados por el manejo de la coparticipación no
augura ningún futuro feliz en materia de cuentas fiscales, emisión monetaria, presión
fiscal y endeudamiento interno. Aunque el ministro de Economía desee lo
contrario. Los organigramas se alimentan del bolsillo ciudadano.
