Cipayos: los responsables de la miseria en la Argentina

Alvaro Alsogaray, Adalbert Krieger Vasena, José Alfredo Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein, Lorenzo Sigaut, José María Dagnino Pastore, Jorge Whebe, Conrado Bauer, Carlos Guillermo Suárez Mason, Nicanor Costa Méndez, Julio Gómez, Egidio Ianella, Domingo Felipe Cavallo, Julio González del Solar, Horacio Arce, Jorge Bustamante, Adolfo Sturzeneger, Miguel Iribarne, Víctor Pogi, Jorge Berardi, Manuel Solanet, Raúl Fernández, Raúl Ducler, Ismael Alchourron, Carlos Rodríguez, Manuel Solanet, Roque Fernández, Daniel Artana, Roberto Teodoro Alemann, Juan Alemann, Pedro Pou, Juan Carlos De Pablo, Miguel Angel Broda, Carlos Melconián, Ricardo López Murphy, José Luis Machinea, Jorge Avila, Aldo Abram, Ricardo Arriazu, Mario Brodersohn, José Luis Espert, Orlando Ferreres, Miguel Kiguel, Ricardo Delgado, Daniel Marx, Roberto Eilbaum.

No por antiguos nos olvidemos de los precursores que facilitaron la histórica primer estafa con el empréstito de la Baring Brothers para Buenos Aires: los despreciables Bernardino Rivadavia y sus cómplices Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente, William y John Parish Robertson, Juan Pedro Aguirre, Manuel Arroyo y Pinedo, José María Roxas, Francisco del Sar y Romualdo José Segurola, Ignacio Núñez, Julián Segundo de Aguero, Manuel José García, Juan Cruz Varela y Valentín Alsina. Muchos no sólamente reunidos por su condición de unitarios y corruptos: algunos también fueron verdaderos asesinos, asesinos de matar o mandar a matar gente. Cuantos nombres de calles, ¿no? (*).

Y algunas de las empresas o ex-empresas, solo algunas, a las que -como dice un viejo slogan de TV- “les importa el país”... pero para saquearlo:

Acindar S.A. - Parques Interama S.A. - Induclor S.A. - Aluar S.A. - Papel Prensa S.A. – Cementos NOA - Covimet S.A. - Autopistas Urbanas - Cìa. Gral. de Combustibles S.A. - Petrolar S.A. - Petropa S.A. - Cospesa S.A. - P.T.W. Trading S.A. - Pluspetrol S.A. - Tecniagua S.A. - Banco de Crédito Argentino - Banco Italia y Río de la Plata - Banco Francés y Río de la Plata - Shell - Esso – Bridas – City Bank – Fiat Argentina – Renault Argentina – Cía. de Perforaciones Río Colorado S.A. – Papel de Tucumán – Textil Castelar - Suchard S.A. – Selva Oil – Cogasco S.A. – Pérez Companc y siguen los nombres, los directorios, las firmas… los mismos que siguen exigiendo libertad de comercio y seguridad jurídica, los mismos que chantajean a la sociedad con el empleo, los mismos que quisieran volver a la época de la esclavitud...

En un interesante trabajo de Alejandro Olmos Gaona, recientemente distribuído por Proyecto Sur con motivo del seminario sobre deuda externa del 18/12/10 en el CBC de la UBA en Martínez, Pcia. Buenos Aires, llamado "ASPECTOS HISTORICOS DE LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA", hace un racconto empezando en el siglo XIX justamente con el primer cipayo eminente del país, Bernardino Rivadavia y su negociado con la Baring Brothers, continuando hasta nuestros días repasando cifras y personeros.

Sostiene la hipotésis que los empréstitos son la llave maestra para el control económico del país desde la metrópolis y que nunca sirvieron para incentivar el desarrollo nacional pero si para estafar al pueblo argentino y engrosar los bolsillos de políticos y empresarios corruptos y hacer las delicias de la banca internacional, partícipe necesaria de la macabra fiesta. Sugiere profundizar el análisis económico del proceso de endeudamiento pero también identificar con precisión a los autores estableciendo su nivel de participación para que sean sometidos al enjuiciamiento que le corresponda, como quienes violaron los derechos humanos.

El autor es el hijo del promotor de la causa Nro. 14.467 ("Olmos, Alejandro s/denuncia por defraudación a la Administración Pública") que tramitó ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2 a cargo del Dr. Jorge Ballestero, al que mencionara la entrada "Cipayos: los economistas del establishment", que humildemente recomiendo leer por su gran relación con éste. Con estas notas y subnotas reflejaba Clarín la sentencia del juez Ballestero:

Clarín – Suplemento Zona – Domingo 13/08/2000. Por Ismael Bermúdez. Política económica

El expediente de la deuda externa
La causa de la deuda que cerró la justicia no tiene condenados. Pero la sentencia, en manos del Congreso para que determine responsabilidades políticas, es durísima: señala arbitrariedades del Estado y de los organismos internacionales de crédito.

No hay imputados ni procesados. Y la causa, iniciada en abril de 1982 por una denuncia del abogado Alejandro Olmos, fue cerrada días pasados con el sobreseimiento definitivo. No obstante, el juez federal Jorge Ballestero resolvió remitir la resolución judicial a las Cámaras del Congreso “para su consulta” a “los efectos que estimen conducentes.”

La causa que ha quedado cerrada es nada menos que la referida a la deuda externa contraída a partir de 1976, en los años de la dictadura militar durante la gestión de José Martínez de Hoz, continuada por Lorenzo Sigaut, José M. Dagnino Pastore y Jorge Whebe. En ese período el endeudamiento argentino no solo se multiplicó por cuatro –pasó de 8.948 millones en marzo de 1976 a 38.736 millones en diciembre de 1982-. También la deuda privada contraída por bancos y compañías de primer nivel, que rondaba entonces unos 15.000 millones, fue transferida al Estado en dos oportunidades, en 1981/82 y en 1985, con lo que se fueron borrando los orígenes del endeudamiento argentino.

Luego, el Estado siguió endeudándose por el peso de los intereses y por la nueva deuda. Y así superendeudado y sin reservas, el Estado pasó a vender o privatizar las empresas públicas para cancelar una deuda no propia, sino originada por los grupos privados, que el Estado hizo suya. Y aunque se “rescataron” así unos 30.000 millones en certificados de deuda y bonos públicos, la deuda no disminuyó sino que pegó un nuevo salto. Esta vez la deuda trepó de 60.000 millones en 1990 a los 150.000 millones actuales. Esta deuda, que hoy los argentinos están pagando con nuevos impuestos y ajustes, origina una carga de intereses del orden de los 10.000 millones por año.

Del expediente, de las declaraciones de ex funcionarios y peritos, y de las propias conclusiones del juez surge, entre otras cosas, que el proceso de endeudamiento estuvo signado por una “manifiesta arbitrariedad”, que los funcionarios y directivos no tuvieron reparos “en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina”, que “no se registraron muchas deudas contraídas”, que “se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales”, que se obligó a las empresas públicas a endeudarse para “sostener una política económica” y no hubo control de las deudas pagadas con avalas del Estado.

Además, para el juez, todo esto “no podía pasar desapercibido por las autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones económicas”. Y agrega que los organismos internacionales promovieron el endeudamiento argentino debido a que los bancos internacionales contaban con cuantiosos fondos que debían colocar.

Para el juez, “el archivo de la presente causa no debe resultar impedimento para que los miembros del Honorable Congreso de la Nación evalúen las consecuencias a las que se han arribado para determinar la eventual responsabilidad política que pudiera corresponder a cada uno de los actores en los sucesos que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argentino.”

En el Congreso, con las firmas entre otros de los legisladores Alfredo Allende, Alfredo Bravo, Margarita Stolbizer, Héctor Polino y Jorge Rivas, se presentó un proyecto de resolución para promover una comisión bicameral especial “para considerar, analizar e investigar las situaciones que dieron origen al aumento extraordinario de la deuda externa argentina a partir de 1976, las implicancias que esos hechos tienen sobre la legitimidad de ella y recomendar, eventualmente, la necesidad de reprogramar el pago del capital adeudado y de sus intereses, sin desmedro de reconocer las obligaciones contraídas por la Nación”.

Ya en diciembre de 1983, ante las manifiestas irregularidades en el proceso de endeudamiento, el juez federal Marín Anzoátegui había aconsejado la intervención del Congreso. El oficio judicial, comenta Alfredo Olmos en su libro “Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron”, “fue a parar al estante polvoriento de los expedientes terminados o inútiles. En 1994, a iniciativa de Alfredo Bravo, ingresó un proyecto de ley para formar una comisión bicameral de seguimiento de la deuda externa que ni siquiera fue considerado por el Parlamento.

Así las cosas, ya se cumplió un cuarto de siglo de la explosión del endeudamiento argentino iniciado con la hiperdevaluación de junio de 1975, conocida como el Rodrigazo. Muchos de los funcionarios, economistas y personajes que transitaron por el expediente judicial ocuparon y aún ocupan altas posiciones en el Estado y en la política argentina. El voluminoso expediente no es un juicio a un pasado de la historia argentina sino a un riguroso presente. Y ayudan a explicar cada pieza de esta larga cadena que parece no tener fin.

Cómo fue

De las declaraciones de los funcionarios y economistas indagados por la Justicia, de los informes de los peritos y de las pruebas documentales surge que el proceso de endeudamiento tuvo varias vertientes. El primero fue que “las empresas públicas eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central para luego ser volcadas al mercado de cambios con el objeto de sostener una política económica.” Según la Justicia, eso “se advirtió en no menos de 447 oportunidades, número mínimo de hechos que surge de sumar 423 préstamos externos concertados por YPF, 34 operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y 20 operaciones avaladas por el Tesoro Nacional que no fueron satisfechas a su vencimiento.”

De este modo, las empresas públicas, en particular YPF, se endeudaron no para financiar su giro comercial, su capital de trabajo o sus inversiones sino para que el Estado pudiese contar con dólares que aseguraran el mantenimiento de la tablita cambiaria. Por medio de esta tablita, el gobierno militar fijaba con antelación un valor del dólar bajo (sobrevalorización cambiaria), lo que aseguraba dos cosas: que los productos importados entraran al país a precios bajos y que los acreedores o los financistas extranjeros pudieran retirar los fondos que ingresaban al país sin riesgo cambiario.

Este sobreendeudamiento público se hizo a través de procedimientos irregulares, en algunos casos con actas secretas y sin tener en cuenta los compromisos a los que quedaban atadas las empresas públicas y sin estudios técnicos previos.

Un segundo mecanismo era el respaldo del Estado (avales) a los préstamos que obtenían las empresas privadas, lo que les permitía obtener en el exterior créditos a tasas de interés más bajas, justamente porque el Estado era el garante. Según los peritos que analizaron la documentación, en numerosos casos, a su vencimiento, las empresas privadas no pagaron los créditos obtenidos que debieron ser así abonados por el Estado, sin que después los funcionarios reclamaran a esas empresas el pago de los fondos. Así, “con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron obligaciones de varias empresas privadas en distintas monedas” pero, ni el Banco de la Nación Argentina ni el Banco Nacional de Desarrollo, como entidades financieras que tomaron a su cargo los aspectos operativos iniciaron actuaciones para el recupero de las sumas pagadas por el Estado”. Y mencionan la existencia de avales en el período 1976/82 “por un monto no menor a 1.405 millones de dólares y otros avales otorgados en otras 7 monedas”, con el agregado que “a la fecha de informe no se habían iniciado actuaciones judiciales ni extrajudiciales para el recupero de las sumas a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía”.

La deuda privada

El tercer mecanismo fue la “estatización de la deuda privada”, que se instrumentó a través de los seguros de cambio. Por medio de esos seguros, el Estado pagó la diferencia entre el valor del dólar en ese momento (1981) y el que se rigiese en el momento en que el deudor privado pagara la deuda, con lo que terminó asumiendo el 90 por ciento de la deuda privada que rondaba los 15 mil millones. De acuerdo a lo dictámenes, distintas circulares del Banco Central “permitieron e hicieron efectiva la transferencia al Estado de la deuda privada con seguro de cambio y operaciones de pase”. Esto ocurrió “durante la gestión de Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann, José María Dagnino Pastore y Jorge Whebe como ministros de Economía y de Julio Gómez, Egidio Ianella, Domingo Felipe Cavallo y Julio González del Solar como presidentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Horacio Arce, Jorge Bustamante, Adolfo Sturzeneger, Miguel Iribarne y Víctor Pogi, como secretarios de Coordinación y Programación Económica y subsecretarios de Economía, y Jorge Berardi, Manuel Solanet, Raúl Fernández, Raúl Ducler e Ismael Alchourrón, como subsecretarios y secretarios de Hacienda”.

Este mecanismo se completó en 1985 con la extensión del seguro de cambio a las obligaciones privadas que no lo tenían, lo que representó la absorción por parte del Estado de la mitad de la deuda privada.

Olmos incluyó en su libro un facsímil de Clarín del 2 de julio de 1985 donde bajo el título “El Estado asumió el total de la deuda externa privada” se señala que “con la disposición del Gobierno de atender con títulos oficiales o del Banco Central todos los compromisos financieros públicos y privados que venzan antes del 31 de diciembre, quedó virtualmente estatizada la deuda privada y, con ello, se le puso punto final al proceso de depuración entre las obligaciones legítimas y no legítimas que nunca fue llevado a cabo, cumpliéndose con uno de los requisitos planteados por la banca acreedora y el FMI a los negociadores argentinos”.


Los peritos también plantean por qué el endeudamiento no fue advertido por el Banco Mundial y el FMI “que hoy tan minuciosamente analizan la evolución de las cuentas macroeconómicas de la Argentina”. Y concluyen que “resulta llamativo e incomprensible la permisividad mostrada por los organismos financieros internacionales para que la Nación Argentina llegue a la situación de incapacidad para amortizar su deuda externa y pagar los intereses correspondientes”.

Cuando la Justicia desata una polémica
ROBERTO ALEMANN Economista. Ministro de Economía en 1982.
“El juez debió rechazar esta causa, no judiciable. Pero perdió tiempo, invirtió esfuerzos y gastos públicos para cerrarla con el agravante de transferírsela al Congreso, que nada tiene que ver con causas judiciales y menos con asuntos de pura notoriedad mediática como la causa de marras. El origen de la deuda externa es el déficit del sector público. La alternativa fue la emisión del Banco Central, como se la practicó hasta el extremo de la hiperinflación.”

MARIO CAFIERO Diputado Nacional PJ. Presidente Comisión Jubileo 2000.“La deuda externa es el condicionamiento político y económico más grave que enfrenta la democracia argentina. Una parte importante de esa deuda es políticamente ilegítima y fraudulenta. Mientras estábamos prisioneros de una dictadura, el país se endeudaba y se vaciaba para beneficio de muy pocos. El Congreso debe determinar las responsabilidades políticas de esta pesada herencia, para debatir y diseñar una nueva política para la deuda.”

ALFREDO ALLENDE Diputado Nacional UCR-Alianza.“Existen dos tremendismos en torno de la deuda: el que sostiene que no se puede hacer nada ni se debe hacer otra cosa que honrarla fielmente, y el que proclama que no hay que pagarla. Solo caben soluciones razonables sobre la base del pago puntual: hay que discutir el grave tema, establecer responsabilidades y meditar sobre el futuro. Creo que la vía es la comisión bicameral de investigación de la deuda que solicito junto a otros legisladores”.

CLAUDIO LOZANO Economista de la Central de Trabajadores Argentinos-CTA.“La causa de la deuda obliga a dos reflexiones. Una: en tanto el juez dice que es una cuestión política no judiciable, se ratifica la tendencia a la impunidad. Así, en nuestro país podemos conocer la verdad pero no podemos hacer justicia. Dos: exhibe la complejidad que define el endeudamiento; no implica sólo el pago de intereses, se articula con la concentración económica, la desindustrialización y la injusticia en el reparto de los ingresos”.

Pesas en el presupuesto (por Guido Braslavsky)
Cada día nacen en la Argentina unos 1.200 niños y es poco probable que alguien pueda convencerlos de las ventajas de haber llegado a este mundo con una deuda de 5.700 dòlares. Ese monto -el cálculo per cápita de la deuda externa- no se paga en forma directa en ninguna ventanilla pero cuelga como collar de plomo de un presupuesto nacional que destina su porción más importante al pago de los intereses o servicios de esta deuda en desmedro de la salud, la vivienda, la educación, o cualquier otra área ligada al desarrollo y al bienestar de la población.

El padrino de tamaña herencia, que se extiende a futuras generaciones de argentinos, es el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, acompañado de los funcionarios civiles y militares de la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983, quienes con “manifiesta arbitrariedad”, según el fallo del juez Ballestero, instrumentaron “una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país”.

La causa que permitió esta resolución se inició en abril de 1982 a través de una denuncia del periodista y abogado Alejandro Olmos contra Martínez de Hoz. En 18 años de complicado trámite la causa llegó a englobar una docena de denuncias -como las realizadas por el endeudamiento externo de YPF- y pasó sucesivamente por cinco jueces federales: Martín de Anzoátegui, Miguel del Castillo, Gustavo Weschler, María Servini de Cubría (en forma interina) y finalmente, Ballestero. Fueron citados a declarar 50 ex funcionarios de primer nivel y a los 28 cuerpos de la causa se sumaron las conclusiones de 30 peritos expertos provenientes de instituciones como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la UBA y la Academia Nacional de Ciencias Económicas. El juez Ballestero firmó la sentencia el 19 de julio. Pasó tanto tiempo que el único procesado, Martínez de Hoz, fue sobreseído por prescripción. Olmos, quien siguió con paciencia la causa por casi dos décadas, falleció el 24 de abril, a los 76 años, sin llegar a ver los resultados de su actuación.

Las declaraciones de Pino Solanas al diario Crítica Digital de fin de enero 2010: otra vez, clarísimo.

-Proyecto Sur se corrió del debate sobre si había que usar las reservas del Banco Central o no para el pago de la deuda externa y en su lugar planteó que había que investigar su origen. Desde el oficialismo y desde un sector de la oposición plantearon que esa es una discusión saldada. ¿Por qué usted cree que no? –Quienes sostienen que es un tema saldado están hablando por boca de los bancos o son cómplices de esa gigantesca estafa. El debate sobre la ilegitimidad de la deuda no está saldado. Tan poco saldado está que quieren que sigamos pagando deuda. Una parte de la deuda está siendo investigada en tres causas de la Justicia Federal Penal, en el Juzgado Federal Nº 2 de la Capital Federal, a cargo del magistrado Martínez Giorgi. Por eso es inadmisible que a través del Decreto 2.010, que lleva el hipócrita nombre de “Fondo del Bicentenario”, se quiera pagar deuda a los fondos buitres o holdouts. La deuda existe y está viva porque es un delito de acción continuada. En estos 26 años, hemos pagado algunas decenas de miles de millones de dólares de deuda indebida.

–El fallo del juez Jorge Ballestero del año 2000 en la causa Olmos concluyó que sólo una parte de la deuda era ilegítima. ¿La discusión no debería apuntar a que sólo se pague la deuda que es legítima? –No hay que realizar ningún pago a aquellos acreedores que están siendo investigados en causas de la Justicia Federal Penal. De una vez por todas el Congreso debe auditar el conjunto de toda la deuda pública. Una comisión bicameral con un plazo de seis, siete u ochos meses, con técnicos y especialistas nacionales e internacionales, lejos de cualquier sospecha de tipo política. A la vez, esa comisión investigadora debería tener la supervisión de la Corte Internacional de La Haya. Nos oponemos a que se siga pagando deuda sin una auditoría previa y hay que cancelar el pago a toda la deuda que está siendo investigada. El juez Ballestero detectó 477 defraudaciones, una sentencia que nadie cuestionó. Que las autoridades del gobierno de De la Rúa y de Néstor Kirchner no hayan acatado esa resolución es un escándalo.

–La Presidente dijo que la deuda es legítima y sostuvo que algunos hablan de ilegitimidad “como un eslogan electoral”. A su vez, el titular de la UCR, Ernesto Sanz, señaló que quienes plantean no pagar la deuda “no tienen ningún tipo de responsabilidad” y que “mientras más lejos están del poder, plantean cosas más irrazonables”. ¿Qué dice sobre eso? –Esos son los discursos funcionales a los acreedores. Todo eso es falso. Buena parte de los países del mundo investigaron sus deudas. Hoy, el Parlamento brasileño está llevando una investigación de los últimos treinta años de la deuda pública. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, que no es ningún loquito, lo primero que hizo fue investigar la deuda pública.

–¿No piensa que el gobierno de Néstor Kirchner de algún modo reconoció como ilegítima una parte de la deuda al haber hecho una quita del 75 por ciento? –Lo que los kirchneristas deberían haber hecho es acatar el fallo del juez Ballestero. ¿Qué hace un país cuando está en un pleito? Hecha mano a toda la jurisprudencia que más lo favorece, salvo los gobiernos argentinos.

–¿El desendeudamiento no ayuda a tener mayor independencia política? –La deuda no es un problema de soberanía. ¿Por qué cayó tanto el nivel de vida de los argentinos en estos veintiséis años? ¿Por qué cayó la calidad de la educación, de la salud, del sistema social, del transporte y de los servicios públicos? Porque la mayor parte de lo que acumuló la Argentina se destinó para pagar deuda. En estos veintiséis años, hemos pagado cerca de 150 mil millones de dólares, a pesar de la mentira de Néstor Kirchner, que le hizo creer al pueblo argentino que pagándole al FMI 10.500 millones de dólares en 2005 y habiendo renegociado el quite de deuda, la deuda prácticamente se había acabado. Hoy, la Argentina debe más de 200 mil millones de dólares. El oficialismo se pone en víctima y nos dice que está frente a una especie de conspiración destituyente.

Hay más y complementarias declaraciones de Pino Solanas acerca de la deuda externa en su blog-apartado "deuda externa". Y por último, la crítica del libro de María Seoane "El saqueo de la Argentina" (año 2003) en el diario Clarín-Revista Ñ, hecha nada menos que por Rogelio García Lupo, con un título muy sugestivo:

Argentinos, arriba las manos

Del endeudamiento y las privatizaciones hasta la catástrofe actual: crónica del robo a un país. Comentario de Rogelio García Lupo (**) 

ENSAYO PERIODISTICO

"EL SAQUEO DE LA ARGENTINA" de María Seoane. Exhaustiva investigación sobre cómo vaciaron el país los dueños del poder político y económico en las últimas décadas. Sudamericana. 570 páginas. $ 39

Cómo fue posible que el Estado abandonara en manos de aventureros privados la función histórica de vertebrar el país, es el tema del nuevo libro de María Seoane, "El saqueo de la Argentina". El hilo oculto que llevó a nuestro país al endeudamiento primero, a la capitalización de la deuda después y casi enseguida al pago con las empresas públicas puede seguirse a pesar de las densas cortinas de humo que a millones de argentinos les impidieron ver la catástrofe que los esperaba al final del carretel.

Es que la tragedia de los 90, escrita ahora por María Seoane ya como texto de historia, se desarrolló en un escenario artificial tan optimista que por momentos hace pensar en el entusiasmo que dominaba al pueblo alemán en las vísperas de la guerra europea. Como los buenos alemanes que no deseaban saber adónde estaban los campos de concentración, los argentinos se aturdieron durante los 90 con una promesa de prosperidad personal que aterrizó violentamente en los pantanos del mayor endeudamiento de la historia, la desocupación y el hambre de millones.

El material histórico de aquella época hoy parece tan lejano que por momentos hasta hace dudar de que se refiera a nuestro país, aunque la mayoría de sus prota gonistas están vivos y activos. Seoane, autora además de las investigaciones "La noche de los lápices", "Todo o nada", la biografía del jefe guerrillero Mario Santucho, y, junto con Vicente Muleiro, "El dictador", la biografía de Videla, ha llevado a cabo una sistemática identificación de personas y grupos económicos comprometidos en el saqueo, sobre sus vinculaciones internacionales y sus objetivos finales. De este modo logra darle carne y hueso a una reconstrucción de época cuyos responsables, ciertamente, prefieren mantener en el terreno de la discusión teórica.

El libro de María Seoane desnuda definitivamente a los sacerdotes del neoliberalismo que emplearon el discurso académico como instrumento del pillaje en gran escala y soporta una lectura al día: los constructores del sistema de negocios, coacción diplomática y corrupción lo planificaron hasta en sus detalles en el Council of Foreign Relations, un tanque de ideas "desde donde —escribe Seoane— se diseminaron las estrategias de seguridad nacional que sostuvieron el proceso de reconversión capitalista de América Latina". Esas estrategias vinculadas específicamente a la crisis de la deuda externa, encontraron entonces una fuerza de choque dispuesta a llevar a la práctica la doctrina "debt for equity", o sea el canje de deuda por activos o por acciones en las empresas públicas latinoamericanas.

Puede provocar escalofríos en estos días la lectura de los nombres de quienes inte graban aquella vanguardia dispuesta a todo para cobrarse la deuda latinoamericana, porque se cruzan inevitablemente con la primera plana de los diarios: el presidente George Bush hijo, el vicepresidente Richard Cheney, el secretario de Estado Colin Powell, la asesora de seguridad Condolezza Rice. María Seoane afirma que cuando los Estados Unidos impulsaron la democratización política de América latina, al cabo de años de respaldar dictaduras militares "no había razones morales o de espíritu republicano, sino de negocios".

Henry Kissinger lo había expresado con su concisión habitual cuando ya en 1987 había dicho que la deuda externa podía emplearse como herramienta política ya que lo verdaderamente importante en relación con América Latina era determinar "qué queremos que sean esos países dentro de veinte años" y de ninguna manera "si pueden pagar los intereses el año que viene". Faltan apenas cuatro años para que aquella profecía de 1987 encuentre su fecha crítica. A la vista de la realidad latinoamericana, Kissinger pudo haberse equivocado. O tal vez era esto que nos cuenta Seoane lo que buscaba entonces.

(*) Interpretación personal sobre Felipe Pigna en "Los mitos de la historia argentina 2"-Editorial Planeta, 2004.
(**) García Lupo es periodista. Fundó Prensa Latina junto con Gabriel García Márquez y Rodolfo Walsh, en 1959.

Desendeudamiento en la era K... ¿no fue como dijeron? Para analizarlo en profundidad y sacar conclusiones propias:

Falso desendeudamiento

El Gobierno no redujo la deuda: reemplazó a acreedores que exigen confiabilidad por aquellos dispuestos a licuar sus activos. La Nación Editorial. 05 de mayo de 2012.

La falsificación de las estadísticas en la Argentina ha producido efectos trágicos. Uno de ellos es que determinados temas no pueden ser analizados en su sustancia, ya que el Gobierno se refugia en sus números increíbles para evitar el debate de fondo. Si se reporta que la pobreza afecta al 6% de la población y que la inflación apenas se sitúa en el 9%, la discusión con el Gobierno sobre políticas públicas contra la pobreza y la inflación se vuelve imposible.

Afortunadamente, quedan en el país un puñado de estadísticas que no han sido falsificadas por el Gobierno. Las estadísticas oficiales de la deuda pública de la Nación y el balance de activos y pasivos del Banco Central conservan, por ahora, un grado de verosimilitud que permite mostrar que el mal llamado desendeudamiento es un mito más de los tantos que ha inventado esta administración.

Como suele hacer el kirchnerismo, que sitúa el inicio del mundo al de su mandato, consideremos el endeudamiento público de junio de 2003, cuando la deuda pública de la Argentina totalizaba 153.000 millones de dólares. A ellos habría que sumarles los exiguos 2000 millones de dólares en notas del Banco Central (Lebacs) para obtener el endeudamiento del consolidado del Tesoro y el Banco Central en ese período: 155.000 millones de dólares.

Los últimos datos oficiales muestran que, a septiembre de 2011, la deuda pública argentina había trepado a 175.000 millones de dólares que, si se sumaran a los 24.000 millones de endeudamiento del Banco Central mediante Lebacs y Nobacs, llevarían la deuda del Estado a 199.000 millones, muy por encima del endeudamiento vigente al inicio del ciclo kirchnerista. A las cifras reportadas de la deuda pública se les deben sumar además 11.000 millones de dólares de deuda impaga no computada en las cifras totales de endeudamiento, lo que llevaría a un total de 210.000 millones de dólares.

Estos 55.000 millones de dólares de aumento en el endeudamiento público ocurrieron aun a pesar de la promocionada quita del 70% en los canjes de deuda de 2005 y de 2010, y después de haber falsificado las estadísticas de inflación para licuar el equivalente a unos 20.000 millones de dólares en la deuda en pesos indexada por el costo de vida.

El aumento sería mucho mayor si se efectúa una estimación de los pagos que algún día la Argentina deberá realizar por los fallos no acatados, y los que surgirán en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) donde, como en otros aspectos de su relación con el mundo, la Argentina posee una situación "particular": ser el país más demandado en el mundo con 49 casos sobre un total de 184 iniciados.

Y todavía no hemos hablado de las demandas que surgirán a raíz de la estatización de YPF, de las AFJP que nunca fueron indemnizadas, ni de las sentencias favorables a los jubilados cajoneadas por la Anses a la espera de que fallezcan los demandantes. Simplemente utilizando las cifras oficiales de la deuda reportada, y de la que se encuentra en situación de impago, la deuda ha crecido desde 155.000 millones de dólares hasta 210.000 millones, entre 2003 y 2011.

Aparentemente, lo que el Gobierno ha decidido llamar "desendeudamiento" es simplemente el cambio sustantivo que se ha producido en los acreedores del Gobierno. Al pagarle al FMI lo hizo mediante la emisión de Lebacs del Banco Central con las que el ente monetario adquirió las reservas internacionales. Y, luego, para hacerse de ellas el Tesoro canjeó los dólares contantes y sonantes al Banco Central por papelitos de colores a pagar a largo plazo y con tasas de interés cercanas a cero.

También, al estatizar las AFJP, el Gobierno traspasó sus deudas con esas instituciones a las arcas de la Anses, que ahora dócilmente renueva los vencimientos de la deuda con papeles que rinden tasas de interés inferiores a las del mercado.

El desendeudamiento es otro componente del ridículo relato kirchnerista. El desendeudamiento al que se refiere el Gobierno no es la reducción de la deuda; es el reemplazo de acreedores que exigen información confiable y tasas de interés de mercado por acreedores dispuestos a ver licuados sus activos. Aunque ello conlleve la destrucción del balance del Banco Central o la licuación de los ahorros de los jubilados. Una prueba más de que para este Gobierno no hay límites legales ni morales en la construcción del poder absoluto.

Más info sobre el tema en este blog:

Cipayos: economistas del establishment al paredón
Deuda externa y club de París