sábado, 22 de marzo de 2014

Juez Oyarbide: verguenza nacional



La malicia y la hijaputez del juez Norberto Oyarbide ya resultan indiscutibles. Su personaje es una verguenza para el país. Un dañino que se cree superior a los demás, vive de ellos y solo es una rata. Cuanta hipocresía alrededor, también: muchos cínicos o indolentes suelen repetirnos que cualquiera tiene derecho a preservar su vida privada, olvidando que la de los magistrados debe ser coherente con la alta responsabilidad que la sociedad les confiere. Este tipo está totalmente desequilibrado y aún así tiene en sus manos la justicia de miles de ciudadanos. A quienes eso sostienen -por hijaputez o por ignorancia- me gustaría preguntarles si desearían que sus derechos o los de sus hijos sean juzgados por este inescrupuloso, que ha transitado prostíbulos vestido de soldado romano y protege delincuentes que le pagan mensualidades. 

No le preguntaría a la presidente Cristina Kirchner, a los funcionarios de su gobierno y a los políticos funcionales a esta decadencia republicana porqué aún lo sostienen: lo entiendo perfectamente, están construyendo la impunidad que proteja su propio futuro, después de haberles robado el futuro a los pobres de la Argentina. Pero sí le preguntaría a los militantes de La Cámpora -y a quienes votaron a los Kirchner en general- que cuestión ética sostienen para proteger a Oyarbide de un nuevo juicio político o lo sostienen en el poder.  No tienen verguenza. Horanosaurus.

PD: Gils Carbó, Freiler, Justicia Legítima y siguen las firmas. Con estos inescrupulosos nuestro país no tiene futuro. Como unos perfectos idiotas, los argentinos le seguimos pagando su jubilación. La clase política inepta que  nos representa no hizo nada para castigar al ex-juez corrupto.

Oyarbide: como en “Sodoma y Gomorra”

Por Elisa Carrió. Buenos Aires, 17 de marzo de 2014. Oyarbide es un juez menemista a ultranza, designado, protegido e instrumento de lo peor de la policía federal: manejo de prostíbulos, coimas, aprietes en la city etc. 

"En el año 1997, es decir hace casi 16 años, le pedí juicio político por cohecho agravado en un expediente donde estaba comprobado que Garbellano, pedía coimas a nombre del juez. Fue tal el escándalo que logramos que la cámara de diputados lo acusara por unanimidad y me designaran acusadora ante el Senado, pero la influencia decisiva del entonces senador Corach, ministro del interior y después jefe de gabinete, en los medios hizo que ningún periodista o canal, siguiera el proceso ante el Senado. Hay que entender que los funcionarios a cargo de la seguridad, en ese tiempo, Ministerio del Interior o Jefatura de Gabinete, recibían una porción de dinero de una parte de la Policía Federal, en ese tiempo era un señor comisario de apellido Rosa, al que el senador Pichetto defendía con uñas y dientes. Cuando me enfrenté con Oyarbide en el senado, sin que ningún senador asistiera (oficialista u opositor), Oyarbide con un rosario en la mano me aseguraba que confiaba en Dios y que iba a ser absuelto. En realidad no se trataba de Dios, sino del senador Corach, que logró que todo el PJ lo protegiera para que éste no delatara que el dinero que conseguían a través de las extorciones, también era repartido con la Policía federal y el poder de turno. 

Ahora el camporismo paró la avanzada porque si Oyarbide habla, caen todos. A tal punto esto es así que el señor juez, con el que tengo una enemistad manifiesta, se motorizaba hace un tiempo en un auto concedido por el ministro Aníbal Fernandez. Ojala que San Miguel Arcangel, lo haga hablar.

La señora Kirchner es cómplice absoluta porque en el año 97 despotricaba contra Oyarbide, eso era su época de transparencia y republicanismo, pero cuando Oyarbiede empezó a darles impunidad por el enriquecimiento ilícito, obvio, lo protegió, tanto como su marido. 

Hoy no tengo interés en sumarme a la lista de acusadores y lo que me maravilla es que haya tantos! Gracias a Dios dejo de ser denunciante y miro riéndome, como en “Sodoma y Gomorra”, todos terminan embarrándose. Esto me da tiempo para pensar en la reconstrucción de la Argentina, cuando los delincuentes uno a uno caigan al precipicio de sus propias inconductas. 

Es cierto que el Senado usó la caída de las torres gemelas para absolverlo de culpa y cargo, pero también en cierto que en ese tiempo ni políticos ni periodistas querían ocuparse ni entrometerse con la famosa Policía Federal y Corach, salvo una honorable excepción: Daniel Santoro (periodista).

Triste papel el de los chicos de la Cámpora, teniendo que defender a un ostentoso delincuente impune; que sus conciencias se lo demanden. Seguramente Greppi tiene mucho que esconder y que lavar. Y está bien que llore Zannini, porque se abrió un agujero grande profundo en sus propios negocios oscuros.  Es gracioso, en el kirchnerismo, lloran en público y roban en privado.

Las graves irregularidades denunciadas por la Sala I de la Cámara Federal provocan sospechas sobre los verdaderos propósitos del juez federal. Editorial, La Nación 08/11/13.


Su Señoría, apto para todo servicio


Por Jorge Lanata. Clarín 15/03/14. La escena transcurre en Bice, un restaurant fundado en Milán en 1926, que ya lleva veinte años en Puerto Madero. El grupo de periodistas no superaba las diez personas, con algunas caras conocidas: gente de la radio y la televisión. El restaurant hizo un breve silencio cuando entraron buscando su mesa. Cuando, a los pocos minutos, entró el juez con su pareja, pasó inadvertido (....)

Si estas no son coimas, ¿las coimas dónde están?

Clarín 15/03/14. Por Ricardo Roa. ¿Es tanto y tan grande lo que le deben o tienen que ocultar que no pueden dejar que el nuevo escándalo de Oyarbide sea investigado como Dios manda? La que salió a la luz esta semana es otra historia de coimas con tres personajes. El propio juez y dos desconocidos: Liuzzi, mano derecha de la mano derecha de Cristina Kirchner (Zannini), y Greppi, quien se presentacomo dueño de una mutual, aunque las mutuales no tienen dueño, con nombre de remedio o de ONG: Propyme, que manejaba y maneja una montaña de plata (....)




Una biografía judicial

El nuevo libro del periodista Daniel Santoro ("Sr. Juez") se centra en la discutida figura del juez Norberto Oyarbide. Por Hugo Alconada Mon. ADN La Nación 06/05/11.

"Es inevitable que haya escándalos; pero ¡ay de quien los provoca!" La máxima, del 21 de abril de 1997, no podría cuadrar mejor con su autor, Norberto Oyarbide, acaso el juez más conocido del país y, sin duda, el que arrastra más escándalos, videos explosivos y denuncias en su contra durante los últimos 15 años. Sobreviviente de mil batallas -siempre gracias al poder político de turno a cambio de posteriores favores judiciales incofesables-, Oyarbide ejemplifica cuán surrealista puede ser el Poder Judicial argentino, donde tantas veces valen más los contactos y el dinero que cualquier ideario de justicia.

Daniel Santoro así lo expone en “Sr. Juez. Una biografía judicial de Norberto Oyarbide”. Con un ritmo ágil y preciso, el laureado editor y periodista de investigación del diario Clarín relata los orígenes humildes del "señor juez", su paulatino ascenso en los tribunales y sus oscuras alianzas con proxenetas, policías, políticos y espías para amasar dinero, contactos y poder. En suma, impunidad. Santoro lo logra tras sortear un escollo considerable a la hora de redactar la biografía de Oyarbide, como es su homosexualidad, lo que podría haberle reportado acusaciones de homofobia. Pero no es el caso del autor, que disipa ese riesgo al repudiar toda visión "cavernícola" al respecto, como calificó el comentario denigrante vertido por un ex funcionario de los años 90. Para eso, Santoro también se apoya en las palabras y las acciones de Oyarbide, quien varias veces expuso a la luz lo más íntimo de su vida privada y, a diferencia de la mayoría de sus colegas, se ubicó a sí mismo en situaciones de extrema debilidad y dependencia de terceros que luego cobraron sus favores en su juzgado de Comodoro Py.

El libro permite conocer detalles desconocidos u olvidados de su trayectoria. Entre ellos, cómo dio protección a cambio de dinero, según testimonios judiciales, a varios proxenetas desde que era secretario de un juzgado correccional en el que tramitaban las investigaciones que los afectaban. O cómo amenazó en público al recepcionista de un restaurante. O de cómo lo salvaron los senadores justicialistas del juicio político la noche del 11 de septiembre de 2001, mientras el resto del mundo contemplaba azorado los restos humeantes de las Torres Gemelas.

Apadrinado por la Policía Federal, impulsado por Jorge y Hugo Anzorreguy -este último, jefe de la SIDE durante el menemismo-, y protegido una y otra vez por el menemismo y el kirchnerismo en los 43 juicios políticos iniciados en su contra, el libro muestra cómo la trayectoria de Oyarbide se opone de manera dramática a la dignidad del entonces fiscal general Norberto Quantín, que combatió desde la institución contra la corrupción judicial.

Santoro aprovecha ese contraste entre Oyarbide y Quantín y sus colaboradores -conocidos como "los centauros"- para potenciar su relato. Y lo logra, con creces. Como cuando desnuda las dos velocidades que, una y otra vez, el juez le imprime a sus pesquisas, según le convenga a ciertos intereses u operadores, como el auditor general de la AGN, Javier Fernández.

Acaso la "biografía judicial" de Oyarbide pudo ahondar más sobre una de sus facetas más censurables: su notoria evolución patrimonial. Santoro avanza por esa senda, pero no termina de profundizar, más allá de rescatar testimonios valiosos, como el del dueño de Spartacus, que acusó al juez de cobrar no menos de 40.000 dólares por mes de distintos proxenetas, además de otros 250.000 dólares del dueño del Hard Rock Café de Recoleta. Testimonio que concluyó, vale aclarar, en otra vía muerta judicial.

Respetado por su enorme capacidad de trabajo y querido por su equipo, Santoro también cita a un camarista que destaca la "excelente" labor de Oyarbide cuando se trata de expedientes "comunes" o de drogas. "El problema para él es el diez por ciento de las causas que involucran a gobiernos. Ahí está su talón de Aquiles", planteó su superior. En rigor, ése es el flanco débil de la mayoría de los jueces y fiscales que trabaja en Comodoro Py. Es una debilidad sistémica de la Justicia argentina. La única diferencia es que esa mayoría es menos llamativa, más silenciosa -más hipócrita- que Oyarbide, pero también menos vulnerable.

"Oyarbide -evaluó Quantín ante la consulta para el libro- es parte de un sistema perverso que funciona entre jueces y políticos que se van debiendo favores recíprocos y eso evita, a la larga que se haga justicia." Eso, en suma, es lo que Santoro deja en evidencia. Oyarbide es apenas el ejemplo más manifiesto de ese sistema.

PD: el chiste "Oyar-bidet" es de un blog de Perfil.com cuyo link no pude ya encontrar para citar.

BONUS TRACK 1

Un juez que se aferró al sillón

Clarín 27/02/16. Por Nicolás Pizzi.

En diciembre, anunció con bombos y platillos que se iba para esquivar la catarata de denuncias en el Consejo de la Magistratura. Hábil como pocos, Oyarbide se anticipó al nuevo gobierno, que pretendía sacarlo como una señal positiva para “depurar” el fuero federal. Mauricio Macri nunca le va a perdonar el procesamiento por las escuchas. Luego de escuchar a los emisarios del juez, el Gobierno le aprobó la jubilación de manera exprés. Pero la feria judicial de enero lo hizo reflexionar. Ahora Oyarbide se aferró al sillón. Y trata de mandar señales para ganar tiempo. La primera fue el procesamiento de Amado Boudou por el caso de dádivas. El fallo sorprendió mucho al ex vicepresidente, que sigue mascullando bronca. “Gordo, quedate tranquilo que en esta (causa) te saco bien”, le dijo Oyarbide el día que le tomó la indagatoria. En el Gobierno todavía esperan una señal positiva del excéntrico magistrado. La sensación en Comodoro Py es bien distinta: “Se dio cuenta que no renuncia nadie y ahora está tratando de sumar puntos para quedarse”, razonó uno de sus colegas que no lo quiere. ¿Aguantará?



El miedo del magistrado a su destitución lo obligó a presentar la renuncia, que el Gobierno no tendría que aceptarle para que continúe su enjuiciamiento. Editorial La Nación 09/04/16.

El tristemente famoso juez federal Norberto Oyarbide ha presentado su renuncia para acogerse a la jubilación. Obviamente, lo hizo por miedo a que prosperara el fundado juicio político que se le sustanciaba en el Consejo de la Magistratura por haber interrumpido un allanamiento a pedido del anterior gobierno.

Como hemos afirmado en esta columna en más de una oportunidad, es de lamentar que el presidente de la Nación, según se informó ayer, le aceptaría la renuncia, con lo cual cesa el juicio político y el juez se irá tranquilamente a su casa en vez de ser destituido por mal desempeño.

Si bien hay varios jueces federales cuestionables, ninguno alcanzó, hasta ahora, los niveles de abyección a los que llegó Oyarbide, hasta convertirse en la patética caricatura de lo que debe ser un juez. Algo similar expresó ayer el ministro de Justicia al sostener que este magistrado fue "funcional" a todos los gobiernos.

Esa funcionalidad le permitió escapar de más de 40 pedidos de juicio político, algunos en estado avanzado y en los cuales las pruebas en su contra por mal desempeño eran apabullantes. Así, los senadores menemistas aprovecharon la caída de las Torres Gemelas de Nueva York para arrojarle el salvavidas.

Tras virar al kirchnerismo, éste retribuyó los favores del juez maniobrando en su beneficio en el Consejo de la Magistratura. Protección a cambio de impunidad , tanto para el juez como para los Kirchner.

Si el Poder Ejecutivo acepta la renuncia de Oyarbide, es cierto que al fin se logrará lo que varios defensores de la Justicia han tratado hasta ahora en vano: que cese como juez federal. Desgraciadamente, como dijimos, el costo será que Oyarbide habrá evitado su potencial remoción y conservará una jubilación magnífica, que poquísimos argentinos reciben. Se habrá burlado una vez más de la ley y de la ética judicial. Se reirá de todos los ciudadanos y será un pésimo ejemplo para todos los corruptos, empezando por muchos de sus pares.

Si, en cambio, el Poder Ejecutivo rechaza la renuncia de este pésimo magistrado, seguirá de-sempeñando el cargo, con todo lo malo que eso implica, y sólo la sana y creciente ola de presión ciudadana podría asegurar que el Consejo de la Magistratura pueda reunir los nueve votos que se necesitan para someterlo a juicio político y que el tribunal de enjuiciamiento en definitiva lo condene a ser removido.

Es un dilema extremadamente difícil, entre dos opciones que tienen aspectos malos, buenos y riesgos inevitables, pero en éste y otros casos similares siempre hemos sostenido que no debe aceptarse la renuncia. Entre otras razones, por el nefasto antecedente que se establece.

No hay que olvidar que el propio presidente Mauricio Macri fue una de las víctimas de Oyarbide, que instruyó la muy cuestionada causa en la que fue procesado por interceptaciones telefónicas, aunque recientemente fue sobreseído.

En ninguna circunstancia debiera aceptarse la renuncia de este escandaloso magistrado. Es muy difícil que ese gesto no sea entendido como otro impulso para consagrar la impunidad. De aceptarla, el Poder Ejecutivo debería ordenar una profunda investigación para definir si Oyarbide ha cometido delitos y, de ser así, lo denuncie judicialmente para que su conducta sea sometida a un profundo escrutinio, porque la renuncia no protege al juez de sus eventuales responsabilidades penales y, si existieron, es obligación del gobierno y del Ministerio Público demostrar a la Argentina que los delincuentes, sean quienes fueren, están bajo el imperio de la ley y no sobre ella.

Lamentablemente, quienes tendrían que juzgarlo son sus mismos pares, que hasta ahora lo han protegido. Varios jueces de primera instancia de la justicia federal penal de la Capital han sabido protegerse entre sí, elaborando y ejecutando varias estratagemas legales. Entre éstas estuvo la de denunciarse para luego absolverse entre ellos mismos, intentando borrar con el principio de la cosa juzgada sus oscuros procederes del pasado.

El ocaso de Oyarbide debería marcar el comienzo de una etapa de profundo cambio en la justicia federal.

Los idiotas festejan al dañino después de su renuncia.


BONUS TRACK 2: Freiler, otro aprendiz de rata-humana...



El juicio político a un magistrado que se ha caracterizado por su escandalosa arbitrariedad y su inexplicado enriquecimiento debe concluir con su remoción. Editorial La Nación 20/09/19.

Aunque debería causar gracia, lo cierto es que indigna la reacción del camarista federal Eduardo Freiler luego de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, para su sometimiento a un juicio político que tendría que haber comenzado hace mucho y concluido con su remoción debido a su enriquecimiento injustificado.

El magistrado consideró que esas medidas, adoptadas por el Consejo cuando el bloque opositor se vio impedido de contar con el voto del consejero Ruperto Godoy en virtud de un pronunciamiento judicial que lo excluyó de ese cuerpo por no contar con el título de abogado, las impulsó el Presidente y que constituyen "un disciplinamiento para los jueces" y algo "muy preocupante para la democracia".

Resulta inconcebible que justamente uno de los más connotados representantes de un sector del Poder Judicial adicto al kirchnerismo se queje de un supuesto "disciplinamiento" de los jueces, cuando fue ese régimen el que llevó esa práctica a un extremo nunca visto, como cuando intentó imponer una reforma en el Consejo de la Magistratura para poder manejar ese organismo a su antojo o mediante la ley de subrogancias dirigida a poner a dedo jueces afines en juzgados sensibles, iniciativas ambas que afortunadamente fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. Si hay alguien en la justicia federal que sabe en qué consiste el disciplinamiento judicial es precisamente Freiler.

Que el oficialismo en el Consejo de la Magistratura aprovechara en un plenario su mayoría circunstancial derivada de la demora en la jura de un nuevo consejero para reemplazar al removido por la Justicia no es susceptible de reproche legal alguno, y pudo haber sido anticipado por la oposición en el Consejo de haber actuado con diligencia, de manera tal que no puede calificarse como una irregularidad, y mucho menos como un delito, como también pretendió Freiler al sostener que intentará que se declare nula la sesión y se inicie una causa penal a los consejeros que votaron en su contra.

De hecho, en la primera sesión del Consejo posterior a la que decidió su enjuiciamiento y suspensión, se aprobó el acta del plenario anterior con nueve votos, incluyendo el de un consejero opositor y la abstención del senador Juan Mario Pais, que reemplazó al excluido Godoy, y que además no formuló objeción alguna por no haber podido participar de dicha sesión.

La que, en cambio, merece un severo reproche fue la actitud obstruccionista que le permitió durante demasiado tiempo al kirchnerismo valerse de sus consejeros afines en el Consejo para salvar al insalvable Freiler, pese a las demoledoras evidencias de su enriquecimiento ilícito y su mal desempeño. Se buscó así por todos los medios tratar de salvarlo no por lo que valía como juez, sino como fiel soldado del kirchnerismo, en un claro mensaje dirigido a intentar por este medio ejercer el disciplinamiento de otros jueces.

Como integrante de la Cámara Federal, ese magistrado prestó su firma para sacar de ese fuero el caso Skanska, que tanto comprometía al anterior gobierno. Más que un juez, Freiler ha sido un operador caracterizado por sus escandalosas y arbitrarias resoluciones, y sobre él pesa, además, una fuerte acusación de enriquecimiento ilícito en una causa en la que fue descaradamente beneficiado por sus pares. El juez no pudo justificar su patrimonio, que incluye caballos de carrera, campos, una mansión en Olivos, un departamento en Pinamar, automóviles de colección, un yate y una financiera en sociedad con Carla Lago, ex esposa de Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo. En fuentes judiciales, Alfredo Lijo es considerado el principal gestor judicial del ex ministro Julio De Vido en los tribunales federales.

En la causa por enriquecimiento ilícito actuó el fiscal Ramiro González, integrante de la cátedra de Freiler. Sin disponer peritajes, el juez Marcelo Martínez de Giorgi lo sobreseyó. La esposa de Martínez de Giorgi, Ana María Juan, es secretaria en la sala de la Cámara Federal de Freiler. Su marido y el fiscal González tendrían que haberse excusado.

Y ahora, aunque cueste creerlo, el abogado Ricardo Monner Sans, que fue el denunciante en aquella causa que tan disciplinadamente manejaron Martínez de Giorgi y González, puso al descubierto que ese dúo actuó de nuevo en otra causa contra Freiler que promovió el propio Monner Sans, cuando también deberían haberse excusado. Todo sea por Freiler.

Pero lo cierto es que el juicio político ya comenzó y Freiler ha presentado su descargo y ofrecido sus pruebas y sus testigos ante el jurado de enjuiciamiento para intentar refutar las apabullantes pruebas en su contra, que giran en torno de las graves inconsistencias en sus declaraciones juradas, que no permiten justificar con sus ingresos como juez su ostentoso nivel de vida y la adquisición de los bienes muebles e inmuebles mencionados.

Como una muestra de su desparpajo, en su primer descargo ante el Consejo no vaciló en tratar de justificar la compra del lujoso inmueble en Olivos a un precio que no guarda relación alguna con su valor de mercado, aduciendo que había hecho "un buen negocio" al sacar provecho de la difícil situación de la parte vendedora.

También intentó explicar el incumplimiento de sus obligaciones tributarias por elevados montos con el insólito argumento de que tenía el derecho a "priorizar el destino de sus ingresos, relegando eventualmente al fisco y favoreciendo a otros acreedores u otras erogaciones, suntuarias o no", en un inconcebible ejemplo de desvío de conducta de parte de un magistrado hacia los contribuyentes que con esfuerzo cumplen puntualmente con sus obligaciones frente al fisco. Es por todas estas razones que se le reprochan inhabilidad moral y conducta impropia de un juez como causales del mal desempeño que habilita su remoción.

Por si todo lo anterior fuera poco, cabe traer a colación que, en forma paralela al tribunal de enjuiciamiento ya en funciones, se está instruyendo en el Consejo la investigación de tres denuncias más contra Freiler, de las cuales vale destacar una por haber participado de varias carreras de autos de colección, participación con elevados gastos que habrían sido costeados por una empresa que afronta diversos reclamos de la AFIP por incumplimientos tributarios y emisión de facturas apócrifas, y una segunda por haber adquirido un auto con doce cheques de un empresario beneficiado en una causa de narcolavado en la que intervino el propio juez Freiler.

Como dijo un integrante del Consejo, "si Freiler no tiene nada que ocultar, ¿por qué tanto temor y tantas protestas por el juicio político?".

Los jueces tienen un poder inmenso. Deciden sobre la libertad, el patrimonio y el buen nombre y honor de los ciudadanos. Cuando ese enorme poder no se emplea para hacer justicia, sino para encubrir a los padrinos políticos del juez, éste se vuelve sumamente peligroso debido a su incalculable capacidad de daño.


El descreimiento que sufre la Justicia obedece, en buena medida, a jueces como Freiler. Es de esperar que el tribunal de enjuiciamiento haga su tarea y que la sociedad que asiste expectante al desarrollo de este escandaloso caso pueda comprobar que cuando un juez deshonra el cargo que le ha sido conferido existe un sistema con aptitud para removerlo, que es además una forma de defender la actuación de los buenos jueces, que son los más y que a diario prestigian la judicatura con su correcto desempeño.

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